David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- El 29 de enero de 1985 se emitió el decreto de creación y desde entonces parece que no ha pasado el tiempo. Voltear hacia él es un viaje al pasado, como una imagen congelada y alejada del fin para el que nació. La era de la digitalización solo le llegó de membrete; prácticamente en bancarrota y envuelto en una Estafa Maestra que se usa como pretexto para la incapacidad de su rescate.
¿Por qué las notas que manejan (en sus noticieros) no son objetivas?, lanzó como primera pregunta proveniente de las redes sociales a la ponente el diputado, Alberto Batun Chulim. La respuesta solo fue: hay pluralidad. Luego se sintió más la tensión y nerviosismo, los seis refuerzos oficiales se acomodaron en sus asientos.
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El cuestionamiento inicial sirvió para que la diputada Fernanda Trejo Quijano fuera incómoda con sus cinco preguntas, por cierto bien elaboradas, como si hubiesen sido planeadas por alguien conocedor del tema. Llegaron vía celular.
Por las respuestas se conoció que se tiene un presupuesto de 90 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019 y que cerca del 85 por ciento se va a servicios personales (nómina), además de que se pagan más de cinco millones de pesos en servicios profesionales (publicidad) anualmente, fundamentalmente para contratación de empresas para dar cobertura en señal a todo el estado, ello sin contar los 250 mil pesos de gastos por señal de satélite y más de cuatro millones de pesos por servicios generales.
Hay cinco millones de ingresos propios que no se explicaron claramente adónde van a parar y se responsabilizó a los más de 100 trabajadores sindicalizados del rezago existente, pues se dio a conocer que solo trabajan siete horas y se retiran, aunque en el lugar se labora hasta las 10 de la noche.
Esta situación ha llevado a una serie de pleitos, incluso personales por maltrato laboral, con el liderazgo sindical que fue reconocido y que según ha quedado en buenos términos, aunque está vigente un pleito laboral ante los tribunales respectivos. La cara de los diputados de asombro, con las sorpresivas respuestas.
El legislador Eduardo Martínez Arcila, quien bostezó por lo menos tres veces a lo largo de la comparecencia, propuso programas con fines educativos para recuperar parte de la función social y fue el único que defendió a la ponente al señalar que el golpeteo político ya no forma parte del sistema que hoy se cuestionó.
Aunque no era su intención, generó “complicaciones” al preguntar sobre la medición de audiencia. Todos se vieron las caras y la respuesta fue que no había ningún estudio al respecto, lo único que se sabe es que la radio sigue siendo la preferida de la población; “También estamos en la redes”, se agregó afanosamente.
A la serie de preguntas se sumó el congresista José de la Peña Ruiz de Chávez, quien retomó el tema tecnológico al preguntar por qué solo 62 mil pesos se tuvo este año para inversión para ese rubro y la respuesta fue que era lo único que se otorgó de presupuesto; sirvió para la compra de una computadora y una cámara fotográfica.
Además hay cartera vencida de poco más de 500 mil pesos del 2018; se tuvo que pedir donativo a un empresario de Felipe Carrillo Puerto para cambio de cableado y se siguen pagando 35 celulares de 70 que se cubrían desde el inicio de la administración. La justificación es que se utiliza para reporteros y trabajadores operativos.
La Estafa Maestra por la malversación de alrededor de 800 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solo se tocó de forma superficial, se evadió al tal grado que sólo se señaló que es un proceso de investigación que solo compete a las autoridades judiciales, pero que tuvo serias afectaciones.
El morenista Batun Chulim regresó para poner en jaque otra vez a la compareciente al cuestionar directamente cuánto se paga a Óscar Cadena y por cuál concepto, los refuerzos inmediatamente comenzaron a buscar las cantidades en los cerros de documentos que llevaron de apoyo y dijeron que la cantidad es de 348 mil pesos mensuales, lo que se traduce a cuatro millones 176 mil pesos al año.
El concepto es por arrendamiento de equipo y trabajos de diseño, para la transmisión de la programación en Cancún; ante la falta de insumos y recursos, dijeron, se tiene que contratar este servicio.
Las legisladoras Judith Rodríguez Herrera y Linda Saray Cobos, hicieron comentarios y preguntas sencillas: llegaron a más de la mitad de la reunión.
La intensidad de las preguntas vinieron después de una lenta comparecencia de la titular del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Martha Silva Martínez, quien en su exposición tuvo un tono del pasado, al inicio de este medio oficial, cuando fungió como conductora de noticias leyendo un telepromter.
Durante 40 minutos habló de avances en el canal, incluso de la supuesta modernización de la barra programática, mientras en los monitores dispuestos en el salón de comisiones Constituyentes del 74, pasaban imágenes de programas que rescató como Plaza Sésamo y del payaso “Marioneto”, figura infantil de los noventa del siglo pasado.
La comparecencia duró aproximadamente dos horas y media, pero la transmisión en vivo en redes sociales solo fue de una hora, al caerse “casualmente” la señal del Congreso del Estado; se restableció cuando Martínez Arcila realizaba sus preguntas.
Hasta las dos cámaras que se utilizó el SQCS para grabar la comparecencia daban mucho que desear. En el gobierno de Roberto Borge, este medio de comunicación oficial fue conocido como 7 Más; ahora está bajo el nombre de Canal 4.1. Algunos reporteros del Sistema prefieren utilizar su propio equipo que estar batallando con las herramientas de trabajo que les proporcionan.
Desde su nombramiento el 5 de octubre de 2017, Silva Martínez fue seriamente cuestionada por no cubrir con el perfil para el cargo, tales señalamientos arreciaron porque su hijo, el hoy prominente empresario Luis García Silva, fungió también como director. Los resultados de los trabajos a favor de este medio oficial, creado en 1985, saltan a la vista.
La segunda comparecencia del día, del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas y las Comunidades Indígenas (Inmaya), se pospuso para el 22 de octubre, con horario por definir.
