Claves de la Noticia
- Proyecto Royal Beach Club se mantiene bajo la incertidumbre debido a que las autoridades federales aún no emiten un resolutivo oficial sobre su construcción.
- Los grupos ambientalistas denuncian que la zona costera asignada al desarrollo alberga tres especies de manglar y zonas críticas de desove para tortugas marinas.
- La comunidad local teme una mayor privatización de las playas de Cozumel y daños severos al sistema arrecifal de la región.
COZUMEL, QR.- Grupos ambientalistas de Cozumel convocaron a la comunidad local a mantenerse en estado de alerta debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aún no ha emitido una resolución oficial sobre la solicitud de la naviera Royal Caribbean para desarrollar el Proyecto Royal Beach Club. Esta alerta comunitaria se emitió luego de que el gobierno federal frenara la construcción del parque acuático Perfect Day en la localidad de Mahahual, lo que dejó en la incertidumbre jurídica el estatus legal del plan turístico en la isla caribeña.
La ambientalista Guadalupe Martín Cab informó que la organización civil promueve actualmente una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Change.org con el objetivo de detener de forma definitiva la obra. De acuerdo con las declaraciones de la especialista, el motivo de la movilización social responde al inminente riesgo de impacto ambiental sobre un litoral que alberga tres especies distintas de mangle y que funciona como un refugio natural para el desove de tortugas marinas, al ser un punto geográfico con baja acumulación de sargazo.
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Alerta por riesgo ecológico en arrecifes de Cozumel
Frente a los predios adquiridos por la compañía naviera se localiza una de las barreras arrecifales más importantes y grandes del mundo. Martín Cab detalló que diversos especialistas han calificado a este ecosistema como el más sano de Quintana Roo, aunque aclaró que la colonia de coral ya registra una pérdida del 40 por ciento de su superficie debido al fenómeno global del blanqueamiento.
Los activistas locales señalaron que los promotores del Proyecto Royal Beach Club han difundido la versión de que el plan original presentado ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) no se llevará a cabo de la mano con el proyecto de Mahahual. Sin embargo, la organización civil enfatizó que la dependencia federal no ha publicado ningún dictamen aprobatorio o inhibitorio específico para la isla de Cozumel, manteniendo el expediente técnico en estatus de evaluación.
Antecedentes de infraestructura y el Proyecto Royal Beach Club
El historial de desarrollo de la empresa multinacional en la región incluye la propiedad del tercer muelle de la isla y el intento previo de edificar una cuarta posición de atraque para cruceros. Según los expedientes técnicos citados por los defensores del entorno natural, dicha obra portuaria solo contaba con una autorización de uso de suelo otorgada por la administración del expresidente municipal Pedro Joaquín Delbouis, careciendo en su momento de las validaciones y permisos federales requeridos para su ejecución formal.
El actual polígono asignado para el Proyecto Royal Beach Club se sitúa en una zona estratégica de conservación costera. Los colectivos ecologistas argumentan que la preservación de estas áreas es prioritaria para mitigar los efectos del cambio climático en el Caribe mexicano, por lo que la intervención con infraestructura turística pesada fragmentaría los corredores biológicos costeros de la región.
Privatización de playas y afectación a la comunidad local
La representación de los grupos ambientalistas lamentó que las sucesivas administraciones municipales en la historia de la isla hayan permitido la privatización gradual de los litorales. En la actualidad, la población local solo dispone de un arenal público ubicado a aproximadamente 17 kilómetros del centro urbano de la ciudad, debido a que el resto de las franjas de playa han pasado a manos de desarrolladores navieros privados.
La restricción de acceso obliga a los habitantes de la localidad a pagar tarifas a empresas particulares para ingresar a las playas. La organización civil concluyó que esta práctica contradice las disposiciones legales vigentes en el país, las cuales estipulan el libre tránsito por las zonas marítimo-terrestres, sumando un argumento social a la resistencia en contra de la aprobación final del Proyecto Royal Beach Club.
