COZUMEL, QR.- La empresa Vulcan Materials Company estimó en 100 millones de dólares la clausura del Gobierno de México el 5 de mayo del predio La Rosita, de su filial Sac-Tun (antes Calica), en la parte continental de la isla de Cozumel.

A las pérdidas también suma la suspensión el 13 de mayo del permiso aduanal para operar el muelle de Punta Venado, desde donde Sac-Tun envía material pétreo que extrae en territorio nacional, en barco a los Estados Unidos.

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En un informe que entregó Vulcan Materials Company a sus socios, calificó como de arbitraria e ilegal la suspensión del permiso para exportar material pétreo vía marítima; la renovación del permiso la había otorgado el Gobierno de México apenas en marzo de 2022.

La empresa advirtió, según el diario Milenio que las medidas tomadas por el gobierno federal tienen el efecto de cerrar las operaciones de Sac-Tun en Quintana Roo.

La compañía estadounidense también informó a sus socios que se han buscado medidas cautelares en juzgados de México, que de ser otorgadas y cumplidas, permitirían a la compañía reanudar la extracción y la exportación de materiales pétreos.

El pleito entre Vulcan y el Gobierno de México

La extracción de materiales en la parte continental de Cozumel se ha realizado desde 1986, de forma legal, asegura la empresa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado el otorgamiento de estos permisos, en terrenos que se dieron a perpetuidad y en concesión.

La empresa le ha respondido que no se trata de concesiones, pues los terrenos son de su propiedad.

Desde fines de 2018, Vulcan Materials inició un procedimiento de arbitraje del TLCAN en contra del gobierno mexicano por su negativa a lograr un acuerdo para desbloquear el cierre arbitrario de las reservas de sus predios El Corchalito y La Adelita, señala Milenio.

El pasado 22 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que se había llegado a un acuerdo con Vulcan para convertir los predios en parque natural. Fue hasta mayo, después de la clausura que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que la empresa estadounidense reveló que no había ningún acuerdo.

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