CHETUMAL, QR.- Saulo Aguilar Bernés, integrante de la XVIII Legislatura local, se pronunció en contra de la reciente iniciativa que busca prohibir a los legisladores y funcionarios públicos difundir la entrega de apoyos sociales. El congresista aseguró que el sentido de esta propuesta se encuentra errado en términos jurídicos y constitucionales.
Aguilar Bernés argumentó que los integrantes del Congreso del Estado no solo cuentan con la facultad legal para realizar gestiones en favor de la ciudadanía, sino que tienen la obligación de comunicar estas acciones. Según el legislador, esta rendición de cuentas está respaldada plenamente por el principio de máxima publicidad.
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Cuestionan el sentido de la iniciativa promovida en el Congreso
Respecto a la propuesta impulsada por la legisladora María José Osorio Rosas y tres diputados más, Aguilar Bernés reconoció que aún desconoce el documento a fondo. Sin embargo, precisó que lo trascendido en los medios de comunicación advierte un impacto negativo que rebasaría el ámbito legislativo.
El diputado advirtió que la iniciativa podría traer serias repercusiones operativas no solo para los integrantes del Poder Legislativo. La reforma afectaría directamente a funcionarios de otros poderes del estado, así como a diversas instituciones públicas de Quintana Roo.
Advierten repercusiones que alcanzarían al Poder Ejecutivo
De acuerdo con el análisis del legislador, la prohibición propuesta alcanzaría incluso a la propia gobernadora del estado, Mara Lezama. Esto se debe a que, en la estructura actual de gobierno, existen muy pocas dependencias creadas exclusivamente para la gestión y entrega de apoyos sociales.
Aguilar Bernés recordó que, dentro de la administración estatal, la Secretaría del Bienestar (Sebien) es de las únicas instancias diseñadas exprofeso para cumplir con esta facultad principal. Por ello, limitar la difusión al resto de las áreas paralizaría la comunicación institucional indispensable.
Aseguran que la regulación de la propaganda ya es ley
En el aspecto legal, el diputado consideró que el planteamiento de la iniciativa resulta redundante. Señaló que el marco jurídico actual a nivel electoral ya contempla regulaciones estrictas y específicas sobre los tiempos de campaña y las características de la propaganda política.
Ante este panorama, insistió en que las leyes vigentes ya sancionan aquellas conductas que son consideradas de carácter electoral. Por lo tanto, crear una nueva prohibición sobre las gestiones cotidianas de los representantes populares no aporta elementos novedosos al marco jurídico existente.
El debate legislativo se trasladará a las comisiones
El legislador calificó la propuesta como un tema sumamente polémico dentro de la actual legislatura. No obstante, aclaró que sus observaciones son de primera impresión y que no tiene la intención de buscar conflictos internos con sus homólogos en el Congreso.
Aguilar Bernés precisó que estos comentarios se mantienen a reserva del análisis profundo que se realice en comisiones. El estudio detallado del texto comenzará formalmente una vez que la iniciativa ingrese de manera oficial y sea turnada para su dictaminación.
Proponen revisar la Ley Orgánica si se busca empezar desde casa
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el congresista insistió en que la propuesta original de los legisladores firmantes está mal encauzada. Sugirió que, si la intención real era modificar las conductas internas del Congreso, existían otras vías parlamentarias adecuadas.
“De primera impresión y jurídicamente hablando, me parece que está errado el sentido. En todo caso, si querían empezar desde casa, tenemos la Ley Orgánica del Congreso del Estado”, resaltó Aguilar Bernés para señalar la ruta legal idónea.
La difusión como una herramienta de transparencia ciudadana
Para el diputado quintanarroense, el acto de informar sobre el trabajo social y las gestiones no debe catalogarse de forma negativa. Por el contrario, defender la difusión de estas actividades abona directamente a la transparencia y al conocimiento público del quehacer legislativo.
El congresista detalló que el uso de medios digitales se realiza bajo un criterio de consentimiento. Explicó que siempre que el equipo de un legislador sube una fotografía o material similar a las redes sociales, se le consulta previamente a los ciudadanos si están de acuerdo con la publicación.
Ética y sensibilidad frente a la promoción de imagen
Respecto a los señalamientos de que se lucra con la necesidad de la población, el diputado enfatizó que las gestiones ciudadanas no son un tema de promoción de imagen personal. Sostuvo que el actuar diario de los representantes se rige por valores morales fundamentales.
Aguilar Bernés aclaró que existen criterios muy claros donde entra la ética y la sensibilidad social de cada legislador para no publicar ciertos hechos. Como ejemplo, mencionó que se evita exhibir a personas convalecientes, que están en un hospital o que enfrentan el fallecimiento de un familiar.
El origen de la propuesta de prohibición absoluta
La controversia inició el pasado 12 de mayo, fecha en que la diputada María José Osorio Rosas ingresó formalmente la iniciativa de reforma. El proyecto busca prohibir explícitamente la promoción de imagen de diputados, políticos o funcionarios públicos mediante la entrega de apoyos de gestión.
La propuesta de Osorio Rosas estipula que, al momento de entregarse un apoyo social, el acto no sea hecho público bajo ninguna circunstancia. El objetivo argumentado por la promotora es proteger la integridad de los beneficiarios y evitar que se lucre políticamente con las necesidades de la gente.
Buscan reformar la Ley Electoral y aplicar sanciones
La iniciativa de la legisladora también plantea una restricción para que únicamente las dependencias facultadas de manera principal para la asistencia social puedan difundir estos actos. Con ello se busca centralizar la información institucional de carácter social en la entidad.
Finalmente, se detalló que la propuesta cuenta con el respaldo y la firma de los legisladores Hugo Alday Nieto, Ricardo Velazco Rodríguez y Jorge Cabrera. El proyecto pretende reformar la Ley Electoral del Estado para establecer de manera formal un catálogo de sanciones para quienes infrinjan la norma.
DATO CLAVE: La iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por la diputada María José Osorio Rosas, junto a Hugo Alday, Ricardo Velazco y Jorge Cabrera, pretende reformar la Ley Electoral del Estado para prohibir la difusión de apoyos de gestión y establecer sanciones a los infractores. Sin embargo, diputados como Saulo Aguilar advierten que la propuesta es redundante y vulnera el principio de máxima publicidad.
