CHETUMAL, QRoo.- “Voy a conseguir mi casa”, esas fueron las firmes palabras de don Miguel, quien llegó hace 60 años a Chetumal y desde entonces ha dedicado su vida al trabajo. Sus condiciones económicas le han impedido contar con una vivienda propia, pero hoy alberga la esperanza de lograr su cometido, pese a su salario como paletero.
Miguel Vázquez Méndez es originario del estado de Veracruz y desde hace algún tiempo tiene como prioridad hacerse de una propiedad. Es divorciado y sus hijos ya son adultos con familia.
Por el momento vive solo y renta un cuarto en la colonia Centro, cerca del sindicato de taxistas. Se está dando una segunda oportunidad de tener otra pareja y ello le ha impulsado a conseguir una estancia propia.
Ya inició por el momento con las visitas a las inmobiliarias de la ciudad, las que le han requerido algunos documentos, pero tiene dificultades con su acta de nacimiento que se encuentra en mal estado y ello le ha impedido tener un presupuesto para saber si con su ingreso puede obtener un crédito de vivienda.
El miércoles se enteró de un evento en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno organizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) denominado “Caravana de la Vivienda”.
Conoce y sabe que debido a que no trabaja en una institución pública no es sujeto de crédito y a pesar de que trabaja como paletero desde hace 37 años, nunca ha estado afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS).
Vestido para la ocasión, con camisa de manga larga de rayas, pantalón café, botas vaqueras amarillas, cinturón piteado, gorra y lentes oscuros, acudió al evento y su misión no fue ir a pedir crédito a través del FOVISSSTE, sino visitar las cerca de 15 inmobiliarias que se dieron cita en el lugar para conocer si tiene oportunidad de forma particular en adquirir una vivienda.
Sin embargo tiene que reunir algunos documentos que le solicitaron y entre ellos de nueva cuenta salió a la luz el acta de nacimiento para actualizar su identificación, además que tiene que comprobar ingresos.
Como paletero en un buen día gana hasta 300 pesos, pero cuenta con el apoyo otorgado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar a los adultos mayores, y con ello podría tener la posibilidad de contar con una casa.
Don Miguel ese día no se observaba preocupado, desconcertado y menos desanimado. Con voz segura dijo: “voy a conseguir mi casa y como necesito mi documento viajaré a Veracruz a tramitar mi acta y seguir con el trámite”.
Don Miguel pertenece a las cerca de 33 mil familias que no cuentan con vivienda propia en Quintana Roo, según el último Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social realizado por el Gobierno Federal.
El costo de una vivienda promedio es de aproximadamente 450 mil pesos, de acuerdo al ISSSTE. Pocos programas existen en el estado para adquisición de casas económicas y aún con ello hay complicaciones para obtenerlas.
Un ejemplo fue la entrega simbólica de llaves de vivienda por el gobernador Carlos Joaquín en marzo de 2019, de un programa en el que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) es responsable y hasta el momento las familias no han podido ocuparlas en su totalidad por inconclusas y por la tramitología, luego de un evento que fue anunciado con bombos y platillo.
Las viviendas tienen un costo de 143 mil pesos y la mensualidad para los propietarios, de dos mil 800 pesos mensuales, durante siete años. Al final acabarán pagando 235 mil 200 pesos.
La vivienda pequeña está edificada sobre un lote urbanizado, con dimensiones de 5.70 por 18 metros, de los cuales 2 metros son de uso común restringido.
Caravana de la Vivienda
La Caravana de la Vivienda está dirigida a trabajadores municipales, estatales y federales que cotizan ISSSTE y se realizó desde el miércoles y hasta el viernes. Sin embargo no hubo ningún acto protocolario motivado por la agenda del gobernador Carlos Joaquín..
En las actividades del miércoles los trabajadores o pensionados en su mayoría fueron a quejarse de los cobros de sus viviendas o préstamos hipotecarios. Algunos porque después de pagar su casa aún la institución les seguía cobrando la mensualidad y otros, porque a pesar de estar al corriente con el pago de sus créditos el monto de la deuda se elevó en más de 100 por ciento.
De hecho los stands de las inmobiliarias colocados, debajo de un toldo instalado en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, para pedir información sobre adquisición de nuevas viviendas, lucían casi vacíos. Las pocas autoridades que acudieron no supieron dar respuestas claras a las denuncias y quejas.
PUERTO MORELOS, QRoo.- La madrugada de hoy, en redes sociales, la protesta empezó a viralizarse: pobladores de este destino turístico denunciaron que las autoridades municipales demolerían el casco antiguo del puerto, uno de los iconos del pueblo de pescadores.
A través de su cuenta de Facebook, Adrián Tuli Chavero dio a conocer que taxistas y ciudadanos se estaban uniendo para frenar la presunta destrucción del casco. El activista dijo que el municipio invertiría 19 millones de pesos para ese fin.
Tuli Chavero dijo que se harían guardias con el apoyo de los taxistas que están en contra del plan del ayuntamiento portomorelense para evitar la acción del municipio que actualmente gobierna la verdeecologista Laura Fernández Piña, y que estarían comunicando las acciones a través de distintas redes sociales.
En la mañana de hoy, se publicó a través de la plataforma change.org la petición para recabar firmas: “Ayuda a detener la demolición del casco antiguo de Pto. Morelos”, publicada por Shane Benevento.
En esta plataforma se explica que la intención de las autoridades del municipio es que quieren “demoler el casco antiguo de Puerto Morelos, un parque icónico para residentes y visitantes por igual. Ayuda con tu firma para que este horrible acto político se detenga y se invierta en lo que en verdad necesitamos los Portomorelenses como, pavimentación, seguridad pública, escuelas, alumbrado público, hospitales, señalizaciones viales y ciclopistas…. (sic)”
Policías municipales, en los alrededores del caso antiguo de Puerto Morelos.
Crystal Mullins, una vecina de Puerto Morelos, que apoya la protesta, escribió en Facebook que la alcaldesa “necesita poner ese dinero (los 19 millones de pesos) en una mejor infraestructura del puerto y la colonia”.
Juan Manuel Estrada, también en Facebook, comentó que la remodelación es un gasto “no una inversión; invierte en las calles, el drenaje, cámaras de seguridad, cosas útiles. Basta de los negocios e intereses personales que beneficien a quien no vive ni vivirá aquí nunca”, en clara alusión a la presidente municipal.
Al lugar llegaron unidades de la Policía Municipal. Funcionarios de la administración de Fernández Piña no habían acudido a dialogar con los manifestantes.
