Estados Unidos implementa un protocolo que fuerza a extranjeros con visas temporales a abandonar el país para solicitar la residencia permanente. Esta medida del USCIS, efectiva a partir de ahora, modifica drásticamente el proceso de obtención de la green card, afectando a cientos de miles anualmente y buscando reducir la inmigración legal.
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La directriz que redefine el camino a la residencia permanente
La administración estadounidense ha modificado el proceso para la obtención de la residencia permanente, exigiendo a los extranjeros que se encuentren temporalmente en el país regresar a su nación de origen para presentar su solicitud. Esta directriz, comunicada por Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), establece que la salida del territorio es mandatoria, salvo en circunstancias extraordinarias que aún no se han detallado completamente.
La medida tiene el potencial de impactar a cientos de miles de individuos cada año, y se proyecta como un factor que podría intensificar la disminución de la inmigración legal. Este endurecimiento se inscribe en el marco de una política migratoria más restrictiva impulsada por el presidente Donald Trump. La incertidumbre en torno a la implementación precisa de esta política ha generado una demanda urgente de información entre los residentes temporales y la comunidad legal especializada en inmigración.
Cómo el nuevo requisito modifica las operaciones gubernamentales
Elizabeth Goss, una abogada de inmigración de Boston, ha señalado que el nuevo requisito, según los pormenores de su ejecución, tiene la capacidad de “cambiar la forma en que opera el gobierno”. Desde su perspectiva, esta medida representa “otra manera de obligar a la gente a irse” del país, consolidando una tendencia hacia la restricción del flujo migratorio. Su despacho ha experimentado un incremento significativo en las consultas de interesados, reflejo de la preocupación generalizada.
Quiénes enfrentan la obligatoriedad de partida y sus excepciones
Las nuevas disposiciones se extienden a cualquier extranjero que haya ingresado a Estados Unidos bajo una visa temporal de no inmigrante. Esto incluye un amplio espectro de categorías, tales como estudiantes, trabajadores con visas H-1B o L, y visitantes temporales. Anualmente, Estados Unidos concede aproximadamente un millón de tarjetas de residencia permanente. Es importante señalar que alrededor de la mitad de estas tarjetas se otorgan a familiares extranjeros patrocinados por ciudadanos estadounidenses, y estas solicitudes, tradicionalmente, ya se procesaban fuera del territorio estadounidense.
Un memorando interno, que pormenoriza este cambio de política, ha sido distribuido entre los empleados del USCIS responsables de evaluar las solicitudes de residencia permanente. Este documento indica la posibilidad de aplicar ciertas excepciones, aunque la definición específica de estas “circunstancias extraordinarias” aún no ha sido divulgada públicamente. Esta flexibilidad implícita genera expectativas sobre criterios que podrían atenuar la rigidez del nuevo requisito.
Criterios de evaluación: qué sopesa el USCIS en las solicitudes
El memorando enviado a los empleados del USCIS detalla las directrices para la evaluación de las solicitudes de residencia permanente. Se instruye a los funcionarios a “considerar y sopesar todas las pruebas pertinentes del expediente, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias para determinar si el extranjero reúne los requisitos para la residencia permanente”. Esta indicación sugiere un enfoque holístico que evaluará cada caso de manera individualizada, aunque dentro del nuevo marco de exigir la salida del país.
Una nota a pie de página en el documento del USCIS destaca un patrón recurrente: los extranjeros que solicitan la residencia permanente a menudo lo hacen después de haber excedido el período de estancia permitido por su visa. El USCIS también ha expresado preocupación por individuos que “violan los términos y condiciones de su admisión o libertad condicional mediante empleos ilegales u otras actividades incompatibles” con su ingreso al país. Estas observaciones sugieren un escrutinio más riguroso de la conducta migratoria previa del solicitante.
El alcance de la represión: estrategias para limitar la inmigración legal
Desde enero de 2025, la administración Trump ha intensificado las acciones contra los migrantes. Cientos de miles han sido arrestados, incluyendo solicitantes de asilo con procesos pendientes en el sistema judicial de inmigración del Departamento de Justicia. Adicionalmente, se ha procedido a la deportación de cientos de miles de personas. Estas acciones han coincidido con una disminución marcada en los cruces fronterizos ilegales, un objetivo explícito de la política migratoria actual.
La estrategia de endurecimiento no se ha limitado a la inmigración irregular, sino que se ha extendido al ámbito de la inmigración legal. La administración ha implementado diversas medidas dirigidas a finalizar las protecciones humanitarias para más de un millón de extranjeros. Al mismo tiempo, se han reforzado las normativas y los criterios del programa H-1B, un visado altamente demandado para trabajadores especializados. David Leopold, abogado de inmigración en Cleveland y socio de Thompson Hine, interpreta la nueva política como un esfuerzo adicional para frenar la inmigración legal en Estados Unidos. Se anticipa la presentación de demandas legales en respuesta a esta medida, pero la postura final de los tribunales ante estos desafíos jurídicos aún está por definirse.
