CHETUMAL, QR. Una casa de interés social, con temperatura superior a los 30 grados y un mueble de piel sintética cubierto con una tela color pistache, fue el escenario donde Lilí Marbella Domínguez Delgado narró la injusticia cometida en su contra. Pasó tres años y nueve meses en prisión por un delito que no cometió, y durante ese tiempo fue víctima de tortura.
Vestida con short de mezclilla y blusa negra, no pudo contener el llanto al recordar y contar su historia, que asegura no desea a nadie. Es un infierno, resaltó.
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Dos ventiladores de pedestal la flanqueaban para mitigar el intenso calor, lo cual ayudaba a calmar el nerviosismo al hablar. Su rostro serio y su cabello corto no ocultaban el sufrimiento que aún la embarga. Su fe no se doblega, pues es creyente de San Judas Tadeo, cuya imagen cuelga en una de las paredes.
Con los dedos entrelazados, señaló que en 2010 llegaron al domicilio donde vivía con su expareja agentes ministeriales, quienes la acusaron de un presunto delito de robo en perjuicio de una persona llamada Isidro Canul Cruz.
Bajo engaños, ambas fueron detenidas y llevadas a una confrontación con el hijo de Canul Cruz, quien aseguró no conocerlas. Tras esto, fueron liberadas.
Sus manos, adornadas con tres anillos y tres pulseras de plata, acompañaban la narración. Sus brazos, piernas, cuello y parte del rostro estaban cubiertos con tatuajes.
En la mesa de centro había pulseras, collares y otros objetos de fabricación artesanal hechos con “chaquiras” (cuentas de plástico).
La impotencia aún se refleja en sus ojos al recordar que, tres años después, en 2013, otros agentes ministeriales armados y con pasamontañas irrumpieron en su domicilio buscando droga, pues en esa ocasión fue acusada de delitos contra la salud.
Al no encontrar nada, la subieron a una camioneta blanca junto con su pareja y les cubrieron los ojos con vendas. No obstante, lograron percatarse de que iban rumbo al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, mientras les decían que las matarían.
Asegura que las llevaron a un cuarto y le ordenaron arrodillarse para luego golpearla. Ahí inició mi peor calvario, expresó.
Tortura a domicilio
En medio de su sala, cuyas paredes de color aguamarina reflejan el paso del tiempo, y con voz entrecortada, reveló que le colocaron bolsas de nylon en la cabeza y le aplicaron descargas eléctricas. La acusación ya no era por delitos contra la salud, sino por el delito de homicidio en contra de Isidro Canul.
Una silla híbrida, mezcla de ejecutiva y reposet, así como una escoba, se encontraban a unos metros cuando estalló en llanto al decir: Los agentes se burlaban mientras me torturaban. Es algo que no voy a olvidar. Así es como actúan. Lo único que quiero es justicia.
La tortura tenía como fin que se declarara culpable del delito. Aunque conocía a la víctima, no mantenía una relación de amistad con él. Las pocas veces que interactuó con él fue para comprarle una base para cama.
También fue golpeada cuando la llevaron a declarar a las instalaciones de la extinta Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado. Ahí fue humillada incluso por sus preferencias sexuales.
Indicó que no solo ella y su pareja fueron remitidas al Cereso de Chetumal por ese delito, sino también otras cuatro personas.
Mientras se secaba las lágrimas, comentó que estuvo recluida por tres años y nueve meses, soportando malos tratos por parte de custodios, sobre todo de un comandante llamado Rodrigo Piña, quien también se ensañaba con su expareja.
El licenciado Hugo Sosa la vio golpeada, pero la traicionó. Actualmente su caso se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), bajo el Protocolo de Estambul por tortura. Sin embargo, afirma que hasta las pruebas han desaparecido y ya no sabe a quién recurrir.
Incluso un médico de apellido Ramos Solís la vio golpeada, y había pruebas del médico legista que también desaparecieron.
Para mantenerla presa, falsificaron su firma, presuntamente elaborada por un abogado llamado Ángel Cosío.
Durante su estancia en prisión perdió sus pertenencias y fue víctima de robo por parte de agentes ministeriales. Sus abogados defensores abusaron de su situación: cobraron grandes sumas sin hacer nada, y los ministeriales llegaron a solicitar 71 mil pesos para no remitirla al Cereso, en su momento.
La única forma de defenderse fue hacer llamadas clandestinas desde el Cereso a medios de comunicación. El caso se hizo público, y finalmente un juez de apellido Bencomo dictó auto de formal libertad, al considerar evidente que ninguno de los seis procesados por ese delito era culpable.
Cuando salimos, nunca nos ofrecieron ni una disculpa. Solo nos dijeron: “Recojan sus cosas, pueden irse”, reprochó.
Afirmó que luego de estar en la cárcel injustamente, cuando te dan tu libertad es lo más bonito. Le doy gracias a Dios.
Tiempo después supo que Isidro Canul murió tras ingerir una pastilla que le provocó un paro cardiaco. No hubo robo ni prueba alguna del supuesto delito de homicidio.
Actualmente da seguimiento a su caso para el resarcimiento de daños. Ha acudido a instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) e incluso a la FGE.
El delito no procede
Acusa que, lamentablemente, en la Cdheqroo le realizaron evaluaciones psicológicas para confirmar la tortura, como lo establece el Protocolo de Estambul, pero se centraron en su vida personal y sus exparejas, no en el delito del cual fue víctima. Por eso su caso no avanza.
A consecuencia de la tortura padece estrés postraumático, lo que la ha obligado a recibir atención de psicólogos y psiquiatras. El mayor daño físico lo presenta en una pierna, que le impide moverse y trabajar con normalidad a sus 59 años. Los dolores le han provocado afectaciones irreversibles.
Su único sustento es la elaboración de collares y pulseras de plástico, que apenas le alcanza para comer. Necesita apoyo para cubrir servicios básicos como agua, electricidad y atención médica.
Por los tatuajes en su cuerpo y rostro ha sido víctima de discriminación, al igual que por sus preferencias sexuales.
Relató que cuando fue encarcelada no tenía tantos tatuajes; sin embargo, debido al estrés postraumático los adoptó como una forma de terapia. Cada vez que tiene pensamientos negativos, se tatúa uno.
Ahora hasta los médicos se hacen tatuajes. Eso no debería ser motivo para estigmatizar a una persona, subrayó.
Lilí aseguró que ha solicitado ayuda incluso a la gobernadora Mara Lezama. Aunque votó por ella y confió en su calidad humana, la ayuda nunca llegó.
La casa donde vive actualmente le fue cedida por el propietario con la condición de seguir pagándola. No cuenta con recursos para hacerlo. La vivienda tiene piso de cemento, sin losa, y está dividida con madera y cortinas.
