El gobierno de Rocha Moya enfrenta una crisis de legitimidad tras revelarse la omisión sistemática de auditorías en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta falta de rendición de cuentas en dependencias de seguridad y finanzas vulnera el derecho a la información y la fiscalización del gasto público estatal.
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Opacidad institucional en las dependencias clave de Sinaloa
La administración estatal de Sinaloa, encabezada por el mandatario con licencia Rubén Rocha Moya, mantiene un bloqueo informativo que contraviene las normativas federales de transparencia. Durante cinco años de gestión, la mayoría de las secretarías han evitado publicar las auditorías practicadas, una obligación legal ineludible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Una revisión exhaustiva a dicha plataforma evidencia que sectores críticos como Seguridad, Finanzas, Bienestar, Salud, Mujeres y Pesca no han transparentado ninguna cédula de resultados de auditorías, ya sean internas o externas. La respuesta recurrente de estas dependencias ante la consulta ciudadana es la inexistencia de información, alegando que no se generaron datos de interés público en los periodos informados.
Secretarías que eluden la fiscalización
- Seguridad y Finanzas: Carecen de registros de auditorías, contratos por honorarios y gastos de publicidad oficial.
- Fiscalía General del Estado: No ha hecho pública ninguna auditoría en el último lustro, argumentando ausencia de resultados.
- Secretaría de Gobierno: Presenta vacíos totales en contratos de obras, bienes y servicios durante 2025 y lo que va de 2026.
Riesgos de corrupción y señalamientos internacionales
El escenario de opacidad se agrava ante el contexto político actual. El gobierno de Estados Unidos solicitó recientemente la detención y extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el tráfico de armas y el narcotráfico. Los exsecretarios de Seguridad, Gerardo Mérida, y de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, figuran en las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense por nexos con facciones del Cártel de Sinaloa.
Incluso la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas local apenas ofrece un resumen ejecutivo de 20 páginas sobre el programa anual de auditorías de la ASE. Este mismo informe califica la ausencia de información presupuestaria en la PNT como un “criterio para la identificación de área de riesgo”, confirmando que la propia vigilancia estatal reconoce la vulnerabilidad administrativa.
Incumplimiento de la Ley General de Transparencia
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es clara: los gobiernos estatales deben poner a disposición de la población y mantener actualizada la información relativa a sus obligaciones, incluyendo las auditorías. El artículo 19, fracción XI, estipula que los sujetos obligados deben integrar los archivos o ligas correspondientes en la PNT.
En Sinaloa, la realidad es opuesta. Mientras que la Fiscalía local solo reportó un contrato de limpieza de 486 mil pesos el año pasado, omitió por completo los dictámenes financieros. Esta conducta se replica en la estructura de mando; el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra, también señalado por vínculos con la delincuencia, solicitó licencia para enfrentar los requerimientos legales en su contra.
El nuevo paradigma de la PNT
- Concentración de datos: La PNT unifica el acceso a la información de 6 mil sujetos obligados en todo el país.
- Cambio de mando: Tras la extinción del Inai en marzo de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumió la operación del sistema.
- Obligatoriedad: El traspaso institucional no exime a los funcionarios de Sinaloa de reportar sueldos, compras y presupuestos.
La resistencia a publicar resultados financieros y administrativos bajo la gestión de Rocha Moya sugiere una estrategia de blindaje ante posibles investigaciones criminales y administrativas, dejando a la ciudadanía sin mecanismos reales de control sobre los recursos públicos.
