CHETUMAL, QRoo.- Luce semidesierta. La poca gente que asiste no compra; el polvo se observa en los productos que se ofertan y los precios han subido súbitamente. Sus buenos años parecen haber terminado y los chetumaleños ni siquiera en quincena o vacaciones acuden al lugar.
La zona libre de Belice ahora cuenta con dos entradas, cada una con aduana fiscal y oficinas migratorias, luego de que el paso por el puente antiguo fuera reabierto completamente a fines de julio pasado.
Cada entrada cuenta con un casino: Princess Hotel Casino y Las Vegas Hotel Casino, espacios para las apuestas que fungieron como atractivos principales durante muchos años. Hoy la afluencia a estos lugares también se ha desplomado.
Desde su establecimiento en 1996, la zona libre fue uno de los puntos de mayor afluencia para compradores de la capital del estado y del Sureste de México.
Aún se pueden observar las grandes tiendas, que en su conjunto llegaron a sumar alrededor de 400, pero esta era antes. Ahora, bolsas, ropa, electrodomésticos, perfumes, vinos, licores, cigarros, calzado, autopartes, muebles, comestibles y hasta relojes, son algunos de los cientos de productos, en su mayoría, de origen chino, que se pueden encontrar en los ahora cerca de 300 negocios que aún permanecen abiertos al público.
Las dos gasolineras que operan en el sitio, ya no son atractivo como en otros años, al tener el combustible un costo similar al de México.
La imagen del lugar ha mejorado, pero no las ventas. Los tiempos en donde diariamente pasaban hasta tres mil vehículos al día se han ido; ahora por las casetas pasan a cuentagotas los automotores, pese a que solamente cobran 15 pesos por unidad. Se acabaron las largas filas de horas y de hasta 500 vehículos para salir del “paraíso fiscal”.
Los productos exhibidos, sobre todo los que se encuentra afuera de las tiendas, lucen hasta con polvo, algo distintivo de la zona. Se nota que se trata de la misma mercancía que ha estado en el aparador por meses, por lo descolorida y maltratada que se encuentra.
La cara de los propietarios o encargados de los negocios dice mucho de la situación económica que enfrenta la zona libre: puede estar un comprador por casi una hora en un comercio antes de que entre otro.
Las decenas de vehículos que se encuentran en las calles, son en su mayoría de los propietarios o trabajadores de los comercios. Los mototaxis tampoco parecen ser negocio, pues uno que otro se ve rondando el área.
De acuerdo con la versión de algunos comerciantes, las utilidades solo dan para sostener el negocio y lo peor es que la zona libre pasó de ser un espacio de venta diaria, luego de ventas de temporada y en la actualidad, la crisis es casi igual en todos los meses del año.
Esta crisis que enfrenta la zona libre se agudizó desde el 2013, cuando Belice pasó a formar parte de la lista roja del Grupo de Acción Financiera (GIFE) en América Central y el Caribe, lo que motivó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos limitará sus operaciones bancarias por sospecha de lavado de dinero y evasión fiscal.
Lo costos de los productos y la mala calidad también son otros factores que han llevado a que el “paraíso fiscal” caiga drásticamente, de acuerdo a Juan Sansores, quien estuvo de visita por el sitio: “Antes veníamos y comprábamos ropa, por lo económico, pero no era de mala calidad, ahora las que son de una calidad regular cuestan lo mismo que en las plazas comerciales del lado mexicano, mejor los compramos ahí, ahora solo venimos a pasear a ver si se nos pega algo”.
El dólar es una limitante que ha golpeado fuertemente a los comerciantes y a los compradores. En la mayoría de los casos solo se rebaja uno o dos pesos del precio normal. El viernes 30 de agosto osciló en 20 pesos con 50 centavos. En pago con tarjeta de débito o crédito, se cobra el precio real.
Extraoficialmente se sabe que muchos de los comercios sobreviven del contrabando hormiga, actividad que sostiene a cientos de pobladores de la comunidad fronteriza de Subteniente López.
Hasta el 2015, según informó un empresario, visitaban el lugar más de un millón 100 mil visitantes en promedio, quienes dejaban una derrama económica cercana a los 300 millones de dólares.
Además de las autoridades fiscales y aduaneras, también se cuenta con vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en las dos entradas y a lo largo del río Hondo, caudal que marca el punto de la frontera entre México y Belice.
El anuncio por parte del Gobierno Federal de la instalación de una “zona libre” en Chetumal ha prendido los focos de alerta en el paraíso fiscal de Belice, que se encuentra a unos 11 kilómetros de la capital de Quintana Roo.
CHETUMAL, QRoo.- “Explíquenle a mis hijos que hoy no van a tener para comer”, fue la respuesta de un comerciante informal a un desalojo que hicieron autoridades en las inmediaciones de la Plaza Chactemal. Él y decenas de sus compañeros ofertaban sus productos en la vía pública y reclamaron que sean el blanco de operativos mientras que empresarios importantes gozan de impunidad.
Desde el lunes pasado las autoridades municipales iniciaron el desalojo de los vendedores ambulantes de los pasillos del exterior del Mercado “Viejo” Ignacio Altamirano y de la Plaza Chactemal, bajo el argumento de que cumplen con el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno, así como de imagen pública.
Los primeros en “volar” bajo amenazas del uso de la fuerza pública fueron los más de 50 ambulantes que estaban instalados en los pasillos exteriores del Mercado “Viejo” y que en algunos casos se trataba de vendedores con una antigüedad de más de 20 años. Eso incluyó la mercancía que los propios comerciantes formales tenían en los pasillos; sólo se salvaron los boleros de calzado.
Las personas dedicadas al comercio informal en su mayoría vendían “chácharas”, condimentos, masa para pozol, miel, relojes, frutas, verduras, juguetes, ropa, lentes, cinturones, audífonos, gorras, bisutería y fundas para celulares.