Puerto Morelos es un destino que se ubica entre Cancún y Playa del Carmen. Adquirió su estatus de municipio en 2015, bajo el gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy en prisión.
Imagen que representa la vista que tendría la Plaza de la Reforma tras los trabajos de remodelación.
Staff | R360
CANCÚN, QRoo.- Por primera vez desde hace más de un lustro, la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, conocida como Plaza de la Reforma, será remodelada con recursos federales y municipales. Este proyecto ocurre en el segundo año de gobierno del la alcaldesa morenista, Mara Lezama.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en representación del Gobierno de México, comprometió los recursos, para la remodelación y ampliación del lugar icono del centro de Cancún. También participará el municipio en un proyecto que cuidará “aspectos históricos y arquitectónicos, y a la vez se le dará un aspecto vanguardista y funcional”, cita un comunicado.
De acuerdo con un boletín del municipio, “en la obra, se utilizarán materiales locales; no se afectarán las plantas de las áreas jardinadas y se incrementará el número de árboles con especies autóctonas”. El comunicado agrega que “la iluminación será transformada con luz cálida, a fin de dotarla con una mayor visibilidad para un mejor aprovechamiento nocturno de la plaza”.
El compromiso de Fonatur, de acuerdo con el municipio, es concluir los trabajos en abril, para entregar la Plaza de la Reforma a los cancunenses el día 20 de ese mes, cuando Cancún cumple 50 años de su fundación.
“Los cancunenses nos merecemos una plaza a la altura de un destino turístico internacional. Esto también es parte de la transformación de Cancún, tierra de todos”, declaró Mara Lezama, en cuya administración que inició en octubre de 2018, se ha priorizado al rescate de espacios que dan identidad al municipio de Benito Juárez.
“La presidente municipal destacó que, gracias a la cercanía y al interés del Gobierno de México, de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador y Fonatur, se obtuvo el apoyo para remodelar el sitio”, señala el boletín enviado a medios el miércoles por la noche.
“La Plaza de la Reforma es un ícono de Cancún. Es el centro de reunión de los cancunenses y parte fundamental de la historia de la ciudad”
La última vez que Plaza de la Reforma fue modificada ocurrió durante la administración del priista Paul Carrillo, que modificó además las banquetas y la vialidad de la avenida Tulum, próxima al Palacio Municipal, en 2013. Cinco años después, en 2018, se incluyó un parador turístico durante el gobierno del verdeecologista, Remberto Estrada.
CHETUMAL, QRoo.- Un nuevo municipio empieza a gestarse en Quintana Roo. En tres ocasiones por lo menos se ha insistido en elCongreso de Quintana Roo. A principios de año ingresó la última propuesta, sin embargo persiste la duda sobre su número de población y la posibilidad de autonomía económica, al ser una delegación que se dedica principalmente a la actividad primaria.
El 13 de enero pasado representantes de Nicolás Bravo y del municipio de Bacalar, junto con el presidente del Comité Pro defensa de los Límites de Quintana Roo, Reynaldo Blanco Baeza, ingresaron una nueva solicitud a través de Oficialía de Partes del Poder Legislativo, para la creación del doceavo municipio con cabecera en esa comunidad.
En esta ocasión, según Blanco Baeza, es parte de la presión que se ejerce para recuperar la superficie territorial en litigio con Campeche.
Sin embargo no es la primera vez que se solicita la creación del municipio, pues se hizo lo propio en 2013 y 2017, sin embargo en ninguno de los casos prosperó al argumentar las legislaturas XIV y XV el incumplimiento de los requisitos, en especial autonomía económica y número de población.
En este tercer intento se pretende comprobar esa autosuficiencia y demografía necesaria, sin embargo se pide que sean los diputados los que vuelvan a hacer ese análisis actualizado.
Momento en que se ingresa la solicitud de declaratoria para Nicolás Bravo.
Alberto Batun Chulim, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XVI Legislatura, tenía desconocimiento de las dos propuestas anteriores, sin embargo comentó que es de vital importancia para la creación de un nuevo municipio garantizar el aspecto económico. No se requieren en Quintana Roo, dijo, municipios pobres como el caso de José María Morelos. Además está el tema del número de población que marca la normatividad respectiva.
El último censo oficial realizado en Nicolás Bravo, en 2010, arrojó una cantidad apenas superior a los cuatro mil habitantes, en tanto que en el 2017 la estimación fue de alrededor de siete mil. Se espera que con el Censo del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se pueda cumplir con el requisito de por lo menos 10 mil habitantes.
La propuesta para la creación del doceavo municipio es que abarque unas 40 comunidades de Othón P. Blanco y Bacalar, con lo que además se cumpliría con el requisito de por lo menos 30 mil habitantes de manera general en la demarcación municipal. Esta zona abarcaría desde la frontera con Xpujil hasta el poblado de González Ortega y desde Nuevo Caanán, municipio de Bacalar, hasta los límites de Belice. Ello también podría servir para atender las necesidades de Cerro de las Flores y Dos Aguadas.
Aunque básicamente la actividad en toda la zona es agropecuaria, el comisario ejidal de Nicolás Bravo, Ariel Novelo Morales, aseguró que la región tiene el potencial económico para ser autosuficiente. “Hay ganadería, hay agricultura, hay potencial turístico, tenemos zonas arqueológicas y reservas naturales, también se puede aprovechar sustentablemente los recursos forestales”.
Sin embargo señaló que si bien es cierto hay personas que están impulsando el nuevo municipio, hay gente ajena que contamina este legítimo derecho. “Lo que no queremos es que se quiera un nuevo municipio para botín político o interés económico, ya estamos hartos de eso”.
Ante el esta última propuesta ingresada ante el Congreso local, el propio presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez, se pronunció a favor porque también serviría para tener un mejor control administrativo, jurídico y político, además de que es natural el crecimiento del estado y de sus ayuntamientos.
El artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo establece que para la creación de municipios en el Estado se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura y la de la mayoría de los ayuntamientos, así como la concurrencia de los siguientes elementos:
Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes; que la superficie del territorio del estado en que se pretenda erigir, sea suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de desarrollo futuro; que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen posibilidades de autosuficiencia económica y que su población no sea inferior a treinta mil habitantes.
La comunidad en que se establezca su cabecera cuente con más de diez mil habitantes; que la ciudad señalada tenga los servicios públicos adecuados para su población, y que previamente se escuche la opinión de los ayuntamientos de los municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del nuevo.
Juega el Congreso con la recoja de basura en Cancún.
