La Fiscalía General de Quintana Roo a cargo del chiapaneco Raciel López Salazar, una vez más está en el ojo del huracán por el caso del enfermero Ramiro Cáceres López. La forma en que ha llevado el tema desde el inicio ha generado controversia, pero también aviva la mala imagen y desconfianza a la institución.
La controversia comenzó desde que familiares, amigos y compañeros de trabajo tuvieron que obligar a la FGE a emprender acciones efectivas de búsqueda del enfermero que desapareció el domingo 13 de abril. Fue necesario una manifestación y un bloqueo para desplegar un operativo en forma, que finalmente dio como resultado el hallazgo del cuerpo, el cual presentó heridas de bala.
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Ahora el tema se centra en el esclarecimiento del homicidio, pero además de las múltiples interrogantes. Clemente es la persona detenida e inculpada, pero sus familiares acusan que solo es chivo expiatorio.
Las declaraciones de los parientes han generado también polémica, pues no es la primera vez que la FGE se ve envuelta en escándalos por la forma en llevar los procesos contra presuntos delincuentes y en los que queda la duda si los detenidos o consignados, ante las autoridades, son los verdaderos responsables.
La población exige justicia por el asesinato de Ramiro, pero no a costa de la libertad de alguna persona.
Hasta el momento, salvo el hallazgo del cuerpo y el detenido, la FGE no ha dado mayores informes sobre el particular. Aunque ahora resulta que Clemente es de igual forma señalado por narcomenudeo.
De acuerdo a su madre fue golpeado y está siendo obligado a declararse culpable del hecho que se le imputa.
La desconfianza y la mala imagen de la FGE crece ante la falta de información convincente, la cual se excusa por el debido proceso.
Cuando López Salazar llegó a la FGE el 26 de junio de 2023 como interino recibió la institución con un rezago de alrededor de 300 mil expedientes. Se le dio el beneficio de la duda para corregir la institución inundada de corrupción y dar resultados en procuración de justicia, por lo que el 24 de septiembre de ese mismo año fue ratificado como titular.
Voces del interior de la Fiscalía señalan que el sistema de trabajo no ha cambiado y por el contrario ha empeorado, los expedientes en rezago, y los que continúan acumulándose, están siendo mal integrados para darles salida y la corrupción sigue imperando.
De nada sirvió presumir, en septiembre de 2024, que dio de baja a 258 servidores públicos y realizó 515 cambios de adscripción.
Las cosas van de mal en peor en la FGE que cuatro altos funcionarios allegados a él, se autoasignaron un bono navideño por un momento aproximado de seis millones de pesos. El hecho se supo por publicaciones en los medios de comunicación y de lo cual el fiscal se deslindó.
El escándalo obligó a López Salar a actuar contra sus cuatro subalternos y nombrar a otros funcionarios de su confianza. La situación quedó solo en la apertura de carpetas de investigación.
Al tomar Raciel López las riendas en 2023 el presupuesto de la institución ascendió a más de 963 millones 697 mil pesos. El primer ejercicio fiscal (2024) que le fue autorizado alcanzó los mil 415 millones 967 mil pesos y el que actualmente ejerce, en 2025, es de mil 701 millones 997 mil pesos.
El crecimiento del presupuesto desde su llegada es del 70 por ciento y los resultados han sido deficientes, situación que han criticado legisladores estatales.
Para este año solicitó tres mil millones de pesos de ejercicio fiscal, pero ante la falta de resultados contundentes solo recibió del Congreso del Estado un incremento de cerca de 300 millones de pesos, con relación al 2024.
Payo Obispo
La procuración de justicia es al igual que la inseguridad un problema grave en la entidad. La Constitución Política de Quintana Roo fue modificada desde el sexenio de Carlos Joaquín, quien consideró que funcionarios externos serían la clave para resolver el problema, pero Óscar Montes de Oca y Raciel López Salazar, los últimos dos fiscales están cuestionados por igual y hasta más, que los que han estado al frente de la extinta Procuraduría General del Estado (PGE) y que son quintanarroenses.