Fue el jueves que iniciaron su retiro los comerciantes y de los más de 50 algunos aún de resistían. Los que estaban más renuentes eran los que tenían su espacio en la banqueta de la Plaza Chactemal, sobre la avenida Efraín Aguilar.
El viernes por la mañana, se presentaron en el lugar el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Rivera Romero, y el director de Fiscalización y Vía Pública, Emanuel Magaña Cirerol, quienes fueron abordados por los ambulantes que ni tardos ni perezosos reclamaron la forma en las que estaban siendo retirados del lugar, incluso bajo “amenaza” del uso de la fuerza pública.
Uno de ellos sin titubear, exclamó: “ustedes nos quieren correr, díganle a mis hijos que hoy no tendrán qué comer” y señaló a sus niños que se encontraban en medio de los reclamos, a los que se sumaron las más de 40 personas que se instalan todos los días en esa área.
Las autoridades dieron tres horas de plazo a los comerciantes para levantar sus “tiliches” con el argumento de que ya habían sido avisados y con la promesa de buscarles un espacio dónde vender.
Ninguno de los comerciantes creyó en la promesa de Rivera Romero, quien trataba de sustentar la acción en contra de los ambulantes. A Magaña Cirerol le fue peor, pues le dijeron que con él no se podía siquiera dialogar.
Rivera Romero reiteró su ultimátum tras señalar que es un tema de reglamento, de imagen y de perjuicio a los comerciantes formales.
Antes de retirarse los vendedores molestos convocaron a una manifestación. Al sitio también llegó el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), líder de los ambulantes y después de un diálogo con Rivera Romero y Magaña Cirerol, no hubo acuerdo.
Ante el temor de que las autoridades se llevaran su mercancía, resultaran golpeados o detenidos, los vendedores ambulantes levantaron sus artículos, para inmediatamente iniciar una manifestación, a la que se sumaron sus compañeros del Mercado “Viejo”.
Esta situación provocó que al sitio llegaran más de 12 patrullas de la Policía Municipal, Estatal y de la Marina, con elementos abordo, que siguieron en fila el derrotero de los protestantes que tomó la avenida Héroes.
Los inconformes reclamaron el hecho de “grandes empresarios”, como Norman Angulo Mcliberty que tiene ocupado en su hotel, Los Cocos, parte de la vía pública, y nadie hace nada al respecto. Ni qué decir de los restaurantes en el bulevar donde por las noches no se puede caminar.
Magaña Cirerol intentó justificar el caso de Angulo Mcliberty, por cierto financiador de la campaña de Carlos Joaquín, al señalar que cuenta con un permiso y que la plataforma en vía pública que ocupa el empresario para colocar mesas de su restaurante, la hizo la constructora que estuvo a cargo de la última remodelación de la avenida Héroes.
Al grito de: “somos comerciantes, no somos delincuentes” y “queremos trabajar”, más de 100 vendedores informales caminaron hasta llegar al Congreso del Estado, en donde también protestaron de manera pacífica, muchos de ellos con sus hijos. No sin antes hacer una escala para protestar en las puertas del hotel “Los Cocos”.
Los manifestantes también se quejaron que existen muchos locales en el mercado y Plaza Chactemal que el Ayuntamiento no quiere dar en renta, pese a que durante años han estado sin uso. Los locales también son propiedad de funcionarios y ex funcionarios “intocables”; algunos tienen más de uno.
También se quejaron de que era el propio ayuntamiento el que otorgaba los permisos por 300 pesos y ahora sin piedad los corren del lugar. Locatarios formales de ambos inmuebles estaban divididos en opiniones, mientras que unos señalaron que los ambulantes se ganan el sustento honradamente, otros dijeron que daban mal aspecto y que representan una competencia desleal.
Conjuntamente entre el Mercado “Viejo” y la Plaza Chactemal suman alrededor de 300 locales. En total fueron retirados alrededor de 100 ambulantes, cuyo futuro es incierto.
Las autoridades informaron que harán lo propio en los otros tres mercados: Andrés Quintana Roo, Lázaro Cárdenas (Mercado “Nuevo) y 5 de Abril, en breve.
CANCÚN, QR0oo.- La Secretaría de Gobernación (Segob) aprobó dos millones 300 mil pesos para abatir el rezago de cerca de tres mil carpetas de investigación relacionadas a la violencia en los hogares y feminicidios que desde el 2015 se encuentran empantanadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, adelantó Mercedes Hernández Rojas, titular de la Dirección para la Igualdad de Género en Quintana Roo.
La funcionaria explicó que este presupuesto se desprende de un proyecto presentado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a través del cual se contempla la contratación de agentes ministeriales y personal especializado con el objetivo de conformar un equipo que se encargará de atender el rezago en las investigaciones de casos sin resolver.
“Existe un rezago del 2015 de carpetas sobre delitos de violencia familiar, feminicidios y abusos sexuales, entre otros que atentan contra la integridad de las mujeres; estas carpetas no se han podido resolver porque no hay agentes ministeriales suficientes, ni el recurso humano dentro de la Fiscalía para atender estos casos”, dijo.
Señaló que si bien los avances para atender los lineamientos de la Conavim en la Fiscalía son mínimos, el hecho de que ahora se tenga ya el proyecto para integrar un equipo capacitado en atención a las investigaciones, cuyos recursos ya se aprobaron y están por liberarse, permitirá avanzar en el derecho a la justicia de las víctimas.
Hernández Rojas mencionó que las carencias que existen en la Fiscalía con relación al recurso humano impacta en el trabajo operativo, de ahí que se conformara un proyecto para crear un grupo especializado en atender el rezago de carpetas de investigación que datan desde hace cuatro años
“Eso es únicamente en relación a los delitos relacionados a la violencia familiar, así como los feminicidios, pero en la totalidad de las averiguaciones se tienen un rezago gigantesco”, dijo.