David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- Al igual que con el Transitorio Séptimo de la Ley de Ingresos del Estado, que daba beneficios fiscales a nuevos casinos y que fue derogado por la XVI Legislatura, las reformas hechas a la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, en su artículo 135, fueron realizadas por la misma Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, del Congreso de Quintana Roo y provocaron el malestar de los empresarios de Cancún, quienes hicieron llegar un oficio a los diputados para solicitar den marcha atrás con las modificaciones relacionadas con contenedores incluidos en el servicio de la basura.
Tras aprobarse en diciembre pasado y su entrada en vigor el 1 de enero de 2020, que sorprendió incluso a regidores y gobierno municipal de Benito Juárez, las modificaciones de los diputados han motivado críticas y molestias por parte de los empresarios, porque la concesionaria Eco’ox pretende cobrar los contenedores a la iniciativa privada, a través de una de las compañías a cargo del servicio de recoja de basura: Intelligencia México.
El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) publicó el domingo un desplegado en el que fija su postura en contra, ya que la iniciativa privada es la que resulta impactada por este cobro al que califican de irregular.
La presidente de esta agrupación empresarial, Inna Germán Gómez, señaló que la postura es que se modifique la ley. Dijo que los temas que más preocupan son: el manejo de la base de datos dentro de la plataforma de la concesionaria y el asunto de los contenedores.
“O sea, si la concesión está, ahora sí, con un contrato con el municipio, pues la concesión debe absorber los costos como cualquier empresa sana, no repartir esos costos a un sector, que es lo que se ha estado viviendo”.
La situación es transparentar el contrato con la concesionaria y analizarlo con la Barra de Abogados para ver qué es lo que está pasando. Incluso hay posibilidad de amparos, aunque ya se creó una comisión para atender el tema con la concesionaria y el ayuntamiento.
Ante la polémica, el presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos en el Cabildo, Miguel Ángel Zenteno, informó que el cobro por el servicio de los contenedores será retirado y se ajustará el costo del servicio a los negocios.
Tanto él, como el regidor Isaac Janix, responsabilizaron a los diputados de aprobar un alza en el cobro de un derecho sin enterar al Cabildo, específicamente por los contenedores. El segundo fue más allá, al señalar que incluso se aprobaron beneficios fiscales y lo que se aprobó fue totalmente diferente.
Al respecto el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, José de la Peña Ruiz de Chávez negó que hubiera algo debajo del agua y que el tema en particular se trabajó con el personal de Tesorería de Benito Juárez. “Volvemos a lo mismo: la información siempre estaba. Te metes a los trabajos de comisiones y en todo momento los puntos que se trataron fueron transparentes”.
Sin embargo destacó que la propia presidente municipal, Mara Lezama, planteó a los propios empresarios que no paguen por el servicio en tanto el propio ayuntamiento establece reglas claras al respecto, pero el tema no ha quedado ahí.
Los empresarios ingresaron al Congreso del Estado una solicitud para reformar el artículo 135 en días pasados, según confirmó la propia presidenta de la Comisión Permanente, Cristina Torres Gómez.
Según los empresarios el cobro está establecido en ley y ello puede generar consecuencias legales. De hecho el artículo refiere que las personas físicas o morales con inmuebles con actividades comerciales, industriales o de servicios, están obligadas a pagar, además de la recolección de basura concesionada a Intelligencia México, las nuevas tarifas por los contenedores que serán instalados en diversas zonas de Cancún.
Torres Gómez dijo que la propuesta o solicitud presentada por los empresarios está en estudio, sin embargo acotó que adicional a ello se debe de hacer una mesa de análisis entre la iniciativa privada, autoridades y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
También recomendó a los promoventes que subsanen los requisitos de procedibilidad de dicho escrito ingresado a través de la Oficialía de Partes, pues no tiene firmas. “Eso no significa que se deseche; si quieren que tenga carácter de reforma, pues tiene que seguirse el proceso legislativo”.
En cuanto al Consejo Coordinador Empresarial del Caribe que fijó su postura, opinó que se debe de escuchar a las partes.
De acuerdo al esquema planteado en la legislación municipal, el costo por uso de contenedores quedaría de la siguiente manera: de 26 kilogramos, a 30 pesos mensuales; de 51 kilogramos, a 76 pesos y por uno de 304 kilogramos, en 770 pesos.
Al día en Benito Juárez se recolectan alrededor de mil 350 toneladas de basura, siendo las empresas concesionarias por el servicio Intelligencia México y Promotora Inmobiliaria Mahahual.
La vista de Marco Antonio tiene los días contados si no obtiene apoyo para una operación.
David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- Marco Antonio acudió alCongreso del Estadopor una urgencia médica y todos los diputados estaban ausentes. A él se le acaba el tiempo y podría perder la vista, requiere conseguir más de 13 mil pesos para una cirugía en la ciudad de Mérida y tiene como plazo hasta el 30 de enero para pagar el material que los servicios públicos de salud no cubren.
Por sus problemas visuales, para desplazarse, Marco Antonio necesita el apoyo de su esposa, Josefa Celis León y desde hace poco más de cinco meses que no puede trabajar, sus condiciones humildes le han obligado a buscar ayuda entre familiares, amigos y vecinos, que sin compromiso y con mucho cariño le han tenido la mano.
La complicación de salud viene de un problema de diabetes que se le agravó y le afectó la vista, por lo que hace cinco meses durante su jornada como albañil se le “reventó” la retina del ojo derecho y desde entonces no le quedó más que buscar la forma de cómo atender su afección; poco a poco ha estado perdiendo la vista. Su problema tiene solución a través de cirugías.
El ojo izquierdo también tenía un problema que a duras penas logró “medio” salvar gracias a que fue atendido en Mérida, Yucatán. Recuerda que se hizo una cirugía láser en una clínica particular en Chetumal porque estaba perdiendo la vista, sin embargo no fue correctamente hecha y tuvieron que corregir el “error” en un hospital de la capital yucateca. “Me tuvieron que dar dos sesiones más con láser”, dice Marco Antonio.
El ojo derecho es el que le preocupa más ahora, pues tiene el tiempo medido. La cirugía la tramitó a través de los servicios estatales de salud (Insabi-antes Seguro Popular), pero es subrogada a una clínica también en la ciudad de Mérida, Yucatán, porque en Quintana Roo no hay retinólogo en los hospitales públicos.
La cirugía como tal tiene un costo de mil 200 pesos, sin embargo el problema es el costo del material que se requiere: asciende a 15 mil pesos y que no cubren los servicios de salud pública, pero que tiene que conseguir el paciente por su propia cuenta. Además que necesita gastos de transporte, estancia y alimentación, haciendo un global de unos 20 mil pesos aproximadamente.
