Hace unos días la ministra en retiro, doctora en Derecho y senadora de la República, Olga María Sánchez Cordero, se pronunció sobre la imposibilidad de lograr una reforma constitucional en la que se materialice la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto directo.
Lo anterior, en sus propias palabras, porque se requiere temple, convicción y mucho conocimiento. Todo ello cierto, ya que para quienes hemos tenido la fortuna de instrumentar y accionar ante juzgados federales, siempre tenemos la esperanza de que nuestro asunto logre la relevancia suficiente para ser atraído por el más alto tribunal de la nación, la Suprema Corte, y poder formar parte de la construcción del Derecho Constitucional vivo de este país.
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En lo personal, una de las más grandes experiencias se derivó de la posibilidad de representar al Estado de Quintana Roo en la Controversia Constitucional 160/2008, de la que se derivó la denominación de origen del chile habanero de la Península de Yucatán, en la que después de sortear los recursos de reclamación 104/2008 CA, 107/2008 CA y 42/2009 CA, se incluyó a Quintana Roo dentro de las zonas de protección.
Representar a un Estado en contra de la Federación, no es un asunto fácil de enfrentar, pero cuando tienes el soporte de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un excesivo acervo de conocimientos del Derecho mexicano, del Derecho internacional y de criterios en materias específicas como la propiedad industrial, es un verdadero alivio para las partes.
Criterios de la Suprema Corte
En tal virtud, quienes somos gustosos estudiosos del Derecho consideramos que puede resultar arriesgado para el Estado de Derecho, y por ende, para la democracia y la división de poderes, el sostener más el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación; máxime, cuando la Corte ha resuelto apegada en su totalidad a la Constitución y los tratados internacionales.
Ponderando aún la posibilidad de que el Plan C incluya la elección de ministros, en un país en el que ha disminuido drásticamente la educación inicial de acuerdo con la prueba PISA, en el que la media educativa apenas rebasa la secundaria terminada, y en el que solamente el 0.1% de los mexicanos cuenta con un doctorado, es sumamente difícil encontrar personas que cumplan con un perfil suficientemente sólido para hacer frente a un lugar en la Suprema Corte para atender y entender la complejidad de los asuntos que se plantean todos los días.
Por ello, el título de este artículo lo tomé prestado de Silvio Rodríguez, quien es autor de una de las mas maravillosas obras musicales que a mi gusto se hayan creado en el entonces conocido como género de protesta latinoamericana, hoy trova cubana, y en dicha obra, el párrafo que quiero resaltar para los efectos del presente artículo es el siguiente:
Qué cosa fuera
Qué cosa fuera, la maza sin cantera
Un amasijo hecho de cuerdas y tendones
Un revoltijo de carne con madera
Un instrumento sin mejores resplandores
Que lucecitas montadas para escena…
Y lo retomo, porque los desafortunados argumentos vertidos en más de una ocasión por las ministras nombradas en estos últimos años, han prendido alertas de abogados que litigan ante el Poder Judicial Federal, sobre la posible falta de una efectiva competencia para conocer los conceptos, instituciones o figuras jurídicas que se les han planteado en el Pleno, y que lejos de abonar a la construcción de un mejor derecho, han quedado en buenas intenciones sin sustento.
En razón de lo anterior, considero que, dada la carencia de especialistas en las diversas materias con experiencia jurisdiccional, se abone mejor en la carrera judicial y que el propio Poder Judicial Federal establezca ya las reglas de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, para que en adelante, los ministros de la Suprema Corte sean elegidos con base en los resultados de sus propios magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, ya que solo así preservaremos la continuidad de los criterios que sostienen el Estado de Derecho de esta país.