Explicó que la operatividad de la Fiscalía tiene toda una economía, por eso la importancia de solicitar recursos extras a fin de atender los casos que tienen años sin resolverse, lo que pudiera verse como impunidad, sin embargo va más allá de eso, se trata del derecho que tienen las víctimas a la justicia, la cual no se cumple por falta de recursos, dado el poco personal que no se da abasto.
La funcionaria comentó que el recurso para conformar este grupo especializado fue aprobado el mes pasado, por lo que solamente están a la espera de la liberación a fin de lanzar la convocatoria, así como la contratación del personal que permitirá atender el rezago en todas esas carpetas de investigación que están paradas desde el 2015.
CANCÚN, QRoo.- “En mi administración trabajamos con honestidad y con lealtad. Aquí no cabe la corrupción”, declaró Mara Lezama, al rendir su Primer Informe de Gobierno, según un comunicado de prensa.
La Presidente Municipal de Benito Juárez hizo un recuento de las acciones de su administración, en la sesión solemne de Cabildo y con la presencia del Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, regidores, y representantes de los tres órdenes de gobierno.
En su intervención, la Alcaldesa destacó que, a lo largo de su campaña, escuchó lo que le preocupaba a la ciudadanía, lo que le dolía, lo que se necesitaba, lo que anhelaban de su próximo gobernante.
“Para atender estas necesidades, se definieron cuatro ejes de gobierno: Seguridad Ciudadana, Justicia Social, Desarrollo Sostenible, Eficiencia y Transparencia. Estos ejes rectores tienen un común denominador: la cercanía y la comunicación con los cancunenses”, expresó.
Detalló los principales programas y acciones realizadas en concordancia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.
Al referirse al eje de Seguridad Ciudadana, la Edil aseguró que tomó la decisión de acelerar el acuerdo del Mando Único con el gobierno del Estado, para sumar la fuerza policial del municipio a una estrategia integral.
“Estoy convencida –dijo- que sí es posible devolver la paz y la tranquilidad a nuestras calles”.
Destacó que la Justicia Social es la herramienta que permite cohesionar a la comunidad y atacar los factores de la descomposición que se vivía, por lo que se ha dado énfasis a los programas de apoyo a la educación, salud, infraestructura social, empleo, deporte y cultura.
“Se trata de escuchar de viva voz a las mujeres y los hombres de Cancún; tomar decisiones conjuntas para resolver sus demandas y sus requerimientos. Nunca más, el olvido y el abandono”.
Resaltó las Audiencias Públicas “Tierra de Todos”, en las que cada dos semanas, junto con su equipo de trabajo, atienden directamente a la gente; y llevan hasta las regiones 41 servicios y 49 trámites administrativos.
Como parte del eje de Desarrollo Sostenible, mencionó los dos programas más importantes, ¡Ven y Empléate!, que vincula a los buscadores de empleo con las empresas; y ECOnéctate, que concibe al municipio como una unidad, porque el medio ambiente y los recursos naturales son de la ciudad y de la zona turística.
Profundizar la reforma administrativa, la eliminación de requisitos, fortalecer la ventanilla única y ampliar la credencialización del personal de inspección y verificación, fueron las primeras acciones que se implementaron en el eje de Eficiencia y Transparencia, destacó Lezama.
En el marco de su Primer Informe, la Alcaldesa presentó el Sistema Integral de Trámites Electrónicos, una aplicación que permite realizar trámites en línea y que hoy opera en apertura de negocios, licencias de funcionamiento y permisos de Protección Civil; de manera progresiva, se incluirán más trámites.
Al finalizar su discurso, la Presidenta Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando 24/7 para que el crecimiento de este destino turístico se refleje en la mesa y en la casa de cada familia
“Porque mi mayor compromiso, es hacer de Cancún, la tierra de todas y todos”, finalizó.
RESULTADOS DE LOS 4 EJES
Eje 1, Seguridad Ciudadana:
1,572 operativos vinculados a recorridos de máxima presencia policial
3,391 operativos se realizaron en zonas comerciales
3,548 operativos de seguridad y vigilancia en escuelas
12,600 actas de inspección en establecimientos comerciales
386 chalecos balísticos entregados
2,600 uniformes completos para reforzar la imagen institucional de la policía municipal
36,000 ciudadanos beneficiados con diversas pláticas en materia de prevención del delito
1,300 cámaras de videovigilancia
Eje 2, Justicia Social:
11,000personas beneficiadas con las Audiencias Públicas
128,166 paquetes de útiles escolares entregados
14,000 atenciones fueron otorgadas en el Centro de Atención y Bienestar Animal
8,900 estudiantes fueron beneficiados con “Educar es de Todos”
16,000atenciones se otorgaron en el programa “Empléate” itinerante y oficina
45,000 atenciones de orientación fueron realizadas en la Ventanilla Única, en su mayoría para la apertura rápida de empresas
Eje 3, Desarrollo Sostenible:
13,751 permisos de utilización de uso de suelo comercial
3,488 reportes se han atendido a través del centro de atención telefónica, correo electrónico, página web y redes sociales
1,000 botes de basura fueron instalados en diferentes puntos de la ciudad
5’700,000 m² de parques, áreas jardinadas, camellones y espacios públicos fueron conservados
5,487 nidos con un total 658 mil 440 huevos de tortuga resguardados
Eje 4, Eficiencia y Transparencia:
298 trámites y servicios revisados a través del programa “Supervisión y Vigilancia de Trámites y Servicios”
730 gafetes del programa del Registro Municipal de Inspectores
3,784 funcionarios que presentaron sus Declaraciones de Situación Patrimonial
121,934 propietarios de predios beneficiados con el fortalecimiento de la plataforma electrónica
28 Comités de Contraloría Social de Obras
124 Comités de Policía Vecinal, 44 Comités Deportivos
5 módulos móviles instalados de manera periódica en las direcciones de Registro Civil, Tránsito, Catastro, Desarrollo Urbano y Ecología como parte de la Contraloría Itinerante
2,300 encuestas para conocer el desempeño del personal
Tres diputados morenistas consumaron la traición a su bancada, junto con los del verde y petistas, votaron a favor del bloque que lideran los panistas. Ello bastó para que Morena perdiera las principales comisiones en el Congreso del Estado, durante la sesión ordinaria realizada ayer martes.
