La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia el envío de una iniciativa para reformar el Artículo 127 constitucional. La propuesta busca fijar el salario de la titular del Ejecutivo federal como el límite máximo para las pensiones de exservidores públicos, garantizando la austeridad y la certeza jurídica.
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Iniciativa aborda ambigüedad del Artículo 127 constitucional
La reforma busca corregir interpretaciones divergentes sobre el monto máximo de pensiones tras la eliminación de los beneficios excesivos, otorgando certeza jurídica.
La mandataria federal precisó que la iniciativa constitucional se enviará al Congreso de la Unión para establecer con claridad que el límite máximo de las pensiones de exservidores públicos equivaldrá al salario percibido por la titular del Ejecutivo federal. Esta acción surge de una recomendación de la Consejería Jurídica, buscando erradicar contradicciones y distintas interpretaciones surgidas de una reforma constitucional previa relacionada con la supresión de las denominadas “pensiones doradas”.
El objetivo primordial de la modificación es conferir certeza jurídica tanto a las instituciones del Estado como a los propios pensionados, manteniendo como referencia inalterable el salario de la Presidencia de la República para la definición del monto máximo permitido. Se descarta, de manera categórica, que esta decisión represente un retroceso en la política de austeridad republicana que el Gobierno de México ha impulsado desde su inicio.
Actualmente, el Gobierno federal confirma la ausencia de pensiones mensuales que alcancen cifras como el millón y medio de pesos, práctica que era común en periodos anteriores. La supresión de esos beneficios elevados permanece vigente y es un pilar de la actual administración.
Austeridad genera ahorro millonario y salvaguarda finanzas públicas
La aplicación de los nuevos límites en pensiones ha generado un ahorro significativo de 5 mil millones de pesos para las finanzas federales.
La implementación efectiva de los topes pensionarios para exservidores públicos ha derivado en una contención financiera sustancial, reflejada en:
- Ahorro de 5 mil millones de pesos para las finanzas públicas federales.
- Fortalecimiento del marco legal para impedir interpretaciones que pudieran restablecer montos de pensión superiores al límite.
- Sostenimiento del principio de austeridad en la función pública, como eje rector de la administración.
Con esta modificación explícita en el Artículo 127 de la Constitución, la administración federal busca consolidar el blindaje legal que impida futuras controversias o reinterpretaciones sobre la aplicación del límite máximo en las pensiones de exservidores públicos, asegurando una gestión de recursos más equitativa y responsable.
