CHETUMAL, QR.- El 2023 concluirá sin incremento a las tarifas del servicio de transporte público de taxis, y en el 2024 es incierto, informó el director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar Urrutia.

Señaló que los 19 sindicatos de taxis presentaron solicitud, pero ninguno entregó el estudio para sustentar su petición, que es el principal requisito para valorar el aumento.

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En el sur del Estado, el 26 de septiembre pasado el Sindicato único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) de Chetumal, presentó su solicitud y aseguró que se incluyó el estudio.

El director de Imoveqroo aseguró que es falso, por lo que en ese caso específico hasta se le solicitó al sindicato el diagnóstico, “no lo entregaron y en estos momentos, aunque lo entreguen ya no estamos en tiempo de analizar”, aseveró.

Destacó que al menos en lo que resta de este año no habrá alzas a las tarifas de taxis en todo el Estado, será hasta el próximo año si es que realizan los trámites y cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad.

De ser así, se analizará en su momento, no obstante, recordó que para el 2024 se comenzará a trabajar en la implementación del taxímetro, que se aprobó como parte de las últimas reformas a la normatividad.

Hay un plazo de dos años para su implementación, es decir, hasta 2025, pero es necesario iniciar con su operación.

Los taxímetros incluirán nuevas tarifas del servicio de transporte público y la situación puede cambiar. Es decir, no serán con base a las tarifas actuales.

Acercamiento con dueños de taxis

Por el momento no se han registrado acercamientos con los dueños de taxispara buscar la implementación de este dispositivo basado en el kilometraje.

El aumento solicitado de manera general por los 19 sindicatos de ruleteros, que albergan a unos 30 mil socios, es de alrededor del 40 por ciento. En Chetumal, la tarifa mínima es de 22 pesos.

En cuanto al “costo político” en el que puede desembocar esta situación, Alcázar Urrutia señaló que el Imoveqroo no es una entidad política, sino una dependencia que se rige con base a la normatividad vigente.

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