Desde antes de las 10 de la mañana se registró una encerrona de diputados en la sala de comisiones Constituyentes del 74. Nadie más ingresó en la reunión que se prolongó casi tres horas; el tema principal, la distribución de las 25 comisiones de trabajo establecidas en el Congreso del Estado.
Mientras eso ocurría a la sede del Poder Legislativo arribaron más de 50 integrantes de clubes de motociclistas, quienes entregaron un documento en Oficialía de Partes en contra de la “Ley Chaleco”, que impulsa Alberto Capella Ibarra y que además de ser discriminatoria, atenta contra los bolsillos y la seguridad de los propios ciudadanos.
En el vestíbulo permeaba la incertidumbre sobre la distribución de las comisiones, sin duda el tema del día. Se supo que Eduardo Martínez Arcila peleaba a muerte por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, no es difícil imaginar el por qué.
Cuando el reloj marcó las 12:45 horas los legisladores salieron de la reunión privada de la sala de comisiones; no todos estaban contentos con los “acuerdos” logrados. Pero ningún diputado dio dato alguno, se guardó todo para la sesión ordinaria a la que todos se dirigieron de inmediato.
En el salón de plenos ya aguardaban unas 150 personas en las butacas, el 90 por ciento trabajadores del Congreso del Estado, además de los asistentes y personal técnico de apoyo.
A las 13:04 minutos el presidente de la Mesa Directiva, Erick Gustavo Miranda García, dio los buenos días y la bienvenida al público asistente. Tras leer el orden del día y verificar el quórum de 25 congresistas se instaló formalmente la sesión tres minutos después.
La propuesta de integración de las comisiones fue leída en su totalidad y al término Miranda García abrió los micrófonos para alguna observación por parte de los diputados. Ipso facto se apuntaron Reyna Durán Ovando y Luis Chávez Zepeda.
La primera no tuvo empacho para decir que este día se consumó la traición hacia la Cuarta Transformación por parte de tres congresistas de Morena, de quienes tampoco tuvo empacho en decir sus nombres: Linda Cobos Castro, Alberto Batún Chulim y Paula Pech Vázquez. Dicha traición también sumó a los diputados del Partido Verde Ecologistade México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), pues votarían a favor del bloque panista.
Chávez Zepeda tomó la tribuna para quejarse y señalar que se revise los perfiles en la entrega de comisiones, porque de la forma propuesta se dañará al pueblo quintanarroense.
Posteriormente se votó la propuesta y todo ocurrió como señaló Durán Ovando. Las votaciones a favor fueron 19, cinco en contra y Chávez Zepeda dijo no resistir tal burla por lo que no sufragó y se retiró del recinto legislativo.
Las cinco comisiones más importantes son: Puntos Constitucionales, quedó en manos de Hernán Villatoro Barrios; de Puntos Legislativos asignada a Roberto Erales Jiménez; de Justicia, Roxana Lilí Campos Miranda; de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, José de la Peña Ruiz de Chávez; y Asuntos Municipales que encabeza Wilbert Alberto Batún Chulim.
En Desarrollo Humano, Población y Productividad, José Luis Toledo Medina; Desarrollo juvenil con Igualdad de Oportunidades, Luis Chávez Zepeda; Grupo Vulnerables, Reyna Durán Ovando; Desarrollo Indígena, Pedro Enrique Pérez Díaz; Desarrollo Rural, Linda Saray Cobos Castro; Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, José Luis Guillen López; Planeación de Desarrollo Económico, Cristina Torres Gómez; Trabajo y Previsión Social, Edgar Gasca Arceo; Salud y Asistencia Social, Erika Guadalupe Castillo Acosta.
En la Comisión de Derechos Humanos, Judith Rodríguez Villanueva; Igualdad de Género, Atenea Gómez Ricalde; Educación, Ciencia y Tecnología, Ana Ellamin Pamplona Ramírez; Medio Ambiente y Cambio Climático, Tyara Schleske de Ariño; Cultura, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis; Turismo y Asuntos Internacionales, Carlos Rafael Hernández Blanco; Deportes, Iris Mora Vallejo; Seguridad Pública, Gustavo Miranda García; y para la Defensa de los límites estatales está María Fernanda Trejo Quijano.
El colmo fue que la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana será encabezada por Eduardo Martínez Arcila y una de las comisiones más controversiales, la de Movilidad, quedó en manos de Paula Pech Vázquez.
Posterior a la sesión el presidente de la Junta de Coordinación Política y de Gobierno (Jucopo), manifestó que no se analizaron los perfiles, “no se trata de venir a agandallarse, solo basta con analizar los perfiles y verán de qué se trata”. Agregó que cada quien es responsable de sus actos, están anteponiendo sus intereses, está muy claro quiénes votaron en contra y de lo que se trata es acabar con las prácticas añejas, pero parece que las cosas van por otro lado, pero en este caso así es la democracia.
Posteriormente Batún Chulim intentó justificar su actuar y la de sus compañeras Linda Cobos y Paula Pech, amparándose en la línea del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo no pudo argumentar nada y ante la metralla de preguntas de los reporteros, salió huyendo.
