La justicia salvadoreña inició una vista pública sin precedentes contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), responsables de ordenar miles de crímenes. El proceso busca desarticular la estructura de mando de la organización terrorista mediante la imputación masiva de delitos cometidos durante la última década en el país.
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Desarticulación jurídica del mando estratégico de la MS-13
El Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló el primer juicio masivo que apunta directamente a la jerarquía superior de la MS-13. Este grupo de 486 imputados incluye a fundadores, miembros de la “ranfla” nacional (máxima instancia de decisión) y cabecillas de zonas geográficas. La relevancia de este proceso radica en la atribución de responsabilidades por la operatividad global de la pandilla entre 2012 y 2022.
La fiscalía general sostiene que esta estructura ordenó la ejecución de 87 personas durante un solo fin de semana en marzo de 2022, evento que detonó la implementación del régimen de excepción vigente. A diferencia de procesos anteriores, esta causa judicial no se limita a autores materiales, sino que juzga a quienes diseñaron la política criminal del grupo desde sus posiciones de poder.
Cifras de la ofensiva legal contra el terrorismo
El expediente presentado por el Ministerio Público detalla un catálogo delictivo que abarca más de 11 años de actividad criminal sistemática:
- Homicidios y feminicidios: Se imputan 29,000 asesinatos, incluyendo las purgas internas y ataques contra civiles.
- Delitos de lesa humanidad y desaparición: Procesos por desaparición forzada y tráfico de personas a escala regional.
- Impacto económico y social: Extorsiones sistemáticas y actos de rebelión dirigidos a desestabilizar el Estado.
- Total de cargos: El juicio aglutina 47,000 delitos individuales bajo una sola causa jurídica.
El proceso se desarrolla mediante conexión virtual con cinco centros penales. La mayoría de los procesados se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), bajo estrictas medidas de seguridad que impiden el contacto físico entre los líderes para evitar la reorganización de las células durante el juicio.
El cargo de rebelión y el Estado paralelo
Una de las innovaciones jurídicas de este juicio es la inclusión del delito de rebelión. La fiscalía argumenta que la MS-13 buscó activamente el control territorial para establecer un “estado paralelo”, desafiando directamente la soberanía nacional de El Salvador. Durante años, estas estructuras controlaron el 80% del territorio, operando como una autoridad de facto que dictaba normas de convivencia y movilidad.
Entre los procesados figuran nombres de relevancia histórica en la estructura criminal como Borromeo Henríquez y Dionisio Umanzor. Ambos líderes fueron figuras centrales durante el periodo de la tregua entre pandillas gestada en la administración de Mauricio Funes (2009-2014), un antecedente que la fiscalía utiliza para contextualizar la evolución del poder político y territorial de la mara.
Evidencia científica y expectativas de condena
La fiscalía salvadoreña ha estructurado el caso basándose en un robusto cuerpo de pruebas técnicas y testimoniales. El juez de la causa analiza actualmente autopsias, peritajes balísticos y declaraciones de testigos clave que vinculan las órdenes emanadas de la cúpula con los hechos ejecutados en las calles.
Bajo el marco legal vigente, se ha solicitado la pena máxima para cada uno de los delitos atribuidos. Esto implica que los cabecillas enfrentan sentencias acumuladas que podrían alcanzar los 245 años de prisión por los siete delitos principales, garantizando que los fundadores de la MS-13 no recuperen la libertad en lo que resta de su vida biológica.