Hasta el momento ha logrado conseguir solo siete mil 500 pesos en las puertas que ha tocado, que equivale solamente al 50 por ciento del costo del material para la cirugía.
El lunes, desde temprana hora, Marco Antonio, acompañado de su esposa, acudió a la sede del Poder Legislativo con la esperanza de dialogar con algún diputado para solicitar apoyo. Sin embargo se enfrentó con la sorpresa de que ningún congresista estaba presente, por lo que decidió esperar por un rato, sin éxito.
Y para no desaprovechar la ida dejó un documento de solicitud de ayuda con la secretaria de la legisladora Linda Cobos Castro, del Distrito IV de Chetumal, para ver si en cuanto llegue a su oficina atiende el escrito y defina si le da o no el apoyo que necesita.
Marco Antonio y Josefa, quienes viven en el fraccionamiento El Encanto, tienen tres hijos, de 8, 9 y 13, todos en edad de estudiar. La familia ha recibido ayuda hasta de hermanos de la iglesia a la que acuden, ya que actualmente es Josefa la que tiene el mayor peso económico, sin embargo ella es trabajadora del hogar y su sueldo no es suficiente.
La cirugía está agendada para el 4 de febrero y el límite para pagar el material es el jueves 30 de enero, porque con ello se asegura la intervención quirúrgica, de lo contrario sería reprogramada y tiempo es lo que no hay dijo Marco Antonio, quien agregó que el problema mayor son unos coágulos de sangre en el ojo derecho que en cualquier momento podrían reventar y afectaría al ojo izquierdo con el que apenas alcanza a ver de cerca, pese a las cirugías láser. Ello lo podría dejar ciego.
Para cualquier ayuda particular, Marco Antonio proporcionó su número celular: 983 1433786.
Inicierto el futuro de las personas con discapacidad en Quintana Roo
Jazmín Ramos | R360
Segunda de dos partes
CANCÚN, QRoo.- La operación del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, aprobada por la XV Legislatura de Quintana Roo, está parada por falta de presupuesto desde 2018. El Ejecutivo estatal no lo contempló en el Presupuesto de 2019.
Las Personas con Discapacidad (PCD) están desamparadas en muchos sentidos: en la movilidad, el transporte, en la falta de oportunidades laborales. En lo concerniente al acceso a la educación, la PCD tampoco la tienen fácil a pesar de que es uno de los derechos más importantes en el desarrollo de todo individuo, dado que existen barreas no solo de infraestructura sino todo un esquema social y económico que los discrimina.
El sistema educativo público no es inclusivo y se limita a ofrecer servicios educativos enfocados a que las PCD aprendan un oficio reduciendo sus oportunidades de desarrollo; ante la inaccesibilidad del sistema a veces no logran ni concluir sus estudios básicos.
Estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) indican que en los últimos 10 años el nivel de analfabetismo en las PCD ha disminuido, pero este sector sigue enfrentando esta barrera del acceso a la educación, tan es así que 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir. Mientras que el 3.7% de los hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, esta carencia es mayor en personas con discapacidad; el 20.0% son hombres y 24.0% son mujeres.
En cuanto al nivel de educación predominante de la población con discapacidad de 15 años y más es la primaria; de cada 100 personas, 45 tienen terminado este nivel; 23 de 100 no tienen escolaridad y solo siete cuentan con educación superior y otra buena parte no tiene nivel de instrucción.
Abraham Rodríguez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), indica que por años las escuelas se construyeron sin infraestructura adecuada para niños y niñas con discapacidad, sobre todo motoras por ello los planteles tienen rezagos y es ahí donde trabajan.
“Hay proyectos enfocados en que las escuelas cuenten con las rampas necesarias y eliminar los desniveles que hay hacia el interior para que haya una facilidad de movilidad de las PCD”.
Asegura que se avanza en el tema, de tal manera que ya se cuenta con un módulo de baños exclusivamente para personas con discapacidad, en la mayoría de los planteles, pero aún falta trabajar en las escuelas antiguas, para poder adecuarlas,
“Llevamos a la fecha un trabajo en el 30% de ellas. Estamos hablando de que en el Estado son aproximadamente mil 300 escuelas de nivel básico, de éstas el 30% ya logramos adecuarlas”.
Comenta que para adecuar las instituciones educativas se requiere una inversión de 120 mil pesos por plantel, aunque esto es solo el inicio, pues se debe trabajar en otros aspectos a fin de lograr que una escuela sea completamente inclusiva.
“También se requiere capacitar a los maestros para que tengan los conocimientos necesarios y el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sea inclusivo atendiendo a los estudiantes con diferentes discapacidades no solo motoras”, señala.
Las oportunidades laborales son limitadas; sólo el 39.1 por ciento de las PCD tiene empleo y gana 33.5 por ciento menos que el resto, según datos de la Organización Impunidad Cero con base en la investigación El Derecho al Trabajo de las Personas con Discapacidad.
A esta problemática se suma que hay discriminación entre las mujeres y los hombres con discapacidad, pues estos últimos tienen el doble de oportunidades de encontrar un empleo más rápido que ellas.
Referente a la brecha de ingresos, las personas con discapacidad reciben por su trabajo 33.5 por ciento menos de lo que ganan las personas sin discapacidad.
Del total de la población de 15 años o más con discapacidad, 32 por ciento no percibe ingresos. Y de los que sí obtienen paga, las principales fuentes de ingreso son de un trabajo (40.2 por ciento); programas sociales de gobierno (39 por ciento); por jubilación o pensión (21.6 por ciento) y por ayuda de familiares o conocidos (12.9 por ciento).
ALTERNATIVAS A BARRERAS LABORALES
Concepción Viveros Salva, presidenta de la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Intelectual (Apafhden) en Benito Juárez, menciona que ante las barreras para que las PCD obtengan un empleo, los colectivos sociales se unifican impulsando talleres ocupacionales que permitan a este sector obtener ingresos.
Menciona que ese es el caso de la asociación civil que fundó hace 26 años, atendiendo a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en formación de talleres ocupacionales de piñatas, repostería y cocina.
Comenta que si bien las PCD enfrentan factores que limitan su desarrollo, en el caso de las personas que sufren una discapacidad intelectual es más problemática a diferencia de una persona en silla de ruedas que tiene sus capacidades intelectuales.
“Sí hay casos de que han conseguido trabajo en algunas empresas con apertura, pero realmente falta mucho para que se tenga esa accesibilidad al mercado laboral porque además cada discapacidad tiene su propia problemática”, afirma.