CANCÚN, QRoo.- Los problemas de depresión que son el primer paso al pensamiento suicida van en aumento en niños y adolescentes en Quintana Roo, siendo el municipio de Benito Juárez donde se tiene el mayor número de casos, pues de mil 200 personas que se atienden mensualmente en el DIF municipal, el 35% son menores de edad, refirió Evelin Parra, directora del área de psicología de ese organismo de asistencia social.
En entrevista durante la puesta en marcha de una serie de talleres y conferencias de prevención del suicidio que se realizan en centros de trabajo, así como dependencias de gobierno y al personal de 911, dijo que han detectado casos de niños de cinco años de edad que sufren cuadros de depresión, lo que muestra lo grave del problema.
“Para que un niño o un adolescente tengan cuadros de depresión debe estar en un entorno sumamente violento que lo lleve a la desesperanza al grado de pensar en el suicidio, de ahí la importancia de que lo padres estén atentos al comportamiento de sus hijos y si detectan cambios brindarle el apoyo, así como el soporte emocional”, dijo.
Dijo que las causas de la depresión son multifactoriales, pero en el caso de los menores es porque enfrentan un ambiente familiar plagado de violencia, sufren acoso escolar o tienen problemas con el consumo de drogas, de modo que al no poder manejar sus emociones acarician la idea de quitarse la vida.
Mencionó que en el estado los índices de suicidio en comparación con otras entidades del país son altos, pero del 2007 al 2019 han disminuido, anteriormente se cerraba el año con 100 personas que decidían quitarse la vida y ahora se cuenta con un registro anual de 60 casos, esto gracias al trabajo de prevención que se ha realizado en los últimos diez años.
Comentó que debido a que este fenómeno social tiene un gran impacto en Benito Juárez, se creó la Clínica de Atención a la Depresión que funciona desde el 2009 y que es la única que existe a nivel nacional; esto muestra lo grave del problema que se tiene en la jurisdicción con el tema de la depresión y el caer en la desesperanza.
Evelin Parra dijo que si bien los casos de menores van en aumento, también se tiene una población adulta que enfrenta problemas de depresión que oscila entre las edades de 25 a 39 años, que es la edad productiva, entonces por ello las acciones de prevención se están realizando en los centros de trabajo, de esta forma se abarcan los dos núcleos más propensos, que son los padres y los hijos.
“El establecer talleres y conferencias en los centros de trabajo nos permite no solo atender a las personas en edad productiva que pudieran estar sufriendo cuadros de depresión, sino que también se está alertando a los padres a poner atención en el comportamiento de los hijos, sus estados de ánimo o si enfrentan problemas de acoso en la escuela y sepan como manejar la situación”, expresó.
Indicó que por cada suicidio que se registra existen 25 personas con tendencias a quitarse la vida e incluso cuando una persona se suicida se afecta a 50 personas en su entorno, de tal suerte que el fenómeno del suicidio no implica nada más a quien determina ya no vivir, sino que hay un impacto entre sus familiares, amigos o compañeros de trabajo.
CHETUMAL, QRoo.- Una vez que la dirigencia nacional de Morena puso orden en la casa, la fracción de ese partido en el Congreso de Quintana Roo empieza a mandar en la XVI Legislatura. De entrada ayer, en una sesión de apertura en la que prevaleció la calma y los acuerdos fueron avalados por unanimidad, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) para el primer año de ejercicio constitucional, Edgar Gasca Arceo, advirtió que los lujos y menús para los diputados se terminaron en esta nueva era del Poder Legislativo.
En la sesión, el ambiente se sintió diferente en las instalaciones del Congreso del Estado, donde desde temprana hora había mucho movimiento: tras bambalinas se sabía que finalmente el bloque que lidera Morena no solo puso orden en su bancada, sino que logró acuerdos con el grupo legislativo que encabeza el PAN. Incluso al mediodía hubo una primera reunión de trabajo con productores de piña del sur del estado; la reunión fue presidida por las diputadas Linda Cobos y Ana Pamplona.
Previo a ello, Linda Cobos dialogó con integrantes de clubes de motociclistas por una propuesta que impulsa el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, la cual obligaría a utilizar casco y chaleco con número de serie, por lo que la consideraron discriminatoria y con tintes de saqueo contra la sociedad; su objetivo es meramente recaudatorio e impide que dos masculinos vayan en la misma motocicleta. Dicha iniciativa fue bautizada como “Ley Chaleco”.
Pese a lo acuerdos logrados entre todas las bancadas, en especial las de mayor peso: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Acción Nacional (PAN), aún había especulaciones en torno a los detalles. Lo único claro es que los 25 diputados estarían presentes y que se retomaría el proceso de instalación de la Mesa Directiva.
La cita para la Sesión de Instalación era a las 17:00 horas. Minutos antes los diputados comenzaron con su llegada a la sede del Poder Legislativo. Ningún Diputado daba detalles de lo que ocurriría, todo versaba en que finalmente se acordó un trabajo conjunto.
En los cubículos de los legisladores había también movimiento, finalmente tomaron posesión de sus oficinas. José Luis “Chanito” Toledo Medina se mudó; primero se agandalló la número 17 y ahora habita en la siete. Solo él tiene puesto identificador del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en la puerta.
A las 17:19 horas atravesaron por el centro del vestíbulo las dos cajas con los 27 ejemplares del Tercer Informe de Gobierno, que entregó el pasado 6 de septiembre el encargado de Despacho de la Secretaría de Gobierno, Arturo Contreras Castillo. Los documentos fueron distribuidos entre los 25 diputados.
