Claves de la noticia
- Cuatro asociaciones civiles y Colegios de profesionistas del ramo de la construcción en el municipio de Benito Juárez formalizaron su rechazo al proyecto del nuevo Reglamento de Gestión y Construcción Sustentable.
- El bloque técnico dirigió un escrito oficial a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, señalando invasión de facultades legales y riesgos de responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento.
- Los ingenieros y arquitectos denunciaron la eliminación de requisitos mínimos de seguridad estructural y la creación de comités de licencias sin reglas claras de operación.
CANCÚN, QR.- Presidentes de los colegios y asociaciones del ramo de la construcción en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, enviaron este martes 9 de junio de 2026 una carta formal a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, para manifestar su postura institucional en contra del Proyecto de Modificación del Reglamento de Construcción local, actualmente denominado Reglamento de Gestión y Construcción Sustentable para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Los especialistas técnicos argumentaron que el borrador en elaboración invade facultades normativas, debilita las exigencias de seguridad estructural, propicia riesgos de corrupción institucional y prescinde de los mecanismos obligatorios de participación ciudadana que dictan las leyes estatales y federales en materia de ordenamiento territorial.
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La pe legal, fundamentada en el derecho de petición constitucional mexicano, fue suscrita en la ciudad de Cancún por los líderes del Colegio de Arquitectos de Cancún, el Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo, y la representación local de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural.
De acuerdo con los promoventes, el documento normativo elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad confunde de manera directa los procesos de edificación civil con las políticas de planeación urbana, asignando a un reglamento operativo funciones regulatorias que competen de forma exclusiva a los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) vigentes.
Inconsistencias jurídicas en el proyecto municipal
La propuesta normativa bajo revisión es coordinada de forma directa por la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento, encabezada por el regidor Samuel Mollinedo Portilla. Los Colegios de profesionistas indicaron en su pliego que el contenido propuesto para el Reglamento de Gestión y Construcción Sustentable contradice de forma directa los parámetros del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) 2022.
Esto se debe a que pretende implementar políticas de gestión y asignación de polígonos específicos sin haber realizado previamente los análisis técnicos de capacidad urbana del territorio ni los consensos abiertos que exige la legislación del estado.
La representación técnica expuso que el artículo tercero del propio proyecto municipal establece de manera obligatoria que toda acción urbanística en la demarcación territorial debe sujetarse a los instrumentos de planeación urbana preexistentes.
Bajo este principio jurídico, los firmantes señalaron la existencia de contradicciones internas en el documento, dado que el borrador introduce modificaciones a los parámetros de densidad y uso de suelo urbano sin agotar los cauces institucionales de reforma que corresponden al cabildo y a los órganos estatales correspondientes.
Riesgos para la seguridad estructural y la habitabilidad
El bloque de ingenieros y arquitectos detalló que la redacción del nuevo Reglamento de Gestión y Construcción Sustentable suprime apartados técnicos fundamentales relacionados con la edificación. El escrito formal advierte que la propuesta reduce a principios básicos o elimina por completo las secciones dedicadas a salvaguardar la seguridad estructural de los inmuebles urbanos.
Las autoridades edilicias argumentaron que dichos criterios técnicos serán trasladados a futuras normas complementarias, una postura que los colegios firmantes calificaron como un argumento inválido que desvincula la operación constructiva de las obligaciones de habitabilidad y bienestar civil.
A este escenario se suma la propuesta de crear comités especiales destinados a emitir la autorización y aprobación de licencias de construcción dentro de tres rubros particulares: los nuevos fraccionamientos, los condominios que superen las 12 unidades privativas de uso exclusivo, y los centros comerciales o supermercados.
Los especialistas denunciaron de manera directa que las funciones de estos nuevos comités carecen de criterios técnicos de evaluación y de reglas de operación públicas, lo que desplaza la validación legal que actualmente ejercen los peritos responsables de obra y los dictámenes de uso de suelo del PDUCP vigente.
Responsabilidad patrimonial y oposición técnica en Benito Juárez
Los representantes de las cuatro organizaciones civiles enfatizaron que la emisión de permisos de construcción bajo esquemas ambiguos genera una ventana de vulnerabilidad jurídica frente a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo. Dicho ordenamiento obliga al municipio de Benito Juárez a resarcir de manera económica los daños y perjuicios que se causen a particulares por actividades administrativas de carácter irregular.
Los colegios alertaron que el ayuntamiento podría enfrentar demandas y comprometer sus fondos públicos si las obras autorizadas en zonas con desdoblamiento de densidad o reasignación de uso de suelo generan impactos negativos en la infraestructura o la seguridad vecinal.
Los peritos recordaron que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo confiere la exclusividad de la deliberación de las políticas de suelo a los Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Debido a que los comités propuestos en el proyecto no cumplen con la integración plural ni con los procesos democráticos que marca la ley estatal, los ingenieros y arquitectos ratificaron su oposición determinante al reglamento, manifestando que la ciudad sobrepasa actualmente sus capacidades de carga urbana y que la iniciativa atenta contra la inversión ordenada en el territorio municipal.