Sostiene que el avance en materia laboral es mínimo, esto no quiere decir que no haya mejoras porque las organizaciones hacen un trabajo enorme en defensa de sus derechos, pero todavía hay mucha discriminación y hace falta infraestructura en el sector laboral para que se abran plazas para las PCD.
Solo en el tema de la movilidad hay rezagos, que impiden acceder a una escuela o alguna oficina de gobierno, entonces todavía falta concientizar en que se tiene que dar el espacio para que las personas sepan atenderlas.
Personas con Discapacidad, ignoradas por el gobierno de Quintana Roo.
Indica que lo que sí es destacable es que ya hay una ley, ahora lo que sigue es trabajar para que se cumpla y gradualmente las PCD pueda tener acceso a las educación, al trabajo y a la salud.
Dijo que en Quintana Roo se tiene un avance con la creación del instituto, lo que sigue ahora es la voluntad de gobierno del estado para que entre en funciones y se sienten las bases a fin de que este sector mejore su calidad de vida.
SERVICIOS DE SALUD
Otro factor en el cual las PCD se encuentran por debajo de la media nacional es el acceso a los servicios de salud, toda vez que la mayoría no está adscrito a instituciones como el Seguro Popular, el IMSS o el Issste.
Las estadísticas del Inegi muestran que el sector más rezagado es el que sufre la discapacidad del habla; las personas que menos carencias presentan en este aspecto son las que tienen discapacidad múltiple.
El Seguro Popular y el IMSS son los principales medios para el acceso a servicios de salud de las PCD, pero éste depende generalmente del aseguramiento de otra persona en el hogar para acceder a ese derecho.
En promedio los hogares con PCD gastan mensualmente más en rubros de salud (2,371 pesos) que los hogares sin PCD (1,277pesos), mientras que en los medicamentos recetados y atención hospitalaria hay un mayor porcentaje de gasto en hogares con PCD.
Alejandra Becerril Amador, directora de la Asociación Pro Niños Excepcionales, comenta que el acceso a los servicios a la salud es quizás uno de los obstáculos que más complica a las PCD, de tal forma que hay organizaciones que se enfocan precisamente en apoyar a las familias para la rehabilitación y educación de este sector.
Es así como en 1996 nace la asociación que preside y desde entonces trabajan en beneficio de las PCD, atendiendo actualmente a un promedio de 140 a 150 personas con discapacidad intelectual, motriz y autismo.
“Nosotros tenemos una población universal, porque no es una institución que atienda una sola discapacidad, nosotros tenemos un modelo de terapias, que nos permite atender a una diversidad de situaciones con las que viven las personas con discapacidad”, afirma.
Al referirse al número de personas en Quintana Roo que tienen alguna discapacidad, dijo que no hay una cifra confiable e incluso los datos que se difunden a nivel nacional solo son un aproximado, de hecho a nivel mundial se ha manejado que cualquier población tienen un 10%, aunque últimamente la OMS lo subió a 15%.
“En México, el Inegi, que es el encargado de recabar los datos, ha tenido problemas para dar cifras exactas de la población con discapacidad y eso surge por la manera en que se realizan las encuestas en el momento en el que se levanta el censo”, apunta.
Agrega que las personas que lo realizan tendrían que tener una capacitación mayor para detectar a la población con discapacidad, tomando en cuenta que hay familias que aún esconden estas situaciones o las niegan, “eso hace que las cifras no sean exactas”.
Sostuvo que han participado con el Inegi para la elaboración del cuestionario de la consulta del 2020 y en esa consulta se dieron cuenta que no estaba contemplado el tema de la discapacidad en el cuestionario básico, sino en el que se da como opcional.
“Afortunadamente tenemos fuerza a nivel nacional y nos movilizamos, logrando que el Inegi pusiera a consulta en un link para que pudiéramos hacer nuestras observaciones y ahí las organizaciones hicimos la petición de que fuéramos consideradas en el tema del cuestionario básico, porque consideramos que la discapacidad es una cuestión que acompaña a la persona, no es algo complementario u opcional”, señala.
Con ello, lo que se busca es que la discapacidad se vea como una realidad y que los ciudadanos se concienticen de que las PCD son relegadas de la sociedad y enfrentan dificultades para accesar a los servicios de salud, a la educación y el empleo.
“Si nosotros tuviéramos modelos universales en los que independientemente de una condición todos pudiéramos acceder a servicios y productos, la discapacidad no existiría”, indica.
Menciona que se está avanzando, pero a pasos muy lentos en el tema de la inclusión y desafortunadamente todavía existe una sociedad con mucho desconocimiento, que lejos de ayudar o apoyar a las personas aún se siguen teniendo modelos de protección.
“Son modelos asistenciales, modelos de “hay pobrecito”, “córrele y cárgalo” o “córrele” y que no lo dejes que haga algo y ese proteccionismo y ese asistencialismo perjudica mucho a las personas con discapacidad”, precisa.
Comenta que se sigue teniendo esta visión asistencialista, de ahí que el avance sea muy lento, pero precisamente para cambiar esos esquemas es como nace el instituto, que es una respuesta que ha surgido de diversos estados a fin de poder garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
FUERA DE LA LEY
Precisa que los institutos empezaron a surgir en diferentes estados, actualmente hay nueve algunos están en la Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Tlaxcala, Colima, Veracruz y Baja California.
“Esos institutos han sido la respuesta, porque se crean a través de una ley y de un organismo descentralizado con capacidad jurídica propia para que se puedan a través de éste garantizar todos los ejercicios de inclusión”, explica.
Señala que en Quintana Roo con el trabajo de diversas organizaciones desde que se dio el cambio del actual gobierno se promovió la propuesta de contar con el instituto, el cual ya se logró pero todavía no entra en funciones.
“Esto pasa porque los servidores públicos y nuestros legisladores no se actualizan, entonces muchos siguen desconociendo que existe una convención que México firmó: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento jurídicamente vinculante mediante el cual el país está obligado a implementar y entregar informes sobre sus avances en la implementación”, admite.
Explica que este documento es el que garantiza totalmente un modelo social, con un enfoque de derechos a las personas con discapacidad y los diputados, funcionarios, servidores públicos y hasta el propio gobernador Carlos Joaquín lo desconocen.
Menciona que cuando empezaron con la propuesta del instituto, los diputados de la anterior legislatura, Emiliano Ramos Hernández y Leslie Hendricks Rubio fueron los únicos en apoyarlos para darle forma a la iniciativa y finalmente se aprobó y aquí la situación es que no hay respuesta del gobierno para que entre ya en funciones.
