Hace más de 12 años que comencé una batalla legal para defender a un empresario al que ilegalmente el Gobierno Federal había demandado la nulidad de su marca, y les estaba lacerando el patrimonio y la vida entera solamente por la decisión que un sujeto, desde su escritorio, tomó para salvar su pellejo en el gobierno de Felipe Calderón.

Defendí a mi cliente con todo mi encono, combatiendo legalmente nada más ni nada menos que a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y le gané todos, absolutamente todos los juicios en esa administración federal.

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No fue fácil porque litigamos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), también en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de allí pasamos al Tribunal Colegiado de Circuito y a la Suprema Corte. En todas les gané a esos gigantes abusivos de Calderón.

Contra el Estado de Derecho

Llegó Enrique Peña Nieto y comenzaron las propuestas de “dame una lana y te resuelvo”, y ante la negativa, el poder más oscuro del Estado surgió. Y el IMPI, a quien yo consideraba el ente menos corrupto de México, me mostró su verdadero rostro y procedió a resolver la nulidad de la marca de mi cliente “de oficio”, algo jamás visto en México, argumentando incluso en contra de sí mismo en los juicios anteriores, yendo contra su propio criterio.

Sin embargo, nos fuimos de nuevo a la batalla y retomamos la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, retomamos el Tribunal Colegiado de Circuito, y le dimos la vuelta a una resolución absurda y fraudulenta, por lo que despavoridos los funcionarios de Peña Nieto acudieron a la Suprema Corte, en donde nuevamente ganamos.

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En el inter, logramos que un magistrado corrupto fuera cesado por el Consejo de la Judicatura, y logramos revertir en tribunales federales los abusos de poder del enloquecido gobierno de Peña Nieto.

Llegamos a la 4T y fuimos recibidos en Palacio Nacional por el consejero jurídico quien asombrado no cabía en la sorpresa de la tremenda paliza que un despacho de Cancún había propinado al Gobierno Federal de dos presidentes, y aún faltaba la sentencia definitiva. Ésta se prolongó por mas de dos años.

Y como si de una manda se tratara, nuevamente acudimos al Poder Judicial Federal, quien nos otorgó el amparo en noviembre de 2021 para que resuelva lo que debió resolver hace 12 años, y además que paguen por el uso indebido de signos distintivos.

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Es tortuoso para un particular sostener 12 años de juicios contra la Segob y el SNSP, pero es más desgastante ganar y no ver resultados ante la terrible inactividad de unos cuantos que simplemente dejan de observar el Estado de Derecho y afectan el trabajo sincero de un Presidente, que todos los días nos mira de frente.

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