Vinculan a proceso a dos excolaboradores de la exalcaldesa Lili Campos

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PLAYA DEL CARMEN, QR.- Dos exintegrantes de la administración municipal que encabezó Lili Campos Miranda, detenidos la semana pasada, fueron vinculados a proceso por presunta irregularidad relacionada con la apropiación indebida de terrenos, de acuerdo con resoluciones emitidas por un juez de control en audiencias realizadas por separado.

Los exfuncionarios son Ariadne N, exsecretaria particular de la entonces presidenta municipal Lili Campos Miranda, y Jorge N, quien fungió como director de Asuntos Contenciosos del Ayuntamiento.

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De acuerdo con la autoridad judicial, los imputados permanecerán bajo prisión preventiva en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen durante un plazo de tres meses, tiempo en el que el Ministerio Público realizará las investigaciones complementarias.

Playa del Carmen Lili Campos
Lili Campos durante un acto público con la Policía Municipal, una de las áreas con observaciones financieras en revisión. Foto: Agencia SIM.

De qué se les acusa a los excolaboradores de Lili Campos

Las acusaciones contra Ariadne N datan del año pasado, cuando una pareja de adultos mayores, miembros de un grupo de vigilancia ciudadana, la denunció por presuntamente despojarlos de un lote.

Según la denuncia, el predio les fue retirado de manera arbitraria y entregado con un nuevo título de propiedad a otra persona, lo que motivó la apertura de la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/01/784/2025.

En el caso de Jorge N, las imputaciones provienen de familiares de un adulto mayor fallecido, quien era beneficiario de otro terreno que, presuntamente, también fue adjudicado de forma ilegal.

Debido a su cargo, el exfuncionario tenía conocimiento del estatus legal de dicho predio, lo que —según la fiscalía— le permitió participar en la maniobra.

Ambos fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión ejecutadas el pasado 7 de agosto. Posteriormente, durante las audiencias de imputación y vinculación celebradas este martes, el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

El plazo de tres meses para la investigación complementaria permitirá a la Fiscalía General del Estado recabar pruebas adicionales, tomar declaraciones de testigos y reunir información para documentar las acusaciones.

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