“Nuevamente estamos esperando la voluntad política del gobernador para que pueda entrar en función el Instituto. No hay una fecha. Nosotros sabemos de algunas fuentes que el gobernador no está de acuerdo con el instituto y pensamos que él está mal asesorado al pensar que habrá duplicidad de funciones”, denuncia.
En ese sentido, recalcó que el instituto no va a ser un centro de rehabilitación, no va a ser un centro de terapias, no va a ser un centro que ofrezca algún servicio; es un centro de canalización, de orientación, de vinculación entre las diversas secretarías a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
No obstante, se sigue actuando o dando respuestas de antaño, muy proteccionistas, muy asistencialistas, y eso obviamente es una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad y por eso no se avanza.
Movilidad, uno de los problemas para las personas con discapacidad.
Jazmín Ramos | R360
(Primera de dos partes)
CANCÚN, QRoo.- Bajo el argumento de que hay duplicidad de funciones con otras dependencias entre ellas el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el gobernador del estado Carlos Joaquín González, ha retrasado la operación del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo aprobado por la XV Legislatura de Quintana Roo y que permitirá crear las condiciones para que este sector de la población tenga acceso a la salud, educación y trabajo.
Activistas e integrantes de organizaciones sociales promotoras de la iniciativa que dio origen a este organismo, coincidieron en señalar que al mandatario estatal le falta voluntad política para que entre en funciones el instituto, toda vez que esto implica reducir el presupuesto del DIF, una de las dependencias claves de los programas asistencialistas y cuya partida en 2019 fue de 727 millones 288 mil 126 pesos.
De acuerdo a la conformación del instituto, éste fungirá como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud y para el cumplimiento de sus atribuciones contará con autonomía técnica y de gestión, de esta forma no estará sujeto a intereses de grupos o políticos, al manejarse basado en las necesidades del sector que representa el 10% de la población.
Además la junta directiva del organismo estará integrada por los titulares de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Educación, Finanzas y Planeación, Trabajo, Oficialía Mayor y un representante del Consejo Consultivo de las personas con discapacidad, el cual entrará en funciones cuando el gobernador del estado designe al titular de la dirección general, pero lo ha retrasado a pesar de que los diputados aprobaron su creación en diciembre del 2018.
La ex diputada Leslie Hendricks Rubio asegura que la creación del instituto se considera un gran paso a la inclusión de las Personas con Discapacidad (PCD), por lo que solo falta que el mandatario estatal determine al titular para que inicie operaciones y una de sus primeras tareas será integrar un padrón estatal de quienes conformen este segmento, zonas en donde radican, así como sus principales necesidades.
Al ser cuestionada del por qué no se ha puesto en marcha el organismo, si ya existe un presupuesto, comenta que eso es competencia del Poder Ejecutivo, quien deberá lanzar una convocatoria para analizar los perfiles de los posibles prospectos.
Esta iniciativa la promovieron organizaciones sociales y fue Leslie Hendricks Rubio con el ex diputado Emiliano Ramos Hernández, quienes la presentaron ante el pleno en su momento, a fin de crear el organismo y considerar recursos para su operación con el propósito de atender a las PCD, quienes enfrenta barreas físicas, sociales y económicas que las excluye como miembros iguales en la sociedad.
Problemática del sector
A pesar de la problemática con la que tienen que lidiar las personas con capacidades diferentes en relación a la movilidad, la inclusión educativa y la inserción laboral, así como el acceso a la salud, actualmente la políticas públicas para atender a este sector en el estado que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asciende a 150 mil personas, son prácticamente nulas, las cuales se basa principalmente en el asistencialismo.
Martha Basurto Origel, directora ejecutiva de la asociación civil Astra, dedicada a atender niños autistas y de otras discapacidades, indica que el tema de la discapacidad se vincula con la accesibilidad de poder tener los servicios que cualquier ciudadano utiliza.
“Las personas con discapacidad tienen que lidiar con su entorno cotidiano y en Quintana Roo es adverso, comenzando con la movilidad que está relacionada a la infraestructura urbana y la arquitectura de los edificios y no solo para quienes sufren una discapacidad motriz, sino para la discapacidad visual, discapacidad auditiva e intelectual”.
Explica que las políticas públicas no son transversales, ni con una visión integrar, solo se trata de apoyos asistencialistas y que no cumplen con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
“El DIF entrega sillas de ruedas, está bien, pero éstas son para desplazarse dentro de la casa, porque en esta ciudad, salir en sillas de ruedas es totalmente imposible: las rampas están mal hechas; los edificios no tienen elevadores; los cines no cuentan con espacios habilitados y así enumeraría todos los problemas que enfrenta quienes usa una silla de ruedas”, señala.
EL DIF estatal apoya de forma asistencialista.
Basurto Origel sostiene que por ello las organizaciones siguen trabajando para lograr la inclusión y en el caso de Quintana Roo de esas propuestas ciudadanas surgió la iniciativa de crear el instituto, en virtud de que no hay una instancia pública que pueda darle seguimiento a estos conceptos y se siguen haciendo políticas públicas a la antigüita, que es dar aparatos auditivos, sillas de ruedas y ahora, las becas federales.
Indica que finalmente terminan siendo como paliativos que no resuelven totalmente el problema, “ayudan, sin duda, pero no resuelven. Y yo insisto, en estos paliativos nos estamos gastando más dinero; si se comprende bien el problema y se plantean soluciones inteligentes, probablemente el Estado no tengan que gastar tanto dinero, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad”.
Sin embargo, dijo que los funcionarios y el propio gobernador no entienden el planteamiento de las necesidades de la PCD y siguen encajonados en el paradigma asistencial de la discapacidad, en el que el DIF tiene que liderar estas políticas.
Entonces, añade, se tiene un organismo recién creado que no ha entrado en funciones por la falta de voluntad política; “lo del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, ya está todo, pero Joaquín González no designa al titular y sigue parado”.
El Estado obstaculiza el apoyo a personas con discapacidad.
Menciona que con en el Instituto fueron muy específicos en la definición del perfil del director, tan específicos que fueron hasta discriminatorios, razón por la que se tuvo que nuevamente modificar ese punto.
“Quisimos asegurar que la persona que dirija el organismo tenga un amplio conocimiento del modelo social basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad, que es lo que marca esta diferencia con el modelo médico asistencial rehabilitador”, afirma.
Explica que el modelo médico asistencial rehabilitador no involucra a la sociedad como parte de la solución, si tienes una discapacidad te doy algo para que te ayudes. ¿No puedes caminar?, te doy una silla de ruedas y se olvidan que tienen que salir de sus casas, porque representa involucrar al Estado para brindar toda esa accesibilidad que no existe.
