CHETUMAL, QR.- El ejido Morocoy y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo iniciaron negociaciones para establecer una indemnización económica por la expropiación de las tierras ejidales que actualmente ocupan las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná.
Primer acercamiento institucional en Chetumal
Este avance fundamental para la comunidad fue dado a conocer de manera oficial por Sonia Méndez Lile, quien se desempeña actualmente como la presidenta del Comisariado Ejidal de esta localidad perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.
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De acuerdo con la información proporcionada por la líder de los comuneros, este martes se llevó a cabo con éxito la primera reunión formal de trabajo entre los representantes de la comunidad de Morocoy y los directivos del organismo público federal.
El encuentro de concertación tuvo lugar en la ciudad de Chetumal, específicamente en las instalaciones que ocupa la delegación del INAH, donde ambas partes mostraron apertura para dialogar sobre los reclamos de las tierras.
La intermediación del Gobierno de Quintana Roo
Para asegurar la legalidad y la fluidez del diálogo, la mesa de concertación contó con la participación directa e intermediación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo, instancia institucional que asumió la responsabilidad de convocar formalmente a ambas partes.
Méndez Lile destacó que la celebración de este primer encuentro oficial de negociación fue una consecuencia directa de la audiencia jurídica previa que se llevó a cabo el pasado mes de abril ante las autoridades agrarias competentes.
En dicha comparecencia, el magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 44, Rafael Gómez Medina, emitió una recomendación formal a las partes para buscar una vía de conciliación efectiva, tras validar la existencia de elementos suficientes y la voluntad política para resolver el conflicto.
Acuerdos iniciales y delimitación del polígono
La presidenta del comisariado ejidal calificó esta primera mesa de trabajo como una jornada sumamente productiva, en virtud de que tanto los ejidatarios como los representantes jurídicos del INAH tuvieron la oportunidad de exponer detalladamente cada uno de sus puntos y posiciones respecto al caso histórico.
Como resultado directo de este diálogo constructivo, el primer acuerdo formal alcanzado entre el núcleo agrario y la dependencia federal consiste en proceder a medir con precisión técnica la superficie exacta de las tierras que albergan los monumentos arqueológicos de Dzibanché y Kinichná.
La dirigente ejidal puntualizó de manera clara que, una vez que los trabajos técnicos de medición concluyan y se cuente con una total certeza legal y cartográfica sobre las dimensiones reales del polígono ejidal afectado, se procederá formalmente a la etapa de la negociación estrictamente económica.
Criterios para fijar el monto de la indemnización
En dicha fase posterior, las comisiones designadas se encargarán de debatir y fijar de común acuerdo el precio justo por cada hectárea expropiada, lo que finalmente permitirá determinar de manera transparente la cantidad económica total que recibirá el ejido por concepto de indemnización.
Aunque la líder agraria precisó que las mesas de negociación e intercambio informativo continuarán desarrollándose de forma continua, aclaró que todavía no se ha establecido una fecha específica en el calendario para la celebración del próximo encuentro de trabajo.
Será la propia Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo la autoridad encargada de coordinar las agendas de las partes y definir formalmente el día y la hora para llevar a cabo la siguiente reunión de seguimiento de los acuerdos.
Un conflicto histórico con origen en 2022
El conflicto legal y social originado por la demanda de indemnización por el usufructo indebido y la expropiación de los terrenos comunales tiene sus antecedentes directos en el mes de febrero del año 2022, periodo en el que las tensiones entre las partes se agudizaron visiblemente.
En esa fecha, ante la constante negativa del INAH para entablar un diálogo institucional y cumplir con el pago respectivo por el uso de las tierras, los ejidatarios de Morocoy se vieron obligados a implementar medidas de presión, instalando una caseta de cobro ejidal directamente en la carretera que conduce hacia ambos sitios prehispánicos.
Esta falta de respuestas concretas por parte de la federación motivó a la comunidad ejidal a interponer de manera formal, hace aproximadamente dos años, un recurso legal de demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) con el propósito de obligar jurídicamente al organismo a resarcir los daños de forma económica.
Derechos sobre el territorio desde 1970
La representante Sonia Méndez Lile recordó con firmeza que el INAH tomó posesión física de las tierras y de los monumentos prehispánicos para su respectiva explotación comercial y turística desde hace un cuarto de siglo, cumpliendo ya 25 años de ocupación ininterrumpida de los monumentos.
Esta ocupación física y comercial por parte de las autoridades arqueológicas federales se encuentra plenamente comprendida y localizada dentro de una superficie totalizada de 298 hectáreas que forman parte legal e histórica del patrimonio territorial del ejido.
De igual forma, la presidenta del comisariado enfatizó que el núcleo agrario tiene perfecta claridad y pleno conocimiento de la superficie total que legítimamente les pertenece desde el año 1970, posesión jurídica que quedó formalmente asentada y validada mediante la publicación de un decreto federal.
Defensa del patrimonio de 271 familias ejidatarias
Por esta razón histórica y legal, los comuneros manifestaron contar con todas y cada una de las pruebas documentales e instrumentos jurídicos que acreditan la propiedad indiscutible de las tierras afectadas, un conflicto de gran relevancia que actualmente impacta de manera directa el patrimonio de 271 ejidatarios de Morocoy.
La líder de la comunidad advirtió de manera contundente que, si bien el ejido mantiene en todo momento una postura abierta y dispuesta a la negociación con la federación, bajo ninguna circunstancia van a malbaratar el precio de sus hectáreas.
Para los comuneros, es de vital importancia alcanzar un acuerdo económico que sea digno y justo, tomando en consideración las referencias de pagos recientes realizados por la dependencia federal en otras zonas de relevancia histórica de la misma entidad.
Las referencias económicas de Kohunlich e Ichkabal
Aunque prefirió omitir públicamente la cifra exacta que solicitarán formalmente por hectárea en la mesa económica, Sonia Méndez Lile recordó que el pasado mes de abril mencionaron tener como parámetros de negociación los montos económicos que el propio INAH liquidó previamente en casos similares.
Como ejemplo específico de estas transacciones, la dependencia federal pagó una suma de 300 mil pesos por cada hectárea correspondiente a los terrenos que integran la zona arqueológica vecina de Kohunlich, sirviendo este monto como un referente real en la región del sur del estado.
Asimismo, los ejidatarios mantienen en su radar de negociación la referencia económica de 500 mil pesos por hectárea establecida para los terrenos que componen el área de vestigios prehispánicos de Ichkabal, marcando con ello los umbrales financieros mínimos para la mesa de negociación actual.
Próxima cita clave ante el Tribunal Unitario Agrario
El proceso legal y de conciliación continuará su curso formal en los tribunales federales de la materia, habiéndose programado de forma oficial la celebración de la próxima audiencia jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario para el venidero 29 de mayo del año en curso.
En dicha sesión legal programada, los magistrados y los representantes de las partes involucradas se encargarán de revisar minuciosamente los avances prácticos alcanzados en las mesas de diálogo que coordina la Consejería Jurídica del estado.
Cabe destacar que, de manera paralela a la mesa de diálogo inicial que se desarrollaba al interior de las oficinas administrativas del INAH en Chetumal, un grupo numeroso de ejidatarios llevó a cabo una manifestación de carácter pacífico en las inmediaciones del recinto, brindando un respaldo total y acompañamiento solidario a los miembros de su comité negociador.
