Reprueban instituciones que garantizan el bienestar en Quintana Roo

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Jazmín Ramos / R360

CANCÚN, QRoo.- La opacidad, la injusticia, la impunidad y la inseguridad son temas aún pendientes para la administración de Carlos Joaquín González, generando debilidades en el estado de derecho que sitúan a Quintana Roo entre las entidades del país peor evaluadas en la eficiencia de las instituciones que garantizan el desarrollo de la población y su bienestar.

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Esta tasación sobre las fallas del actual sexenio, se basan en dos reportes: World Justice Proyect (WJP) y  el Coeficiente TAI, ambos cotejos analizan el comportamiento de las entidades federativas en rubros como transparencia, anticorrupción e impunidad, en donde Quintana Roo, salió con número rojos.

Ante ello, Javier González Gómez, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática en México, consideró que a pesar de que estos factores que impide una organización eficiente en el actual gobierno, es una agenda que permea a nivel nacional, el caso de Quintana Roo es complejo porque hay toda un esquema que obstruye la eficacia del rendimiento de cuentas.

La opacidad y la impunidad es una agenda de todo el país, pero existen estados donde aumenta y ahí es necesario no solo establecer medidas de control y fiscalización se requiere además fincar responsabilidad e inhibir esas prácticas que afectan el estado de derecho

Explicó que hay mucho que avanzar en términos de fortalecimiento institucional, ya que a veces estos entes del gobierno no dan una respuesta adecuada no necesariamente por dolo, sino que carecen de claridad, orden y seguridad, falta de capacitación e insumos para atender las necesidades y actuar adecuadamente.

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Ese es el caso de Quintana Roo, que se coloca entre las entidades más rezagadas en esos rubros, según World Jutice Proyect, que enumera el índice del Estado de derecho de las entidades con mayor y menor corrupción, basados en el cumplimiento de las normas que llevan una organización efectiva.

En dicho documento, en el cual por primera vez se hace un análisis del país partiendo de una escala del 0 al 1, donde el 1 indica el máximo apego al Estado de derecho, la media nacional alcanzó a penas 0.39  y la entidad con mayor puntaje fue Yucatán con una calificación de 0.45.

World Jutice Proyect, enfatiza que el Estado de derecho es prioritario, en virtud de que garantiza, la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible, así como la participación efectiva entre la sociedad y el gobierno.

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Sin embargo en el país existe un estado de derecho débil generalizado, producto de la de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos y en los estados donde se acentúa destacan  Guerrero, Baja California Sur,  Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Morelos.

En total se analizaron ocho indicadores, de lo cuales en cinco la entidad resultó con niveles bajos sobresaliendo: orden y seguridad, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción y justicia civil, sacando un puntaje general de 0.36, por lo que se requiere consolidar sus instituciones y reorientar sus políticas públicas.

Al respecto, la presidenta de Ciudadanos por la Transparencia (Citra) Cynthia Dehesa Guzmán, indicó que el hecho de que Quintana Roo se encuentre entre las entidades con mayor impunidad, era de esperarse porque no se puede cambiar 40 años de corrupción en dos años, se está en proceso de cambio, pues todavía no termina de permear  el tema de transparencia y justicia.

Lo que hemos visto, es que hay cierta voluntad del Ejecutivo estatal y en el Poder Legislativo, pero todavía no se generaliza en las dependencias de gobierno, ni en los municipios

Mencionó que es vital que el tema de rendir cuentas y de actuar conforme a la ley sea una filosofía, pero sobre todo que se sancione a quienes incurran en malos manejos, porque de nada sirve que se detecten irregularidades si no se finca responsabilidad.

Consideró que también se requiere una mayor participación de la ciudadanía, más presión de los medios de comunicación, así como darle seguimiento a las denuncias, porque ningún funcionario de gobierno se va a levantar un día diciendo: hoy voy hacer más eficiente y transparente.

“Aquí necesitamos que los sectores de la población estén todo el tiempo metiendo su cuchara para generar los cambios, porque lamentablemente a los funcionarios públicos se les tiene que recordar que deben actuar conforme lo marca la norma y que tienen que rendir cuentas”, dijo.

COEFICIENTE TAI

En el tema de injusticia, el Coeficiente TAI,  una medición realizada por las organizaciones Impunidad Cero y Transparencia Mexicana, ponen a Quintana Roo entre las jurisdicciones peor calificadas a pesar  del discurso gubernamental de dejar atrás las viejas prácticas que tanto han dañado al estado.

El TAI refiere tres indicadores: El de transparencia, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); el de anticorrupción, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el de impunidad, hecho por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Esos estudios muestran datos sobre las entidades en los rubros antes mencionados.

De acuerdo a la medición de los estados del país, el promedio nacional de impunidad aumentó 2.42 puntos al brincar de 67.42 a 69.84, en una escala de 1 al 100, siendo 1 el nivel ideal y 100 el peor, aquí Campeche fue el mejor evaluado e incluso a la baja con 45.1 puntos.

En tanto, entre las 16 entidades con mayor injustica destacan Edomex con 80.1, Tamaulipas 78.9, Baja California 78.1, Coahuila 77.9 y Quintana Roo 77.3; este índice resume información oficial con la proporción entre número de sentenciados y números de carpetas de investigación, así como estimaciones acerca de delitos no denunciados.

En el caso de Quintana Roo solo se resuelven el 2% de los delitos denunciados, además de no contar con la infraestructura adecuada para aplicar el sistema penal acusatorio y existen serias deficiencias en la capacitación del recurso humano.

Y aun cuando en el rubro de la opacidad mejoró al situarse un punto arriba de la media nacional, es elevadamente corrupto, de tal suerte que si bien comienza a tener una mayor apertura al exponer públicamente los datos oficiales, no necesariamente hay un buen manejo de los recursos públicos.

La evaluación muestra que Quintana Roo en anticorrupción alcanzó  65.13 unidades de 100, arriba del promedio de las entidades federativas; en opacidad obtuvo 82.93 puntos, apenas por debajo del promedio nacional, mientras que en impunidad es de los peores calificado del país.

En ese sentido, el Contralor General del Estado, Rafael del Pozo Dergal, reconoció que todavía se requiere avanzar en el tema de corrupción e incluso se trabaja en el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Sistema Anticorrupción (SNA) para tener una mayor vinculación de todos los datos que tiene la Contraloría.

Muchos de los sistemas que hoy son de Contraloría: servidores públicos sancionados, empresas sancionadas, asignación de contratos, permisos, licencias, las declaraciones patrimoniales y las entregas recepción estarán en el Secretariado Ejecutivo y el Comité de Participación Ciudadana y se integrarán a la plataforma nacional

Con ello se busca que la información pueda interconectarse a fin de que cualquier movimiento que se haga, el sistema pueda arrojar un tipo de alerta y verificar qué funcionario está realizando la transacción, lo cual será un esfuerzo notable, pero el funcionamiento integral de esta plataforma será lento e irá paso a paso.

“No todos los estados presentan los mismos avances en materia de rendición de cuentas y digitalización; en Quintana Roo insisto hemos avanzando, pero se requiere fortalecer la plataforma y estamos en eso, porque el interés de esta administración es precisamente cerrarle el paso a la impunidad y  la corrupción”.

No obstante a la percepción oficial en los rubros evaluados tanto por el World Justice Proyect (WJP) y  el Coeficiente TAI, la realidad es que en la entidad se carece de justicia, es altamente opaca y se ubica entre las jurisdicciones más corruptas, factores que ensombrecen el estado de derecho y limita el desarrollo armónico de la población.

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