Claves de la noticia:
- Proceso de pago: Tren Maya, S.A. de C.V. indemnizará a los propietarios conforme a los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
- Alcance territorial: La expropiación abarca 14 inmuebles de propiedad privada en municipios de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Yucatán.
- Justificación legal: El decreto se basa en la “utilidad pública” para la construcción de oficinas y obras de infraestructura complementarias al proyecto ferroviario.
CANCÚN, QR. – El Gobierno de México oficializó este día la expropiación de 14 bienes inmuebles de propiedad privada ubicados en diversos municipios del sureste mexicano, principalmente en Quintana Roo, los cuales serán destinados a la construcción de oficinas y obras de infraestructura vinculadas al Proyecto Tren Maya.
La medida, publicada tras la resolución emitida el pasado 6 de marzo por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), confirma la utilidad pública de una superficie total de 48 mil 661.703 metros cuadrados. Esta acción legal impacta directamente a los municipios de Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y Felipe Carrillo Puerto.
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Tren Maya: distribución de las expropiaciones por tramos
El decreto especifica que los predios se localizan en zonas estratégicas de los Tramos 1, 2, 3, 5 y 6. En el caso específico de Quintana Roo, el desglose de las superficies afectadas es el siguiente:
- Tramo 5: En Playa del Carmen se expropió un predio de 187.71 $m^2$, mientras que en Puerto Morelos la superficie es de 252.30 $m^2$.
- Tramo 6: Felipe Carrillo Puerto registra dos inmuebles (636.14 y 904.63 $m^2$); en Tulum se ejecutarán tres expropiaciones y en Othón P. Blanco una superficie de 37.96 $m^2$.

Además de Quintana Roo, la declaratoria incluye propiedades en Candelaria, Champotón y Campeche (Estado de Campeche); Tenosique (Tabasco) y Umán (Yucatán).
Indemnizaciones y recursos legales
De acuerdo con el documento firmado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V. será la responsable de cubrir el monto de las indemnizaciones utilizando su presupuesto autorizado. Los pagos se realizarán a quienes acrediten el derecho legítimo sobre los inmuebles, basándose en los dictámenes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
“Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, las personas interesadas podrán acudir al procedimiento judicial (…) con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”, precisa el decreto federal.
El decreto, fechado el 14 de abril de 2026, cuenta también con las rúbricas de Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, y Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, consolidando el avance administrativo de la obra ferroviaria en la región sur-sureste del país.

