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Andrés Blanco Cruz, asesor jurídico de las comunidades limítrofes. Foto: David Acosta

CHETUMAL, QR.- Al informar que se presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), el asesor del Comité de Gestión de la Zona limítrofe, Andrés Blanco Cruz, reveló que pobladores han sido amenazados y presionados por exigir obras, luego de ser excluidos en el Programa de Inversión Anual 2022.

El abogado recordó que 30 de las 33 comunidades asentadas en la frontera con Campeche y que están en el área en litigio con ese estado fueron excluidas una vez más para la realización de obras y dotación de servicios públicos.

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Por esta razón ingresaron una solicitud de juicio político en contra de la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández y en dos semanas a más tardar se estará presentando un amparo colectivo en contra del ayuntamiento capitalino.

Estrategia legal de comunidades incluye queja ante Derechos Humanos

Agregó que dentro de las estrategias jurídicas está el presentar también una denuncia ante la Cdheqroo, ya que ante la negativa de la administración municipal se vulneran derechos humanos por discriminación y atención también de comunidades indígenas que se encuentran en conflicto.

Se pretende una lucha legal integral, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Cdheqroo podría emitir una medida cautelar para garantizar el goce de los derechos humanos de los habitantes de las comunidades, debido a que entre las obras también hay proyectos de salud.

Lo ideal es no legar a estos extremos legales, dijo el abogado, porque se supone que las autoridades municipales tendrían que velar por satisfacer las necesidades de la población, al igual que las autoridades estatales y federales. Pero nadie lo hace, manifestó el asesor del Comité.

Blanco Cruz reveló que pobladores han sido localizados a través de llamadas o mensajes para presionarlos y amenazarlos, por parte servidores públicos de la comuna.

“Les dicen que no se metan en problemas o que podrían perder los recursos que les son entregados para gastos o administrativos que asciende a mil 200 pesos mensuales”, agregó.

Todos estos hechos están siendo considerados y analizados como elementos jurídicos.

Pese a ello, externó, la lucha no claudicará porque se trata de una lucha legítima de los habitantes de esta zona rural que se está siendo excluida.

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