A las 17:33 ingresó al salón de plenos Gasca Arceo; fue el último y saludó a todos sus compañeros en sus lugares, al tiempo que algunos diputados se encontraban dando entrevistas como Pedro Pérez, Roberto Erales y Atenea Gómez Ricalde.
Las 400 butacas del recinto legislativo lucían en un 60 por ciento ocupadas. Llegó a la sesión hasta el trabajador que levanta la pluma en el estacionamiento. Ya nadie puede tomar partido, hay un nuevo jefe y se tuvieron que cuadrar.
Gasca Arceo, ante del inicio de la Sesión de Instalación, leyó un documento en el cual se dejó en claro que se repondría el proceso de elección de la Mesa Directiva no porque sea ilegal sino como un acto de concordia y de acuerdos entre las diferentes bancadas, pero sobre todo con el espíritu de trabajo en pro de la sociedad.
Erick Gustavo Miranda García volvió a subir al estrado como presidente de la Mesa Instaladora, se verificó el quórum de 25 diputados y se declaró reanudada la sesión del pasado 3 de septiembre. Inmediatamente después se dio espacio a un receso, para que los coordinadores de las bancadas de Morena, PVEM y PAN se reunieran en privado y acordaran cómo quedaría presidida en sus tres años la Jucopo y la Mesa Directiva.
Luego de 20 minutos se reanudó la sesión y Miranda García leyó los acuerdos, quedando de la siguiente manera: Gasca Arceo presidirá la Jucopo el primer año; Miranda García, el segundo año y Eduardo Martínez Arcila, el tercer año.
En cuanto a la Mesa Directiva, el primer año lo encabezará Miranda García como presidente, Ana Pamplona como vicepresidente y Linda Cobos como secretaria. El segundo año será para los panistas y el tercer año para los morenos, mientras que “Chanito” Toledo Medina fungirá como secretario general de la Jucopo durante el primer año.
Posteriormente se llevó a cabo la sesión de apertura, con lo que se dieron por iniciados los trabajos de la XVI Legislatura que el martes a las 11:00 horas tendrá su primera sesión ordinaria.
En su primera entrevista como presidente de la Jucopo, Gasca Arceo aseguró que se acabaron los privilegios para los diputados, incluso una de las primeras instrucciones que giró fue que se elimine el menú de alimentos que se había establecido para los legisladores. “Nadie será tratado de manera diferente, podría haber comida, pero todos igual”, dijo.
Comentó que las camionetas lujosas es otro tema que se eliminará, por ello dijo que la situación legal de la Suburban blanca que utilizaba el ex presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, será revisada y podría ser rematada.
Las dietas de los legisladores no escaparán a un control más férreo y se vigilará que efectivamente sean aplicados para el fin que se otorga, de lo contrario se tomarán acciones al respecto.
Posterior a las dos sesiones, los diputados se retiraron, no sin antes saludarse y despedirse.
CANCÚN, QRoo.- Quintana Roo se encuentra entre los 10 primeros estados del país, con resultados negativos en percepción de inseguridad e índice de confianza, según se desprende de la encuesta “Medición Mensual de Gobernadores”, de la empresa de monitoreo Massive Caller, realizada el 8 de septiembre, dos días después del Tercer Informe de Gobierno de Carlos Joaquín González.
Esta encuesta califica a los mandatarios de los 32 estados del país con relación a la aprobación de sus respectivas administraciones. En dicha encuesta la gente emitió su opinión sobre el trabajo que realizan los ejecutivos estatales y colocó al mandatario estatal de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, entre los diez gobernadores peor evaluados al alcanzar un 28.8% muy lejos del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien logró la mayor calificación con un 64.7% de aprobación entre los yucatecos.
También en el cotejo de los peores gobernadores se encuentran Francisco Vega, de Baja California, con un 15.2%; Silvano Aureoles, de Michoacán, con 18.8%; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, con un 21.5%; Cuahutémoc Blanco Bravo, de Morelos, con 23.8%; Miguel Barbosa Huerta, de Puebla, con un 27.0%; Carlos Mendoza, de Baja California Sur, con un 27.0%; Alfredro del Mazo, del Estado de México, con 27.6% y José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, con 27.7%.
En cuanto a las entidades con menor percepción de inseguridad vuelve a destacar Yucatàn, seguido de Campeche, Durango, Baja California Sur, Baja California, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Chiapas y Nuevo León, cuyos porcentajes oscilan entre 16% y el 42%, es decir estos estados son donde la ciudadanía se siente más segura.
Mientras tanto, en las entidades en donde la población considera que está en riesgo su seguridad, Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional con un porcentaje del 67.8%, solo es superado por el Estado de México con un 68.5% y Morelos, con un 73.9%; de esta forma el Caribe Mexicano se mantiene en el top 10 con los estados en los que la inseguridad se encuentra en número rojos.
La encuestadora Massive Caller refiere que entre los gobernadores con mayor confianza se encuentra en primer lugar Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, con un 46.9%; Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, con un 40.6%; Claudia Pavlovich, de Sonora, con un 39.7%; Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, con un 37.3%; Javier Corral Jurado, de Chihuahua, con 32.4%; Martín Orozco, de Aguascalientes, con un 32.1%; Adán Augusto, de Tabasco, con 32.0%; Diego Sinhue Guanajuato, con un 30.6%; Alejandro Murat, de Oaxaca, con 30.5% y Carlos Mendoza, de Baja California Sur, con 29.7%.
En contraste entre los gobernadores con menor confianza sobresale en primer lugar Francisco Vega, con un 10.0%, seguido de Silvano Aureoles, de Michoacán, con un 13.2%; Marcos Mena Rodríguez, de Tlaxcala, con un 15.4%; le sigue José Peralta Sánchez, de Colima, con un 15.8%; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, con un 16.4%, además de Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, con un 17.3%; Enrique Alfonso Ramírez, de Jalisco, con un 17.8%, así como Alfredo del Mazo, del Estado de México, con 17.8%; Miguel Barbosa Huerta, de Puebla, con un 18.3% y Cuahutémoc Blanco Bravo, de Morelos, con 20.6%.
