Luis Guillermo Benítez, exalcalde de Mazatlán, responsabiliza directamente a Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázarez ante cualquier represalia contra su integridad física o familiar tras denunciar presiones sistemáticas y el uso de instituciones estatales para forzar su salida del poder municipal.
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Denuncia pública de amenazas y responsabilidad institucional
El exfuncionario municipal rompió el silencio a través de un posicionamiento oficial derivado de sus recientes intervenciones en plataformas de comunicación de alcance nacional. En este mensaje, Benítez establece un vínculo causal entre sus revelaciones y el riesgo latente que percibe sobre su seguridad personal. La postura no se presenta como una búsqueda de revanchismo político, sino como un ejercicio de exposición sobre situaciones que han impactado a la ciudadanía sinaloense.
“Sinaloa no se puede quedar callado”, fue la sentencia con la que el exalcalde cerró su advertencia pública. La acusación coloca bajo el escrutinio directo al gobernador con licencia y al senador Inzunza, señalándolos como responsables de cualquier acto hostil que pudiera ocurrir en el futuro inmediato como consecuencia de estas declaraciones.
Relato de la renuncia forzada bajo coacción en 2021
La narrativa de Benítez se remonta al proceso interno de 2021, año en que se definía la candidatura a la gubernatura del estado. Según el testimonio íntegro del exalcalde, su salida del ayuntamiento de Mazatlán no fue un acto voluntario, sino el resultado de una estrategia de intimidación directa.
- Advertencia explícita: El exalcalde afirma haber recibido el ultimátum: “Si no firmas la renuncia, atente a las consecuencias”.
- Alteración de la contienda: Estas presiones habrían modificado el rumbo de la competencia interna partidista, eliminando su perfil de la carrera por la gubernatura.
- Decisión bajo presión: El temor a las represalias mencionadas fue el factor determinante para que el entonces edil formalizara su separación del cargo.
Instrumentalización de los órganos del Estado
Dentro de las intervenciones del exmunícipe, se detalla un esquema de operación donde las instituciones de justicia y fiscalización habrían funcionado como herramientas de presión política. Benítez describe una estructura orientada a desgastar perfiles específicos mediante acciones administrativas y judiciales coordinadas.
Acciones institucionales señaladas
- Fiscalía General del Estado: Apertura estratégica de investigaciones penales contra actores políticos en momentos clave de la contienda.
- Auditoría Superior del Estado: Ejecución de auditorías administrativas con fines de presión institucional.
- Integración de expedientes: Construcción de carpetas de investigación diseñadas para ser utilizadas como moneda de cambio o herramienta de descalificación política.
Crisis en el Ejecutivo estatal e investigaciones federales
El contexto actual de Sinaloa agrava la relevancia de estas declaraciones. El 2 de mayo de 2026, Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador, una decisión precipitada por la difusión de reportes de autoridades de Estados Unidos. Dichos informes sugieren la existencia de vínculos entre la estructura del gobierno estatal y grupos del crimen organizado.
Esta situación ha derivado en la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para deslindar responsabilidades. Tras la salida temporal de Rocha Moya, el Congreso de Sinaloa designó una titularidad interina para garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo mientras se desahogan las diligencias legales.
Acusaciones de irregularidades y nexos delictivos
La figura de Rubén Rocha Moya y la de Enrique Inzunza Cázarez enfrentan cuestionamientos que trascienden el ámbito administrativo. Los señalamientos que hoy forman parte de la agenda pública y judicial incluyen:
- Presuntos vínculos de colaboración con organizaciones de narcotráfico.
- Esquemas de protección a actividades ilícitas desde la estructura estatal.
- Señalamientos directos por actos de corrupción en la gestión pública.
- Facilitación logística para el tránsito de sustancias prohibidas por el territorio estatal.
Pese a que ambos personajes han rechazado tajantemente estas imputaciones, calificándolas como carentes de sustento, las investigaciones de las autoridades federales y la presión de actores políticos como Benítez mantienen la atención en los procedimientos legales vigentes. La entidad atraviesa un periodo de seguridad crítico, lo que otorga una dimensión de urgencia a las decisiones institucionales que se tomen sobre la gobernabilidad de Sinaloa.
