CHETUMAL, QR.- Agrupaciones empresariales solicitaron al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado analizar a profundidad la propuesta para incrementar los impuestos al Hospedaje y Sobre Nómina, así como para establecer dos nuevas cargas fiscales, una para bebida alcohólica en envase cerrado y otra de manejo de basura, para no castigar a la iniciativa privada del sur de la entidad.
En conferencia de prensa la presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur del estado, Bertha Medina Núñez de Cáceres, señaló su preocupación en torno a los incrementos a las cargas fiscales para 2023, debido a que habrá una acumulación de pagos que los empresarios ya no pueden pagar.
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Aseguró que los hoteleros comprenden que el Gobierno del Estado requiere de una mayor cantidad de recursos, para áreas prioritarias de desarrollo social y seguridad pública, pero consideran que en este momento el aumento no es la vía.
Recordó que se propone incrementar de 3 al 5 por ciento el Impuesto al Hospedaje y de 3 a 4 por ciento el Impuesto Sobre Nómina, que en términos reales implica en el primero un 66 por ciento de aumento y en el segundo, un 33 por ciento.
Aunque el Impuesto al Hospedaje no será pagado directamente por los empresarios, sino los huéspedes, a decir de Medina Núñez de Cáceres, restará competitividad.
En el caso de Impuesto Sobre Nómina, sí tendrá que ser cubierto por los patrones.
El incremento de ambas cargas fiscales desembocará en aumento a las tarifas hoteleras y posiblemente en el despido de personal, también incidirá en la ocupación hotelera, que apenas se va recuperando por la pandemia por Covid-19.
Actualmente la ocupación oscila entre el 20 y 40 por ciento, en los aproximadamente 400 centros de hospedaje y poco más de cuatro mil cuartos de hotel, de Chetumal, Bacalar, Mahahual y Felipe Carrillo Puerto.
Más impuestos
A estos incrementos habrá que sumarle otras dos nuevas cargas fiscales que se pretenden cobrar.
Se trata de un impuesto del 4.5 por ciento por Venta Final de Bebidas Alcohólicas en Envase Cerrado y un derecho, por parte de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), de entre 17 mil y 27 mil pesos mensuales que se busca paguen los hoteles que generen más de 27 kilogramos de basura al día.
Adicionalmente se pagará 15 mil pesos a un perito certificado por la propia SEMA, para la revisión de la “libreta de la basura”, que es el registro y control de los residuos sólidos.
La situación eleva la preocupación entre los empresarios, toda vez que mensualmente desde el presente año se paga el Derecho de Saneamiento Ambiental que va desde los tres mil a los 20 mil pesos mensuales.
Medina Núñez de Cáceres precisó que no hay que perder de vista que para el próximo año se aprobó un incremento al salario mínimo del 20 por ciento, que tendrá que ser cubierto por los empresarios y que también tendrá repercusiones financieras.
La líder empresarial señaló que ante el panorama que se vislumbra para el próximo año hoteleros han externado su intención de migrar hacia otros estados como Yucatán, que tiene condiciones fiscales más flexibles.
Destacó que no se quedarán con los brazos cruzados, ya que enviarán sus propuestas alternas, que pretenden evitar el alza a los impuestos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) y Congreso del Estado.
La Unión de Propietarios de Restaurantes Bares y Similares (Uprobars) a través de un comunicado informó que se suma a los demás sectores empresariales del sur y del norte de la entidad que solicitan un análisis a profundidad del incremento de impuestos, que se plantea para el próximo año.
La agrupación hizo énfasis en que los empresarios del sur no están en condiciones de soportar más cargas fiscales, pues aún no logran recuperarse de la pandemia por Covid-19.
La situación tampoco es la misma en el norte y sur en cuanto a las condiciones empresariales. La diferencia en el apoyo otorgado, por parte de gobiernos anteriores, acrecentó la brecha de desigualdad.
La iniciativa privada del sur confía en que serán consideradas sus propuestas, para evitar mayores afectaciones, no solo a las empresas sino también a la propia base laboral.