Dice que las organizaciones sociales siguen totalmente abiertas a platicarlo, solo están a la espera que el gobernador quiera reunirse para explicarle de manera directa cuál es la situación; pero el jefe del Ejecutivo estatal escucha a personas que no quieren el instituto porque es un tema de presupuesto.
Explicó que los recursos los maneja el DIF, dinero que fue entregado en 2019; solo se debe seguir un poco la ruta de este tema de los presupuestos y por ahí es dónde están las resistencias para el instituto.
Las estadísticas
La situación de las PCD en México basados en un estudio que realizó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es complicada al confrontar un ambiente laboral, social y económico que los excluye, limitando su desarrollo y empoderamiento.
En el caso de Quintana Roo, se estima que hay 150 mil PCD de las cuales el 60.8% tiene problemas para caminar; 59.4%, visuales; 29.5%, para moverse y usar los brazos o manos y el 39.3% de la población tiene dificultades para aprender, recordar o concentrarse.
Rosa María Márquez, presidenta de la Red por la Equidad de los Derechos Humanos, indica que los problemas que viven la PCD en la entidad son multifactoriales destacando la baja calidad en la infraestructura urbana y social.
De tal forma que es el estado el primero en no garantizar sus derechos y este incumplimiento tiene varias vertientes, que van desde la movilidad hasta no garantizar la educación, la salud y el recreo.
Menciona que las políticas públicas son prácticamente nulas, pues simple no se ve, es más el gobierno ni si quiera cumple con habilitar las oficinas y dependencias para el libre tránsito de PCD, no hay elevadores, ni rampas.
Además se añade el acceso de niñas, niños y adolescentes a las escuelas públicas, cuya infraestructura no es adecuada, por lo tanto un estudiante con algún tipo de discapacidad no tiene las condiciones para desplazarse.
También el tema del transporte público debe tomarse en cuenta, cuyas unidades carecen de rampas para el caso de quienes se movilizan en silla de ruedas, pero lo peor son las combis; éstas no cuentan ni con espacio para que puedan entrar, pero paradójicamente tienen las calcomanías de asientos reservados.
Asegura que solo es un simulación para dar cumplimiento al reglamento, pero no es funcional y tampoco hay unidades que indiquen por audio las paradas para el caso de quienes tengan un discapacidad visual, en si existen muchos otros factores que tienen que ver con el tema de la movilidad y la infraestructura urbana.
“No existe realmente dentro de la Ley de Movilidad y del Transporte Urbano algo que represente el respeto irrestricto al derecho a la persona a poder acceder al transporte, al mobiliario o a las instituciones públicas”.
Según un cotejo sobre el tiempo que una persona en silla de ruedas tienen que esperar para abordar un taxi oscila de una a dos horas, en virtud de que los operadores evitan prestar el servicio a una PCD, salvo que solicite un radio-taxi, lo que implica pagar más por llegar a sus respectivos destinos.
Pero a pesar de las estadísticas con relación a las dificultades que tienen la PCD para abordar una unidad, el secretario general del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Erasmo Avelar Cámara, aseguró que se ha trabajado para concientizar a los operadores y dar el servicio de manera inclusiva.
“Constantemente estamos capacitando a los operadores y estamos luchando por erradicar esas prácticas, obviamente se siguen dando casos pero son mínimos, por eso es importante que se denuncien para sancionar”.
Indica que crearon incluso un servicio de taxi a través de la aplicación WhatsApp similar al radio taxi, el cual es muy seguro y ofrece el servicio a las PCD.
Comenta que el servicio que se da en la calle es más difícil controlarlo, por ello hay casos en los que se les niega el servicio, pero cuando son detectados se sancionan.
En cuanto al transporte urbano las PCD sortean la inaccesibilidad en el servicio, falta de elevadores, rampas mal hechas y accesos obstruidos, así como el hecho de que las concesiones no inviertan en unidades inclusivas.
En el caso de Cancún, las cuatro empresas concesionarias del servicio: Turicun, Maya Caribe y Alfredo V. Bonfil no cuenta con una flotilla de unidades que garanticen la accesibilidad del servicio a la PCD, únicamente se limitan a reservar los dos primeros asientos de los camiones.
Y aunque esta situación no es exclusiva de Quintana Roo, sino del país, de acuerdo a datos de la Sedesol la infraestructura urbana en la entidad está por debajo de la media nacional referente a las facilidades que ofrece en materia de movilidad para la PCD.
El estudio refiere que carece de rampas y banquetas que se adapten para que el trasporte público pueda dar el servicio a quienes se movilizan en silla de ruedas y las autoridades encargadas de la urbanización no cuentan con un proyecto a mediano plazo que reurbanice las vialidades.
Ante ello el regidor del municipio de Benito Juárez, Isacc Janix Alanis, presidente de la Comisión Regulatoria, admite que los avances en materia de infraestructura urbana para garantizar la accesibilidad es limitada, pues las ciudades no están pensadas para ser amigables con la PCD.
“Nos falta mucho al respecto y no solo en el tema urbano, también en las oficinas de gobierno y dependencias la accesibilidad es muy limitada”.
De igual forma mencionó que hace falta trabajar con los concesionarios del transporte público para incluir en la liberación de los permisos una cláusula que obligue a los empresarios a contar con unidades inclusivas.
Pero agregó que también las autoridades tienen que construir banquetas que sean uniformes, para que los elevadores de los camiones puedan ser comprados con esas medidas, que fue lo que se intentó en los años anteriores pero no funcionó y se echaron a perder, porque las banquetas no son todas de la misma altura.
Desafortunadamente, tenemos mucho que trabajar al respecto, para brindarles todas las facilidades que por ley las PCD tienen derecho”.
Recalcó que se tiene que trabajar ya en la administración con relación a los contratos, concesiones y licitaciones, porque es ahí donde pueden exigir mucho más a cambio de la liberación de permisos.
CHETUMAL, QRoo.- Pese a que en la zona libre de Belice hay una comunidad considerable de personas de origen chino, la titular de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), Alejandra Aguirre Crespo, señala en conferencia de prensa que solamente cruzaron información con las autoridades migratorias con respecto al Coronavirus, cuyo blanco principal son niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.
Para la Alejandra Aguirre Crespo la prioridad de monitoreo está en aeropuertos y puertos del estado. De hecho señaló que en la zona norte se tiene un grupo de 28 personas de sanidad internacional y se reforzó la plantilla con personal epidemiológico y químico.
