CHETUMAL, QR.- Guillermina Romero Hernández, jefa de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal obtuvo la protección de la justicia federal ante presuntos actos de humillación, discriminación y segregación que padece por parte de autoridades de la corporación.

El Juzgado Primero de Distrito aceptó su juicio de amparo y ordenó la suspensión de los actos reclamados.

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Romero Hernández informó que el juicio de amparo fue promovido por ella el pasado martes ante el órgano jurisdiccional señalado, mismo que fue aceptado el pasado miércoles, día que en fue notificada formalmente.

Por las razones que se exponen y la gravedad del hecho en su contra, la autoridad judicial federal determinó ordenar la suspensión de los actos reclamados.

La parte actora señaló que pesa en su contra presunta discriminación, segregación, exclusión, tratos crueles y degradantes, violencia institucional y psicológica, por parte de sus superiores jerárquicos.

Con fundamento a la Ley de Amparo en su artículo 126, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados para que cesen de inmediato, así como todos los actos prohibidos del artículo 22 Constitucional y del artículo 15 de la Ley de Amparo.

Este último artículo, en su segundo párrafo, establece que cuando se ponga en peligro la vida del agraviado o su integridad, “el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado”.

En este caso, se plasma en el documento de notificación que las autoridades de la SSP se deberán a emitir actos equiparables de tormento de cualquier especie, es decir, “que sean emitidos con la finalidad de generar un ambiente degradante, humillante, discriminatorio o que vulnere la dignidad de la persona”.

También se emplaza a la SSP, que encabeza Lucio Hernández Gutiérrez, a que en un término de 24 horas computadas a partir de la notificación, que informe sobre el cumplimiento del mandato, de no ser así se caería en una falta a la Ley de Amparo.

Además de que se le impondría una medida de apremio por la cantidad de cuatro mil 811 pesos, que equivale a 50 Unidades de Medidas de Actualización (UMAS).

La suspensión de actos reclamados se ordena en tanto se resuelve y se dicta sentencia del juicio de amparo promovido, con número de expediente 224/2022-II-C, para proteger la vida y la integridad de la parte agraviada o quejosa.

Continúa la presión contra la jefa de Asuntos Internos

A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos y ahora el Juzgado Federal ya intervienen y han dictado medidas cautelares, continúa la presión contra de Romero Hernández.

La jefa de Asuntos Internos informó que el pasado miércoles tuvo una crisis de salud, que se ha visto agravada por la presión que se ejerce sobre de ella para que entregue su plaza laboral.

Su condición de salud debió ser atendida de urgencia. Tuvo que solicitar un permiso a la directora de Asuntos Internos, Zuleima Guadalupe Sánchez Pineda, para acudir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aunque ya había sido valorada por el médico de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quien diagnóstico una crisis de hipertensión y taquicardia, por lo que además del reposo, consideró que debía acudir a la clínica del ISSSTE para ser valorada.

“Yo necesitaba hasta una ambulancia, me sentía mal, no podía conducir, en lugar que pidiera una ambulancia o algo, ordenó (Sánchez Pineda) que, si entregaba algún documento para permiso, que nadie me lo recibiera, solo ella, aunque por mis condiciones de salud lo envié por correo y tuve que conducir”, explicó.

Al llegar a la clínica del ISSSTE fue atendida en Urgencias y le colocaron una pastilla sublingual, para controlar su crisis de hipertensión, mientras era valorada en consulta por un médico, para lo cual tuvo que esperar horas.

Ambos médicos, tanto de la PEP como del ISSSTE, le prescribieron reposo porque podría tener consecuencias graves, entre ellas un accidente cardiovascular.

Ante la situación de su salud le fue otorgada una incapacidad de tres días, contados a partir del miércoles pasado, por lo que el lunes se reintegra a sus labores.

La jefa de Asuntos Internos dijo que hasta el miércoles que se retiró de las instalaciones de la PEP, aún seguía confinada a un pasillo de la Dirección de Tránsito.

Le ofrecieron de nueva cuenta un cargo menor para que entregue su plaza a la directora de Asuntos Internos, que volvió a rechazar; la presión no ha cesado. La orden de que renuncie a su plaza también es del subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Ocampo Galindo.

La misma directora de Asuntos Internos, según la afectada, le ha querido poner “trampas” para utilizar como pretexto y destituirla o quitarle la plaza, incluso fuera del horario laboral, por lo que ha tenido que actuar de manera cautelosa y emitir los oficios respetivos por cada actividad u orden que tiene que cumplir.

La SSP no ha emitido el oficio de aceptación o no de la medida cautelar solicitada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y ahora tiene también la obligación de contestar el mandamiento por parte del Juzgado Primero de Distrito, como parte del juicio de amparo.

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