Desmienten lista de políticos mexicanos sancionados por EU

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La lista de políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico ha sido tema de discusión tras la difusión de documentos falsos y reportes de restricciones de visa emitidas por Estados Unidos a varios funcionarios.

La embajada de Estados Unidos en México negó que exista una sanción oficial contra gobernadores y exgobernadores señalados en esas listas, y llamó a no difundir información no confirmada, de acuerdo con El Universal en su edición del 3 de junio.

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La lista de políticos mexicanos, que se difundió en redes sociales con el logo del Departamento de Estado y un sello rojo de “Falso”, incluye nombres como Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Samuel García, gobernador de Nuevo León; Layda Sansores, gobernadora de Campeche, y Ricardo Monreal, exgobernador de Zacatecas. La embajada estadounidense subrayó que no existe comunicación oficial que valide esa información, confirmaron fuentes de Aristegui Noticias el mismo día.

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Embajadas en México y EE.UU. niegan validez de lista sobre políticos.

Gobierno exige explicaciones por restricciones en lista de políticos mexicanos

En el contexto político, Estados Unidos sí mantiene una lista de políticos mexicanos distina, en proceso de elaboración, por la cual podrían enfrentar restricciones de visa y otras sanciones. Esta lista, citada por funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, incluye a líderes de Morena, partido gobernante, gobernadores estatales y exministros, según un informe de El País del 16 de mayo.

Un caso confirmado es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien junto con su esposo, Carlos Torres Torres, ha tenido la visa estadounidense revocada. Ávila afirmó que la cancelación no implica culpabilidad y señaló que el gobierno mexicano ha solicitado explicaciones a las autoridades estadounidenses, sin obtener respuestas claras. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no hubo notificación oficial sobre esta medida, informó Político MX el 15 de mayo.

Fuentes estadounidenses señalaron que la lista de políticos mexicanos que prepara la administración de Trump abarca a varios políticos vinculados con el narcotráfico y corrupción. Entre ellos están Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco; así como coordinadores de Morena en el Congreso, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Además, se ha señalado que algunas restricciones de visa podrían estar acompañadas por sanciones financieras que limiten negocios con empresas estadounidenses y congelamiento de activos. Sin embargo, funcionarios del Departamento del Tesoro no han confirmado públicamente estas acciones, mencionó El País.

Funcionarios estadounidenses explicaron que las medidas se basan en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite considerar inadmisibles a extranjeros vinculados intencionalmente al tráfico ilícito de drogas. La carga probatoria para estas sanciones es menor que para un juicio penal, lo que genera preocupación sobre posibles errores o acusaciones sin base sólida.

La supuesta lista de políticos mexicanos genera tensiones en las relaciones bilaterales. Algunos expertos consideran que las sanciones podrían complicar la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Claudia Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de combatir la corrupción sin permitir injerencias externas, destacando la soberanía nacional en sus declaraciones públicas.

La “lista de políticos mexicanos” señalada por Estados Unidos, por tanto, no coincide con la difundida en redes sociales, que fue desmentida. Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene una vigilancia sobre funcionarios mexicanos con presuntos vínculos ilícitos, una política que continuará en evaluación en el marco de la seguridad bilateral.

El impacto de estas medidas se extiende también al ámbito económico y diplomático, pues analistas advierten que las posibles sanciones financieras y restricciones podrían afectar la inversión extranjera en estados donde los políticos señalados tienen influencia.

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