TIHOSUCO, QR.- Para evitar nuevas manifestaciones, autoridades federales acordaron un anticipo de 27.4 millones de pesos a ejidatarios de Tihosuco, en Felipe Carrillo Puerto, por el usufructo de tierras.

El miércoles se llevó a cabo una reunión entre ejidatario y autoridades del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) de Quintana Roo; del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y de la  Procuraduría Agraria.

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En dicha reunión se acordó realizar una nueva propuesta de avalúo superior a los 160 mil pesos que se pretende pagar por hectárea a los comuneros y que fue motivo de manifestaciones.

La última protesta resultó en un bloqueo carretero de los ejidatarios de la vía Tihosuco-Valladolid, por espacio de seis horas y cuyo acuerdo para liberar el tramo fue la reunión del miércoles.

También como resultado de la reunión, realizada en la casa ejidal del poblado, se pactó un pago a manera de anticipo por la cantidad de 27 millones 400 mil pesos.

Acuerdos se someterán entre ejidatarios en Asamblea Ejidal

El presidente del Comisariado Ejidal, Margarito Poot Moo, señaló que estos acuerdos aún se tienen que someter a consideración de la Asamblea Ejidal, que se prevé realizar el próximo 29 de enero.

De ser aprobados, se tomará como minuta formal en las negociaciones con las autoridades federales.

Estos acuerdos solo aplican para el ejido de Tihosuco, por lo que los ejidatarios de Graciano Sánchez y Tepich tendrán que hacer sus pactos de forma particular.

Poot Moo advirtió que esperarán el próximo avalúo del Indaabin, pero de no ser satisfactorio se continuará impugnando ante los tribunales y será en asamblea en la que se definirá, en su momento, las manifestaciones a realizar.

El ejido Tihosuco está integrado por 804 ejidatarios y demandan el pago de 131 hectáreas de tierras, cada una por un millón de pesos, que fueron utilizadas para la construcción de obras carreteras desde hace más de 50 años.

En la reunión también participó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, quien se comprometió a gestionar obras y servicios para el mejoramiento de la comunidad, principalmente a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

De igual manera se contó con la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

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