CHETUMAL, QR.- Son insuficientes los trabajos a favor de las personas con discapacidad, consideró Cristian Muñoz Castillo, presidente de la asociación civil Unificación Integral Quintanarroense (Uniqre) A.C.
Dijo que no hay avances significativos para este grupo vulnerable y que las leyes siguen atoradas.
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Añadió que la Consulta a Personas con Discapacidad, realizada por el Congreso del Estado hace unos días, carece de fondo, pues en esencia solo se trata de una misma ley que se pretende reformar.
“Ya existe una ley a través de la cual se aprueba un instituto y nunca se concretó desde 2019”, acotó.
Añadió que el argumento fue la falta de recursos, pero señaló que los diputados, desde que aprueban una normatividad, deben tener en cuenta este punto.
Mencionó que, de manera general, siguen sin el apoyo suficiente, pues otro ejemplo de ello es que, en 2019, se eliminó el apartado en la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo que exigía a las empresas contratar al cinco por ciento del total de su plantilla laboral con personas con discapacidad.
Las asociaciones civiles están buscando que se reactive esta disposición legal. Resaltó que, según la Encuesta de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Quintana Roo, menos del 7% de las personas con discapacidad cuentan con un empleo.
El temor de la discapacidad
Agregó que, en la actualidad, hay un temor por parte de las empresas de contratar a integrantes de este grupo vulnerable, por el riesgo que ello implica.
Enfatizó que las personas en esta condición pueden realizar trabajos, ya que hay muchos empleos que no requieren esfuerzo físico o movilidad. Solo se trata de voluntad por parte de los legisladores, las autoridades y las empresas.
“No se trata de hacerlo solo por cumplir, sino de la propia necesidad de las personas para contar con una fuente de sustento”, agregó.
La Consulta a Personas con Discapacidad, por parte del Congreso del Estado, fue realizada en febrero pasado. Las posturas de los integrantes de este grupo vulnerable fueron escuchadas y serán tomadas en cuenta para la modificación de la respectiva normatividad.
El decreto del Instituto para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo fue publicado el 16 de enero de 2019. Desde entonces, no se ha concretado. El diputado Hugo Alday señaló en su momento que entraría en operación antes de que finalice 2024.
De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos el 13.1 por ciento de la población en Quintana Roo cuenta con algún tipo de discapacidad. Esto equivale a cerca de 240 mil personas de un total de un millón 857 mil 985.
