CANCÚN, QR.- El gobernador Carlos Joaquín convirtió Seguridad Pública en una especie de refugio para ex funcionarios perredistas que están bajo investigación, como es el caso de Gustavo Caballero y Roberto Hernández, acusados de operar un centro de espionaje para Miguel Ángel Mancera, informó Alberto Aguirre, columnista de El Economista.

Destacó que éstos filtraban información privilegiada del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las Conferencias Nacionales de Procuradores y secretarios de Seguridad Pública, a los ex mandatarios del sol azteca, sobre posibles investigaciones en su contra.

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Mencionó que esos personajes se encuentran actualmente bajo la protección del fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, quien previamente fungió como subprocurador en la Ciudad de México, durante el mandato de Mancera.

De Oca fue denunciado ante el Congreso de la CDMX, señalado de cometer actos de encubrimiento y omisión durante sus años como subprocurador.

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De gobiernos perredistas también surgió Daniel Zúñiga Esparza, quien estuvo como subsecretario de Planeación y Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública hasta la renuncia de Alberto Capella, hace un año.

Hasta agosto de 2018, Capella estaba a cargo del Mando Único en Morelos, estado gobernado por el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.

A finales de ese año llegó a Quintana Roo para implementar un modelo de prevención del delito y de combate a las bandas criminales. N3 CAPELLA

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Los empresarios de la Riviera Maya, sin embargo, consideraron que el gobierno de Carlos Joaquín González ha quedado rebasado por la inseguridad, según Aguirre.

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