Comisariado ejidal de Kantunilkín evade pensión y prueba de ADN; piden que amparos no frenen el proceso

Claves de la noticia:

• Comisario ejidal de Kantunilkín: Reyna Floriceli Dzib Ayala denunció públicamente a Francisco Javier Gonzáles Alcocer, comisariado ejidal y dueño del parque ecoturístico “Kin-Ha”, por negarse a asumir la manutención de una menor de seis años.
• Freno a la prueba de ADN: El proceso civil en el Distrito Judicial de Kantunilkín exige una prueba pericial genética (ADN), pero la demandante asegura que el señalado ha promovido recursos legales para retrasar y estancar el dictamen.
• Presuntos mensajes de coacción: La denunciante exhibió mensajes de WhatsApp presuntamente enviados por la esposa del empresario, Laura Patricia Escalante Mendoza, en los que se le pide no presentarse al juzgado.

KANTUNILKÍN QR.– Un llamado a las autoridades judiciales para que el proceso legal no quede estancado ni congelado por el uso desmedido de recursos jurídicos interpuestos por la defensa, hizo Reyna Floriceli Dzib Ayala, habitante de la comunidad de Victoria, en el marco del juicio de paternidad y manutención que sostiene en contra del comisariado ejidal Francisco Javier González Alcocer.

Dzib Ayala acudió a la cabecera municipal para denunciar públicamente que el también propietario del parque ecoturístico “Kin-Ha” se niega a asumir la responsabilidad de una menor de seis años de edad, presuntamente su hija. La madre solicitó formalmente que el poder económico del demandado no se convierta en un obstáculo para garantizar el derecho a los alimentos de la niña.

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Comisario ejidal interpuso apelaciones

Según explicó la afectada, dentro del procedimiento legal radicado ante el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Kantunilkín, se ordenó la realización de una prueba pericial en materia genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN) a la menor —identificada bajo las iniciales X.I.D.A.— y al propio Gonzáles Alcocer, con el fin de determinar científicamente el vínculo biológico. No obstante, la denunciante acusó que el empresario ha interpuesto apelaciones y amparos para prolongar los tiempos jurídicos.

“Desgraciadamente parece que vale más el poder económico ante las autoridades que la responsabilidad hacia una hija”, sentenció Dzib Ayala, manifestando su preocupación por la presunta falta de equidad en el desarrollo del litigio.

Señalan intentos de persuasión externa

La denunciante también reveló que ha recibido mensajes a través de la aplicación WhatsApp presuntamente enviados por Laura Patricia Escalante Mendoza, esposa de Gonzáles Alcocer.

De acuerdo con el testimonio de Dzib Ayala, en dichas comunicaciones se le insta a “reflexionar” sobre la demanda emprendida, al tiempo que se le solicita de manera expresa no presentarse a las audiencias en el juzgado, argumentando temor a que el juicio se vea corrompido por intereses monetarios.

Rompe el silencio ante engaño del comisario ejidal de Kantunilkín

Dzib Ayala detalló que la relación con el funcionario ejidal se dio bajo engaños, ya que este ocultó su estado civil. Fue por recomendación y respaldo de su núcleo familiar que decidió romper el silencio e iniciar la batalla en los tribunales para que su hija obtenga el apellido y la pensión alimenticia obligatoria para su óptimo desarrollo.

Finalmente, la madre de familia reiteró la exigencia a los magistrados y jueces encargados de llevar el expediente para que actúen con total imparcialidad, rectitud y apego a derecho, priorizando en todo momento el principio del interés superior de la niñez por encima de influencias políticas o empresariales en la región.