Imparable la violencia feminicida en Quintana Roo

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Jazmín Ramos | R360

(Primera de dos partes)

CANCÚN, Q.Roo.- Debido a que la violencia feminicida en Quintana Roo sigue en ascenso al cerrar el 2018 con un alza del 173% de casos en los que se registró la muerte violenta de mujeres, la administración de Carlos Joaquín González, tendrá que enviar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre los recursos aplicados a los procedimientos y protocolos de la declaratoria de alerta de género, la cual no ha dado los resultados esperados.

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El requerimiento de las instancias federales al gobierno de Quintana Roo, tiene su origen en un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, en donde se expuso el incremento del asesinato de mujeres de manera violenta y las denuncias de trata de personas a pesar de que desde hace dos años se emitió la alerta de género en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, mecanismo que a finales del año pasado se extendió a Tulum y Othón P. Blanco.

Al respecto la senadora Marybel Villegas Canché detalló que en ese punto de acuerdo  también se exhortó a la Fiscalía del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Seguridad Pública a establecer acciones urgentes para detener el crecimiento exponencial de los delitos del comercio ilegal de personas y feminicidios, así como la conformación de  una mesa de trabajo interinstitucional a efecto de que se tomen medidas que coadyuven a la disminución de la incidencia delictiva.

Argumentó que el llamado de los legisladores se basa en el hecho de que a pesar de que existe una alerta de género y recursos públicos que fueron destinados para atender los temas relacionados a la violencia contra las mujeres e impulsar políticas públicas enfocadas al desarrollo de este sector, los resultados han sido adversos y prueba de ello es que la comisión delictivos van en ascenso.

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“La alerta de género no ha funcionado como tal, porque es un tema de voluntad política por parte de todas las autoridades de los tres ordenes de gobierno, es un tema de sensibilizar a los ministerios públicos y de capacitación de los policías, porque de nada sirve tener una alerta de género si la autoridad nos cumple con sus responsabilidades”.

Añadió que desde que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) activó el protocolo se destinaron recursos a fin de atender el problema, pero se desconoce porque no hay resultados.

“El el gobierno del estado tiene que dar un informe de que ha pasado, en que se ha fallado, debe rendir cuentas del trabajo realizado y del cumplimiento de las recomendaciones emitidas para frenar la violencia contra las mujeres, un problema que se recrudece, lejos de ser combatido”, recalcó.

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Las estadísticas

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Semáforos Delictivos y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, Quintana Roo destaca como una de las entidades con mayor índices de violencia en el país en relación con el número de habitantes y en donde las mujeres se considera uno de los sectores más vulnerables al enfrentar un entorno no apto para su desarrollo.

Los diversos cotejos sobre la inseguridad que permea en el estado muestran que Quintana Roo cerró el 2018 con 550 ejecutados de los cuales  52 fueron mujeres entre las edades de 17 a 35 años, esta cifra comparada con el 2017 refiere un incremento del 173%, toda vez que en ese ejercicio fiscal las muertes violenta de mujeres fue de 19 y a esto se le suman las denuncias por abuso sexual que aumentaron un 53% al registrarse el año pasado 250 casos.

Ante ello, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, consideró que la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y las mujeres es el sector que está más expuesto a esa violencia como lo refieren las estadísticas, por ello la necesidad de reforzar las acciones en materia de combate a la delincuencias, así como garantizar la procuración de justicia.

La inseguridad se generaliza, no podemos ignorarlo y en el caso concreto de la violencia contra las mujeres es un problema multifactorial que debe atacarse de manera transversal, en donde todas las instancias involucradas en las políticas públicas dirigidas a las mujeres se coordinen para enfrentar el problema.

Sostuvo que la declaratoria de alerta de género que se dictaminó en varios municipios del estado, demuestra que tan grave es la violencia que sufre este sector, pero de nada sirve establecer un protocolo sino existe esa coordinación entre las instituciones y sobre todo si se carece de recursos para cumplir con las recomendaciones.

“Esto no quiere decir que no haya avances, sí se tienen avances, pero también me he dado cuenta en las visitas que he realizado a las instituciones y dependencias encargadas de atender a las mujeres que han sido violentadas que existen deficiencias por la falta de recursos e hice lo posible para que en este 2019 se aumentaran los recursos para la Fiscalía Especializada para la Mujer¨.

En ese sentido la activista Eva Aguilar López, dijo que  a pesar de que la alerta de género se decretó hace casi dos años, el gobierno del estado todavía no concluye las 70 acciones solicitadas por la Conavim, por lo que esa instancia federal les fijó un plazo para que realice los cambios solicitados.

Mencionó que entre los incumplimientos destaca la aprobación de la Ley de la Trata de Personas y la construcción de un refugio de alta seguridad para lo cual la Conavim ha destinado recursos adicionales, no obstante no se tienen avances y la violencia contra las mujeres va en aumento al grado que está ya se extendió a los municipios de Tulúm y Othón P. Blanco.

De acuerdo a los reportes de Seguridad Pública del Estado desde el 2015 a la fecha se tiene el registro de 130 casos de mujeres que perdieron la vida de manera violenta, de esos caso solo se han tipificado como feminicidio seis debido a que no se siguió el protocolo al momento de iniciarse las carpetas de investigación, pues los primeros respondientes carecen de capacitación para realizar las diligencias.

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