Claves de la noticia:
- Falsificación de actas en Solferino: Sentencia incumplida: El Tribunal Unitario Agrario acreditó la falsificación de un acta de asamblea de 2017, pero las autoridades ejidales han omitido acatar la orden de eliminar los puntos irregulares.
- Alteración de funciones: Los cambios en el documento otorgaban ilegalmente facultades de administración y dominio sobre los recursos del ejido al comisariado de ese periodo.
- Omisión oficial: La denuncia señala directamente al excomisariado Rodrigo Olivar Quintal y a la entonces visitadora agraria, Erika Hernández Marcial, por permitir o ejecutar las modificaciones.
LÁZARO CÁRDENAS, QR.- El ejidatario Lucas Vicencio Hernández denunció públicamente una presunta falsificación de actas y documentos oficiales relacionados con la administración del ejido de Solferino. De acuerdo con el denunciante, el fraude ya fue formalmente acreditado mediante una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA), derivada de una demanda promovida por un grupo de comuneros; sin embargo, las autoridades correspondientes han ignorado el fallo judicial.
Los hechos se remontan al año 2017, periodo en el que Rodrigo Olivar Quintal se desempeñaba como comisariado ejidal. Presuntamente, Olivar Quintal alteró el contenido de una convocatoria y del acta de asamblea clave, con el objetivo de modificar los lineamientos sobre un terreno que actualmente se encuentra en disputa.
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Modificaciones ilegales para el control de recursos
Vicencio Hernández detalló que la resolución del tribunal determinó textualmente la existencia de la falsificación en el acta de asamblea, ordenando la eliminación inmediata de los puntos incorporados de manera irregular. A pesar de la contundencia del fallo, el ejidatario aseguró que dicha instrucción nunca fue cumplida por los órganos internos.
“La sentencia también ordenó que la resolución fuera inscrita ante el Registro Agrario Nacional (RAN), donde queda establecido que Olivar Quintal falsificó documentación oficial. Esto constituye un delito penal en el que podrían estar involucrados integrantes de directivas ejidales anteriores”, afirmó el denunciante.
El fraude documental se concentró de manera específica en dos apartados del acta original:
- Punto número ocho: Originalmente contemplaba solo el informe del comisariado ejidal saliente. Fue alterado para incluir la aprobación de facultades de administración y dominio sobre los recursos del ejido a los integrantes del comisariado.
- Punto número diez: Correspondía en un inicio al informe del presidente del Consejo de Vigilancia. Se modificó para establecer la recepción de documentación, bienes muebles e inmuebles propiedad del ejido por parte de los nuevos representantes electos.
Irregularidades graves y llamado a la justicia
El ejidatario sostuvo que el documento apócrifo carece de los elementos legales mínimos que validen una asamblea formal, ya que en el texto alterado no se registró la clausura de la sesión, la elaboración del acta en tiempo y forma, ni las firmas autógrafas de los ejidatarios participantes.
Asimismo, la denuncia ciudadana salpicó a las autoridades institucionales de la época, señalando directamente a la licenciada Erika Hernández Marcial, quien en 2017 fungía como visitadora agraria y omitió intervenir o corregir las irregularidades detectadas a pesar de tener conocimiento del caso.
Ante la gravedad de la situación, Lucas Vicencio Hernández hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes para que se dé un seguimiento estricto a la sentencia del Tribunal Unitario Agrario. Exigió el deslinde de responsabilidades penales y administrativas correspondientes para garantizar, de manera definitiva, la legalidad y la transparencia en la gestión de los bienes ejidales de Solferino.
