Congreso de Quintana Roo aprueba reformas para frenar el fraude inmobiliario

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CHETUMAL, QR.- El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La iniciativa, impulsada por el diputado Hugo Alday Nieto, coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, busca frenar el crecimiento desordenado, proteger el entorno y prevenir el fraude inmobiliario en desarrollos que operan fuera del marco legal.

Las autoridades estatales y municipales deberán publicar periódicamente en los portales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y de los ayuntamientos, la lista de desarrollos habitacionales y fraccionamientos que cuenten con los permisos ambientales y urbanísticos correspondientes.

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Fraude inmobiliario
El diputado Hugo Alday impulsa reformas para frenar el fraude inmobiliario en Quintana Roo. Foto: Cortesía.

Este mecanismo permitirá a la ciudadanía identificar los proyectos autorizados y evitar el fraude inmobiliario promovido por empresas que venden terrenos sin contar con permisos válidos, en zonas no aptas o en proceso de regularización.

Las reformas incorporan criterios de equidad en el ordenamiento territorial, con el objetivo de garantizar el acceso legal y seguro a la tierra para sectores de bajos ingresos y poblaciones vulnerables. También se introdujo la figura de conservación con perspectiva ambiental y cultural, que obliga a considerar el valor ecológico e histórico del territorio al planear nuevos desarrollos.

Poner fin al fraude inmmobilairio

Fraude inmobiliario
El Congreso aprueba por unanimidad reformas contra el fraude inmobiliario y los asentamientos irregulares. Foto: Cortesía.

Durante la discusión legislativa, Alday Nieto subrayó que estas medidas buscan poner fin al fraude inmobiliario que ha dañado el patrimonio de miles de familias en Quintana Roo. Añadió que se deben tomar decisiones urbanas con base en análisis técnicos que identifiquen riesgos y regulen el crecimiento territorial.

La publicación obligatoria de proyectos autorizados, la inclusión de criterios ambientales y el enfoque en grupos históricamente excluidos conforman una estrategia integral para enfrentar el problema del fraude inmobiliario y prevenir la proliferación de asentamientos irregulares, informa el boletín de prensa.

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