Al momento y en lo que va del presente año se han contabilizado alrededor de 300 mil turistas que han ingresado a la entidad, sin embargo no se ha registrado ningún caso del Coronavirus, del cual no existe ninguna vacuna a nivel mundial, por lo que su tratamiento se atiende de manera sintomática.
Sin embargo al referirse a la frontera con Belice, especialmente en la zona libre donde existe una comunidad numerosa de personas de origen chino, señaló que solamente se dialogó sobre el tema con las autoridades migratorias, pero no hay ninguna acción especial.
En la frontera con Belice diariamente cientos de personas tienen un flujo constante hacia el interior del estado, principalmente a la capital. El cruce es de beliceños, chinos y mexicanos, quienes tienen negocios en la zona libre, van de compras o de paseo.
Pese a ello la titular de Sesa dijo que en el país se han descartado dos casos sospechosos, el primero de una persona de 44 años de la Ciudad de México y el segundo de un hombre de Reynosa, Tamaulipas, además de que no se estableció ninguna alerta a nivel nacional o restricción de pasajeros o productos provenientes del país asiático.
“Solo se siguen los lineamientos o protocolos de sanidad tanto nacionales como internacionales”, comenta.
Aguirre Crespo refiere que la propia Secretaría de Salud Federal ha informado que cualquier persona puede ser susceptible a la enfermedad, sin embargo como en el caso de otras enfermedades respiratorias similares se está considerando como el blanco de mayor riesgo a los niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.
En los aeropuertos y terminales marítimas solo se está revisando a las personas que presenten fiebre o enfermedad aguda respiratoria y cuenten con antecedente de haber viajado a la ciudad de Wuhan, China, lugar en el que surgió el virus. En Quintana Roo no se cuenta con vuelos directos a China, solo en Tijuana.
El nuevo Coronavirus es una enfermedad respiratoria emergente que presenta baja capacidad de presentar daños graves a la salud. La letalidad es menor al 1 por ciento, muy por debajo de otros virus o cepas de la misma familia.
Las recomendaciones de la Secretaría de Salud estatal son: medidas de higiene respiratoria, lavado de manos, evitar el contacto con personas afectadas por males respiratorios y no saludar de beso.
De acuerdo a la funcionaria estatal, Quintana Roo registró en 2019 y hasta la segunda semana epidemiológica del 2020 un total de 79 casos de influenza estacionaria, que tuvieron como consecuencia tres defunciones.
CHETUMAL, QRoo.- “El ecológico”, “¿Quién sigue?”, “La Crisis” y “Congénito”, son solo algunos nombres con los que los semáforos de Chetumal han sido bautizados por los automovilistas, debido al estado en que se encuentran; no hay planes de rehabilitarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
En la capital del estado llegaron a operar 37 semáforos en 2017, aunque algunos con sus complicaciones y remedios, incluso hubo una propuesta en ese entonces de colocar entre 10 y 20 más en igual número de cruceros conflictivos Hoy en día solo una veintena funcionan.
La responsabilidad de estos señalamientos viales es de la SSP, que encabeza Alberto Capella Ibarra, a través de la Dirección de Tránsito del Estado, de acuerdo a la normatividad respectiva, siendo Othón P. Blanco el único municipio de Quintana Roo que no cuenta con su propia Dirección Municipal de Tránsito.
Sin embargo desde el 2017 a la fecha, las condiciones de los semáforos han ido a la baja, sobre todo en la administración de Capella Ibarra. En las calles se pueden observar las condiciones de los señalamientos por lo que los automovilistas lo tomaron hasta con humor negro y bautizaron a los semáforos.
El semáforo que se encuentra en la colonia Solidaridad, sobre el camellón en la avenida Erick Paolo Martínez con Chetumal, ha sido bautizado como “El Ecológico”, pues no cuenta con dos luces y en uno de sus espacios hay un nido de paloma silvestre.
El Ecológico, en avenida Erick Paolo Martínez con Chetumal.
En el mismo lugar pero en el camellón de la avenida Chetumal está “El Congénito”; tiene en la misma base del poste sus tres luces y otra separada del resto, que no enciende. Los automovilistas señalan que ya no saben si a la luz separada le faltaron dos lámparas o al poste que las sostiene le “salió” una de más.
El Congénito, en el camellón de la avenida Chetumal.
“Quién sigue” es el nombre que la ciudadanía le puso al juego de semáforos instalado en la avenida Primo de Verdad con Miguel Hidalgo, pues han ocurrido diferentes accidentes de tránsito ya que en ese punto casi nadie sabe quién tiene preferencia. Los señalamientos están en la colonia Centro.
Quién sigue, en la avenida Primo de Verdad con Miguel Hidalgo.
También en la colonia Centro, pero hasta el otro extremo, sobre la avenida Álvaro Obregón con José María Morelos, se encuentra al que bautizaron como “La Crisis”: Dos de sus focos están sostenidos con sujetadores de plástico y se le ven todos los cables.
La Crisis, sobre la avenida Álvaro Obregón con José María Morelos.
“El suelo te espera” se ubica en la avenida Nápoles con San Salvador de la colonia Italia. El semáforo está “amordazado” con cinta aislante y cables; se observa la base corroída.
El suelo te espera, en la avenida Nápoles.
OPINA LA CIUDADANÍA
Virgilio Cabrera señaló que es una vergüenza que la capital de Quintana Roo cuente con semáforos en mal estado y que las autoridades no hagan algo al respecto, pues los señalamientos son muy necesarios para prevenir accidentes.
Para Carlos Salazar estos señalamientos solo demuestran la falta de interés de las autoridades por ofrecer servicios de calidad a los automovilistas. “Pero eso sí –señala- las multas por faltas de tránsito son muy elevadas y los agentes solo están esperando el momento para la mordida”.
El ingenio y también la molestia de los chetumaleños surgen como consecuencia del abandono de estos señalamientos por parte de las autoridades, aseguró Roberto Martínez. Es por ello que algunos ya están empezando a ser bautizados; “creo que la finalidad es que la Secretaría de Seguridad Pública se dé cuenta de este problema y encuentre una solución”.
La única propuesta hecha para la instalación de nuevos semáforos, en los últimos años, fue del ex secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, quien anunció en 2018 que se trabajaba en un proyecto por 200 millones de pesos para la colocación de semáforos inteligentes para un mejor flujo vehicular en los 20 puntos más conflictivos de la ciudad, y con ello dignificar a la capital.
De acuerdo a la Dirección de Tránsito, alrededor del 70 por ciento de los semáforos instalados en la ciudad se encuentran en mal estado.
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