Claves de la noticia:
- Justicia para Jesús Alejandro en Cancún: La audiencia de prórroga para la investigación del caso de Jesús Alejandro fue suspendida por la inasistencia de un imputado.
- Falla: El Colectivo Xtabay denunció que el Cereso de Cancún incumplió con el traslado del detenido a pesar de la orden judicial.
- Queja: Familiares y activistas alertan sobre la revictimización y el retraso procesal en un caso que conmocionó al estado en 2025.
CANCÚN, QR.- El sistema de justicia en Quintana Roo enfrenta un nuevo cuestionamiento tras el diferimiento de la audiencia de prórroga del plazo de investigación complementaria en el caso de Jesús Alejandro Utrera Salazar. El adolescente, cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida en 2025 marcaron un punto crítico en la crisis de seguridad estatal, sigue sin encontrar una ruta clara hacia la sentencia debido a fallas logísticas en el sistema penitenciario.
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Este 13 de abril, la diligencia vinculada a la carpeta administrativa 1062/2025 no pudo celebrarse. El motivo, calificado por activistas como una negligencia burocrática, fue la ausencia de uno de los imputados. Según reportes del Colectivo Femenil Xtabay, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún no realizó el traslado del acusado hacia los juzgados en el tiempo y forma requeridos, desacatando una instrucción previa emitida por el juez de control.
Un laberinto de omisiones y retrasos
La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la madre de la víctima, integrante activa del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, quien acudió al recinto judicial con la esperanza de que el proceso avanzara hacia la etapa de juicio. Sin embargo, la ineficiencia operativa del centro penitenciario ha forzado una reprogramación de la fecha, prolongando la agonía legal de la familia.
“La audiencia se difirió porque uno de los imputados no acudió, ya que no fue trasladado en tiempo y forma”, denunciaron integrantes de Xtabay, quienes han brindado acompañamiento jurídico y emocional a la familia Utrera Salazar desde el inicio de la tragedia.
El delito que se persigue es el de desaparición cometida por particulares. Aunque existen varios señalados bajo custodia, el proceso se mantiene en una fase de investigación que parece estancarse cada vez que los engranajes institucionales fallan en tareas básicas, como el traslado de internos para sus comparecencias.
Memoria de una tragedia que sigue abierta
El caso de Jesús Alejandro Utrera Salazar no es una cifra más en la estadística de Quintana Roo. El menor fue reportado como desaparecido en enero de 2025, activándose en su momento fichas de búsqueda que movilizaron a la sociedad civil. Tras meses de incertidumbre y de una búsqueda incansable liderada por su madre, el cuerpo del adolescente fue localizado sin vida, transformando la exigencia de búsqueda en una demanda de justicia absoluta.
Para los colectivos de derechos humanos, este nuevo retraso es un síntoma de una problemática mayor en el Poder Judicial y el sistema penitenciario del estado. No es la primera vez que una audiencia de alto impacto se suspende por causas atribuibles a la administración de las cárceles o a la falta de coordinación entre autoridades. Esta recurrencia, señalan, genera un ambiente de impunidad técnica que favorece a los acusados y desgasta a las víctimas indirectas.
Exigencia de responsabilidad institucional
El posicionamiento del Colectivo Xtabay fue contundente tras la salida de los juzgados: “Exigimos verdad y responsabilidad. No dejaremos que su memoria sea olvidada”. La organización subrayó que cada día de retraso representa una violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, tal como lo establece la Constitución.
Mientras los imputados enfrentan el proceso bajo el principio de presunción de inocencia, la familia de Jesús Alejandro enfrenta el peso de un sistema que parece no tener prisa por resolver los crímenes de desaparición. El diferimiento de esta audiencia no solo implica una nueva fecha en el calendario, sino el gasto de recursos, el desgaste emocional de los deudos y la sensación de que el Estado falla en su compromiso mínimo de garantizar que los acusados comparezcan ante la ley.
Se espera que en las próximas horas se fije la nueva fecha para la audiencia, mientras la opinión pública permanece atenta a que el Cereso de Cancún brinde una explicación formal sobre por qué se ignoró la orden de traslado del juez de control.
