Perfect Day, una dura lección
El fracaso del proyecto Perfect Day, de Royal Caribbean, es un tema que debe llevar a la reflexión de los tres órdenes de gobierno y de los inversionistas. La transparencia, la socialización, los beneficios y el respecto al marco legal, deben ser los ejes que sustenten cualquier desarrollo en la entidad.
Desde un inicio, el 9 de octubre de 2024, el proyecto fue vendido como una panacea para impulsar el desarrollo en Mahahual y el sur de la entidad. El Gobierno del Estado de Quintana Roo y la empresa naviera hicieron el anuncio, la inversión era en ese entonces de alrededor de 600 millones de dólares.
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Lo único que se dijo en ese momento es que el desarrollo, complemento del muelle de cruceros Costa Maya, generaría dos mil empleos y tendría una capacidad para recibir a 21 mil turistas al día.
El 15 de octubre de 2024, días después de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía Marcelo Ebrard, dio a conocer este proyecto en Palacio Nacional, pero la inversión ascendió en mil 500 millones y se presumió como el primer polo de desarrollo turístico en el país enfocado a la visita vía marítima.
Casi un año después, el 15 de agosto de 2025 y en La Mañanera, la gobernadora Mara Lezama volvió a presentar Perfect Day, pero ahora como una conexión de los puertos mexicanos con el Tren Maya. La inversión para esta fecha mencionada fue de mil millones de dólares.
El baile de las cifras y la falta de transparencia
Hasta aquí el gobierno federal y estatal daba por hecho que el proyecto iba viento en popa y que era simplemente tramitología para concretarlo, pero no se mencionaron los “beneficios” reales para los habitantes de Mahahual o el sur del estado.
En apariencia no había oposición para el parque acuático privado, al que solo los cruceristas podían acceder. Pero la situación cambió a partir del 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, cuando el ayuntamiento capitalino aprobó el cambio de uso de suelo para las 107 hectáreas contiguas al muelle de cruceros, en donde se desarrollaría el complejo turístico.
La presión ambientalista y el freno de la Semarnat
La información comenzó a difundirse rápidamente y llegó a oídos de asociaciones ambientalistas que iniciaron con los cuestionamientos y críticas por posibles daños ambientales.
La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) interpuso un amparo el 21 de enero de 2026, por presunta violación a los normas ambientales y urbanas, así como por la incertidumbre jurídica de los pobladores de Mahahual.
Sin embargo, la situación agudizó cuando el Primer Tribunal Colegiado de Circuito desechó la demanda de amparo, al considerar que DMAS interpuso el recurso fuera del plazo establecido, es decir, antes del 30 de diciembre del 2025.
Fue entonces cuando las asociaciones ambientalistas como Greenpeace arreciaron campañas en contra e iniciaron manifestaciones, incluso con firmas que superaron los cuatro millones, que obligaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a ordenar una revisión exhaustiva de la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y a la mandataria estatal a seguir la vía institucional fijada por la máxima autoridad del país.
La presión social provocó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnart) frenara el proyecto de manera definitiva al no autorizar la MIA.
Durante todo este tiempo, el Gobierno de Quintana Roo y Royal Caribbean estaban más preocupados por defender e impulsar, a través de diferentes vías, el potencial turístico y no los presuntos beneficios directos a la población. Las autoridades locales armaron una campaña para contrarrestar las críticas culpando a los ambientalistas de decisiones que los quintanarroenses debían tomar, pero !oh sorpresa¡ los habitantes del estado nunca fueron tomados en cuenta y menos a los empresarios locales.
Nunca se socializó el proyecto y la incertidumbre solo generó dudas sobre la transparencia del desarrollo y posibles violaciones a las normas ambientales, éstas últimas confirmadas por la Semarnat, al aceptar en el dictamen de la no autorización de la MIA, riesgos al entorno ecológico.
Entonces las fallas reales fueron entre muchas cosas la falta de transparencia, la deficiente información de los supuestos beneficios, la nula socialización y la posible afectación al medio ambiente.
A esto hay que agregar vender un proyecto privado a la sociedad como una solución al desarrollo para el sur de la entidad.
El mito de los beneficios turísticos en Mahahual
Pero ¿Quién dice que un proyecto privado puede tener beneficios reales para el estado, principalmente para la región sur y más específicamente para Mahahual?
Hay un muelle de cruceros, Costa Maya, que opera desde el 22 de febrero del 2001 y hasta el día de hoy, son los propios habitantes y prestadores de servicios del poblado que se quejan por la falta de beneficios directos y han hecho todo tipo de manifestaciones, incluso al grado de bloquear el acceso al puerto. La derrama es millonaria, pero no impacta a la comunidad.
Hay un Fideicomiso para el Fortalecimiento a la Actividad Turística (Foatqroo), que opera el estado y que de acuerdo al Consejo Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chetumal recaudó alrededor de 600 millones en 2025 y en lo que va del 2026, por concepto de cobro de un derecho de cinco dolares a cruceristas.
Aunque hasta el momento no se aplicado un solo peso a la comunidad de Mahahual y en la que tampoco están involucrados los empresarios locales y menos los pobladores.
En contra parte los proyectos económicos públicos que en teoría pretenden brindar beneficios directos y detonar el sur del estado no han prosperado: el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado, el Tianguis Yum Kaax y el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar (Podecobi), el Barrio Mágico y hasta el decreto de Zona Libre.
La lección es clara en esta ocasión, no se puede avanzar cuando no se sabe realmente cuáles son las necesidades reales para apuntalar el desarrollo regional y menos con proyectos que no están orientados a la sostenibilidad. Si es la sociedad la que gobierna, como reza la Cuarta Transformación, entonces por qué no involucrarla.
Para los inversionistas más que generar desconfianza, el aprendizaje debe ser que antes de invertir confirmen la viabilidad de sus proyectos. Solo se trata de cumplir la ley, nada más, y no apegarse a promesas políticas. Hoy se quedaron con un terreno en el que destinaron millones de dólares y en el que posiblemente no puedan desarrollar nada.
Payo Obispo
La renuncia de Rafael Marín Mollinedo a la delegación de la Secretaría del Bienestar de Yucatán, arreciará la competencia por la candidatura a la gubernatura con el senador Eugenio Segura Vázquez, quien no tiene obligación legal para dimitir de su encargo. Queda menos de un mes para la designación del coordinador estatal para la defensa del territorio del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Se avecinan días en las que posiblemente salgan chispas.
