CHETUMAL, QR.- En uno de los casos de violencia vicaria (tiene como finalidad dañar a las madres a través de sus seres queridos, principalmente de sus hijos), una madre lucha para que su hijo le sea devuelto, ya que con presuntas mentiras le fue arrebatado. Ahora también le exigen pago de pensión.

Se trata de Amira C., quien inició el proceso de custodia desde el 2016 y a quien con presuntas denuncias falsas en su contra, así como presumible documentación apócrifa su ex pareja le quitó en un juicio a su hijo.

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Dijo que lo anterior ocurrió sin que la juez tomara en cuenta la violencia física, sexual, económica y patrimonial que padeció por parte del padre de su hijo.

Indicó que su ex pareja interpuso un escrito en que se señala que le dio la custodia, lo cual es falso, además de que argumentó a la juez que la persona con la que vivía era un adicto, lo cual desmintió.

A la juez de instrucción, quien dijo se llama, Aida del Rocío, se le hizo fácil darle la custodia provisional al papá por la pandemia por Covid-19.

Amira aseguró que su expareja no quiere a su hijo, toda vez que no se ha preocupado como debe en su salud, pues lo dejaba hasta tres días enfermo para que fuera ella quien corriera con los gastos médicos.

Actualmente su hijo, dijo, no está estudiando; desde febrero pasado le llegó un oficio de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) que así lo confirma. A ello se le suma que el niño enfrenta un cuadro depresivo, según valoración psicológica.

El padre ha realizado escenas agresivas en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Secofam) enfrente de psicólogos y directivos y aun así la juez sigue siendo condescendiente con él, expresó Amira.

Pese a todo lo anterior ya le están exigiendo pensión, de lo cual aseguró que entiende que es el derecho de su hijo, pero actualmente no tiene las condiciones económicas ya que perdió su negocio que tenía en Valladolid, Yucatán, al decidir venir a Quintana Roo para luchar por su niño de siete años, a quien no ve desde noviembre pasado.

Sin defensoría pública para recuperar a su hijo

La situación agregó le juega en contra, pues no puede contar con defensoría pública, ya que ese derecho le fue otorgado al papá y según le informaron este beneficio es solo para una de las partes involucradas en un caso, lo que también consideró como un acto de violencia institucional, porque le aclararon que tiene que pagar un abogado particular.

Indicó que su ex pareja no trabaja y que solo ayuda a su mamá en un negocio, quien “paga a policías para que vayan a amedrentarme. Hace un mes apenas fueron a amedrentarme para pedirme que yo pague la pensión”.

Indicó que a su ex pareja “no le hace falta nada; es un vividor y aun así me piden que yo pague pensión”.

Finalmente señaló que no solo en su caso ha habido diversos tipos de violencia por parte del padre, sino también contra su hijo, por lo que enfatizó que no descansará hasta recuperarlo.

En Quintana Roo padecen violencia vicaria ocho de cada 10 madres que enfrentan un proceso judicial, de acuerdo con el colectivo feminista Xtabay.

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