CHETUMAL, QRoo.- Con maquinaria pesada e inspectores de la Dirección de Fiscalización, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que encabeza el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez, ordenó la destrucción de negocios en la comunidad turística de Mahahual.
Bajo engaño, personal de Fiscalización acudió el pasado domingo al poblado, según los microempresarios, pues les informaron que solamente estaban checando que los negocios cumplieran con los protocolos sanitarios.
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Sin embargo no fue así, pues luego de dar un recorrido por la zona comercial de Mahahual que se encuentra a la orilla de la playa, iniciaron con la destrucción de diferentes negocios establecidos en palapas que fueron construidas hace unos meses, con la autorización de las propias autoridades municipales y junto con el entonces delegado Obed Durón.
Para ello no bastó con la presencia de los inspectores de Fiscalización, sino que se llevó maquinaria pesada para destruir las palapas de las que sobreviven decenas de familias de la comunidad y que apenas empezaban a reactivar como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Los microempresarios afectados fueron principalmente artesanos, pero también hubo vendedores ambulantes, prestadores de servicios turísticos y negocios de venta de comida.
Los empresarios afectados señalaron que la infraestructura que fue derribada estaba construida en puntos estratégicos para no afectar a los demás negocios y con ello garantizar una competencia comercial sana.
Manifestaron que el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez les arrebató el único sustento económico de ellos y sus familias en plena emergencia sanitaria por Covid-19.
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Por lo anterior 17 integrantes de la Asociación de Prestadores de Servicios de la Costa Maya A.C., realizaron el lunes una manifestación frente a Palacio Municipal para reclamar a Otoniel Segovia Martínez de las arbitrariedades cometidas en contra de los microempresarios.
Teresa de Jesús Román Farías, presidenta de la Asociación, dijo que el propio director de Reglamento, Fiscalización y Vía Pública, Emanuel Magaña Cirerol, les garantizó que no había ningún problema.
El argumento oficial fue que algunos empresarios estaban en la informalidad con respecto a sus negocios y que además daban mala imagen a la comunidad turísticas, por ello se procedió a derribar las palapas y otra infraestructura instalada para el establecimiento de negocios de familias del poblado.
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Román Farías señaló que en la asociación que dirige hay 170 agremiados que no permitirán más atropellos en contra de las personas trabajadoras, pues aseguró que constantemente han padecido de hostigamiento por parte del personal de Fiscalización, por lo que pedirán apoyo al Gobierno del Estado.