En el índice de confianza de los gobernadores, Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, salió con un porcentaje de 21.3, a un peldaño de entrar entre los peores evaluados, superado únicamente por el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, con 20.9%. De esta forma estuvo solo a seis puntos de la lista negativa con relación a la confianza que tienen los ciudadanos a sus respectivos gobernantes.
Compararado con la evaluación de marzo de este año, en tres de los indicadores negativos Quintana Roo sigue entre los primeros lugares, solo salió de la lista de menor confianza, ya que en ese sondeo se encontraba en el top ten; ahora se ubica en preventivo, es decir los quintanarroenses aún tienen sus dudas con respecto al índice de confianza en el mandato de Carlos Joaquín González.
El pasado viernes, por la mañana, Ruptura 360 dio a conocer el gasto adicional a los 9 millones de pesos que no se incluyó como parte del Tercer Informe de Gobierno de Carlos Joaquín González. Se trata de un videomapping que fue proyectado sobre el símbolo a la corrupción en Chetumal, la Megaescultura, así como unas fuentes danzantes, instaladas a los costados de la entrada principal de las oficinas que son sede de la Secretaría de Turismofederal.
El videomapping, cuya proyección de poco más de cuatro minutos, incluido el espectáculo de las fuentes danzantes, tuvo un cargo al erario cercano a los 21 millones de pesos. En el largo texto del Informe, Carlos Joaquín apenas dedicó media línea para decir que la Megaescultura “contará con atractivos turísticos de primer nivel”. De la inversión para estos “atractivos”, no hizo mención alguna, a pesar de que el informe estuvo plagado de cifras triunfalistas, con énfasis en la transparencia.
El sábado, desde las redes sociales de la Secretaría Estatal de Turismo y de la cuenta personal de Twitter de Carlos Joaquín, ante la información que se propagó rápidamente sobre el alto costo con cargo a los contribuyentes, se apuraron a comunicar que el videomapping estaría disponible para la población, sólo el fin de semana, pues en cinco semanas más ¡estará completo!, sin más detalle, eso sí, con la presunción de que será un producto turístico permanente y un espectáculo (de 20 minutos, aunque en la ceremonia del Informe duró cuatro minutos) de primer nivel para Chetumal.
Al presentarlo como un “producto turístico”, se le quiere separar del costo que tuvo el Tercer Informe, pero no hay manera, pues fue parte del formato. Desde ahí, los casi 21 millones de pesos se suman a los 9 millones que tuvo la renta de carpas, sillas, escenario, entre muchos otros.
Los 30 millones de pesos gastados convierten a este Tercer Informe en uno de los más caros no sólo de los dos primeros años de gobierno de Carlos Joaquín, que en conjunto suman 21 millones (Primer Informe: $12 millones de pesos; Segundo Informe, $9 millones), sino de los informes de sus antecesores.
Los esfuerzos por poner en el mapa turístico de México y el mundo a Chetumal, con espectáculos de primer nivel, se están ejecutando con quijotería. La capital del Estado cuenta con un solo hotel de cinco estrellas y con apenas cuatro vuelos que comunican con la Ciudad de México y uno más, con Guadalajara; la infraestructura y el tráfico aéreo contradicen los objetivos del “espectáculo del primer nivel” en el símbolo a la corrupción que se difunden desde ayer en las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado.
Sorprende entonces que asesores y funcionarios del gabinete, que en varios de ellos se reconoce a hombres y mujeres con talento, mal aconsejen a Carlos Joaquín. ¿De quién fue la “brillante” idea de incorporar al formato del Informe la presentación del videomapping y las fuentes danzantes?
Se pretendió distraer la atención de los quintanarroenses con “un espectáculo de primer nivel para Chetumal”, del contenido medular del informe, el que espera año tras año la población: los resultados en seguridad. Hay cifras contundentes, pero no son suficientes, por lo que Carlos Joaquín tuvo que matizar con una frase que reconoce el fracaso en esa materia: “para mí, también es insuficiente”.
El Tercer Informe de Gobierno, claro que pasará a la historia, no por los resultados expresados, sino por el dispendio de un gobierno que está desaprovechando el bono de la transición.
El Partido Acción Nacional, que abanderó en coalición con el PRD la candidatura de Carlos Joaquín, debe estar bastante preocupado para el 2021, y mucho más cuando el gobernador reconoció en su discurso como “nuestro” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho que provocó que Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del blanquiazul, se retirara del evento.
Al gobernador le urge sacudir a varios de sus colaboradores del confort en el que se encuentran, por el bien de su gobierno y el de sus gobernados, sobre todo ahora que tendrá una legislatura dominada por Morena y sus aliados.
Miroslava Breach vivió bajo acoso constante desde marzo de 2016, cuando comenzó a ser presionada por sus publicaciones sobre los vínculos entre grupos del narcotráfico y sus fichas en la política. Ella advirtió de sus amenazas a su viejo amigo Javier Corral, recién electo gobernador de Chihuahua, y a los encargados a nivel federal del mecanismo para proteger periodistas. El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), reconstruyó la trama de amenazas vinculadas a sus publicaciones, las advertencias que lanzó sobre el peligro en que estaba y las pistas que dejó en sus publicaciones antes de su asesinato el 23 de marzo del 2017 y que las autoridades no profundizaron.
