Algo que quedó claro, una vez más, con el caso de la joven chetumaleña María Adela Morales Correa, fueron los deficientes protocolos de búsqueda de personas en Quintana Roo. Las familias siguen exhibiendo a las autoridades locales por la falta de apoyo real para encontrar a sus familiares.
Caso María Adela: deficientes protocolos de búsqueda
Este hecho ha cobrado interés nacional, sobre todo por la forma en que ocurrió, es decir, una muchacha que viaja por una oportunidad de trabajo y acaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Inprfm).
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Pero el caso también deja dudas sobre la actuación de las autoridades, esencialmente, sobre los procedimientos que aplican para hallar a las personas que por alguna razón, desparecen sin dejar rastro o que son víctimas de algún delito.
La madre, Cristina Ramírez Tapia, ha sido, principalmente quien ha reprochado la falta de actuación adecuada por parte de las autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno de Quintana Roo.
La negligencia de la FGE Quintana Roo en el caso de María Adela
Fue en el centro del país donde tuvo que poner la denuncia respectiva y dar seguimiento a la carpeta de investigación, porque en Chetumal no le quisieron aceptar la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el argumento de que no estaba el personal y porque además el hecho no ocurrió en Quintana Roo. Desde este aquí, hay una falla, imperdonable.
Luego del escándalo nacional que estalló sobre el caso, la Secretaría de Gobierno, que dirige Cristina Torres Gómez, ahora sí recomendó a la mamá hacer la denuncia ante la FGE, para que pueda investigar o intervenir en el tema. Pero ante la serie de acontecimientos irregulares detectados, por parte de la madre, la familia declinó en hacer lo conducente en el estado.
Torres Gómez aseguró que la familia recibió el apoyo y acompañamiento respectivo desde el inicio, lo cual ha sido desmentido por los parientes de María Adela en diversas ocasiones, que puso en tela de juicio el gobierno humanista con corazón feminista de Mara Lezama.
La encargada de la política interna se deslindó del caso, al señalar de que el Gobierno del Estado no puede actuar si no hay denuncia, es decir, en pocas palabras culpó a la familia de frenar la ayuda.
Lo que es peor, Cristina Torres sin mostrar una sola prueba dijo que existe un video donde la joven dice que por voluntad propia fue internada en el Inprfm y que además no quiere regresar con su familia. Presumió que fueron las autoridades locales las que consiguieron la prueba de vida en el centro psiquiátrico.
Las fallas
Las autoridades de Quintana Roo no intervinieron desde el primer momento, algo que han aclarado los familiares. No corroboraron físicamente si María Adela se encontraba bien de salud, durante su internamiento, solo confiaron en lo que les fue informado de palabra.
No otorgaron la suficiente asesoría jurídica y tampoco han ayudado económicamente a la familia, pese a que han gritado a los cuatro vientos que no cuentan con los recursos para seguir con el caso, para comer y para la estancia.
La búsqueda de personas no termina con saber que está viva, sino en garantizar que no sea víctima de algún delito y confirmar con pruebas que desea o no, regresar con su familia.
No hay ninguna razón para recomendar o negar una denuncia por desaparición en la FGE de Quintana Roo, aunque el hecho haya ocurrido en otro estado. Pues se supone, se tiene coordinación interinstitucional. No es posible que la entidad tenga convenios de colaboración para detener delincuentes y no exista para localización de personas.
Tampoco las autoridades pueden seguir intimidando a las familias con decenas de policías como ocurrió el pasado 1 de mayo, en la entrada de Chetumal. Unos cuantos parientes fueron a protestar y amenazaron con bloquear la vía, pero les enviaron al menos a 40 policías, quienes los rodearon, y 12 patrullas. La protesta social sigue siendo el mecanismo para que la sociedad sea visibilizada ante hechos que demandan una atención urgente.
Pero el tema que más ha generado molestia y que ha motivado la conformación de colectivos, es que son las familias las que se encargan de las verdaderas investigaciones. En el caso de María Adela, la madre investigó con su propia cuenta su paradero y confirmó su internamiento en el centro psiquiátrico.
Aun hay algo más grave, por los deficientes protocolos de investigación para dar con las personas desaparecidas y para garantizar su integridad una vez encontrada, la joven chetumaleña de profesión arquitecta volvió a desaparecer. Pese a que hay una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la Ciudad de México por presunta trata de personas, que se espera las autoridades esclarezcan.
El alarmante incremento de personas desaparecidas en 2025 y 2026
Este solo caso, explica porque en Quintana Roo hay personas que no aparecen. En el estado no hay mecanismos claros de actuación y por ello, son las familias las que terminan haciendo el trabajo de las autoridades.
En 2025, el estado acumuló mil 2134 casos de personas desaparecidas y hasta marzo del 2026, la cifra llegó a 150. Aunque las autoridades señalan que la mayoría aparecen, en ocasiones por la lentitud de las acciones, muchas son encontradas sin vida.
Payo Obispo
Otra muestra de los deficientes protocolos, fue el caso del adolescente V.U.R.H., de 15 años, quien desapareció en Chetumal desde el pasado 21 de abril, su madre acudió ante la FGE y fue emitida una ficha de búsqueda. Pasó mas de una semana sin saber de su hijo y decidió publicar su caso en un medio de comunicación.
Gracias a ello, una persona anónima dio la ubicación a la madre del menor. Estaba en la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados (CATAR) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo.
Es decir, las autoridades no tienen por protocolo hacer una revisión de sus propias instituciones, por lo que hasta ahí, se pierden las personas.