Colectivo 23 de marzo | R360
Antes del asesinato, un auto Malibú gris merodeó por la calle José María Mata de la colonia Granjas en la ciudad de Chihuahua. Las cámaras de seguridad instaladas en la calle lo captaron seis veces entre los días 21 y 22 de marzo de 2017 cuando pasaba frente a la casa de dos pisos marcada para el crimen: era la del número 1609, con rejas cafés y un pequeño jardín en el porche Era la casa donde el 23 por la mañana fue sorprendida y acribillada a bordo de su automóvil, mientras esperaba a que saliera su hijo para llevarlo a la escuela, la periodista Miroslava Breach Velducea.
Una de las hermanas de la periodista recuerda que la tarde del lunes 20 de marzo, cuando bajaban de la camioneta guinda de Miroslava las plantas que acababan de comprar, su mirada se topó con la de un hombre que caminaba por la acera. Sintió escalofríos. Cuando se enteró del homicidio entendió que su hermana menor estuvo bajo vigilancia.
La veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, y autora de las afiladas columnas políticas que publicaba El Norte de Ciudad Juárez que firmaba con el seudónimo de Don Mirone, se había acostumbrado a vivir bajo acoso por lo que publicaba. Nadie ha podido establecer cuántos mensajes intimidatorios recibió hasta el día de su asesinato.
El acoso más implacable comenzó un año de su muerte. Las amenazas se intensificaron después de que publicó un reportaje sobre la estrategia de un grupo criminal, Los Salazares, que intentaba mandar, ya no sólo a través de las armas, sino a través de la política en los estados de Chihuahua y Sonora.
Reportaje de Breach por el que se intensificaron las amenazas en su contra. Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua.
Los Salazares. una numerosa familia oriunda de Chínipas, el pueblo serrano del que ella provenía, y cuyos miembros pasaron de ser simples rancheros a socios del Cártel de Sinaloa y en unos de los más buscados por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Miroslava los conocía bien, porque ella nació en el pueblo serrano de Chínipas.
Desde finales de los 90, Miroslava Breach reporteaba en los municipios de la sierra Tarahumara en Chihuahua. Era originaria del municipio serrano de Chínipas, por lo que conocía de primera mano la región.
Sus amigos y familiares más cercanos habían notado que en 2017, Miroslava hablaba de su muerte más de lo normal, pero siempre restándole importancia Poco antes de su asesinato insistía en dejar instrucciones por si ella faltaba: mencionaba los seguros de vida con los que, como madre soltera, tenía protegidos a su hija veinteañera y a su hijo adolescente, hablaba de su testamento y a cuál de sus hermanas le correspondía criar a su pequeño.
En diciembre de 2016, como cada fin de año, se obsesionó con renovar las costosas pólizas de los seguros (en cuentas en dólares y en pesos) de sus hijos. Pero hizo cosas anormales como pedir una cotización en la ciudad texana de El Paso para saber el costo del blindaje de su camioneta, recuerda su hermana mayor Rosa María.
Miroslava no concretó esa medida de protección: blindar los vidrios costaría 60 mil pesos y el fin de año la había dejado con deudas. Rosa María recuerda haberle pedido a Miroslava, cuyas notas osadas ya no sorprendían a la familia, ya no les contara de sus amenazas si no iba a hacer algo para disminuir el riesgo en que vivía. Le aconsejó informar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien era un viejo amigo de la periodista.
En el expediente de la investigación que realizó la Fiscalía de Chihuahua (la número 19/2017-8019) existen testimonios de familiares y colegas que coinciden en haber notado a Miroslava un poco dispersa y nerviosa. Se ponía sensible cuando hablaba de los riesgos del periodismo o fantaseaba con retirarse del oficio para dedicarse a su otra pasión y deleite que era cocinar. Nadie dudaba que tendría éxito si se volvía chef.
Sin embargo, ella misma decía que no podría dejar el periodismo porque le enojaba la impunidad (“el silencio es complicidad”, era su mantra) y hacía planes para fortalecer su joven agencia de noticias, llamada MIR, y abrir una edición local de La Jornada, el periódico nacional donde publicaba desde hacía más de 20 años.
Desde finales de 2015 Los Salazares le habían hecho sentir que no le gustaban sus textos. Fue a partir de una nota en la que los señaló como causantes de asesinatos y del desplazamiento de más de 300 personas de Chínipas, a donde, denunció, estaban llegando sicarios. Ella estaba molesta porque ese grupo se había metido con “la gente”, entre ellos algunos ancianos muy estimados por ella que también tuvieron que huir, desplazados por la violenta disputa territorial que este grupo sostenía.
Miroslava Breach fue de las pocas reporteras que documentó el desplazamiento interno forzado en la sierra Tarahumara ocasionada por grupos del crimen organizado. Huyen del narco 300 familias en Chihuahua.
El 4 de marzo de 2016, Miroslava Breach y su colega Patricia Mayorga de la revista Proceso publicaron al mismo tiempo un reportaje en el que señalaban que en ocho municipios de Chihuahua los precandidatos a alcaldes del PRI (el partido que entonces gobernaba el estado y el país), y uno del PAN, tenían relación con narcotraficantes.
Entre los municipios que se mencionaron en el trabajo periodístico estaba Chínipas. Esa denuncia provocó que se cancelara la candidatura de Juan Miguel Salazar, sobrino de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, el patriarca fundador del grupo Los Salazares.
Bajo su identidad de Don Mirone publicó una columna (el 10 de septiembre) sosteniendo que el alcalde de Chínipas, el panista Hugo Amed Schultz, tuvo como jefe de la policía a un familiar de Los Salazares, Martín Ramírez Medina, a quien identificaba como un criminal.
Un mes antes de su asesinato (el 20 de febrero) publicó en La Jornada y El Nortede Ciudad Juárez una nota que quizás fue su sentencia de muerte: escribió que el narco había infiltrado a Seguridad Pública Municipal (SPM) y al área de Obras Públicas de diez municipios. Entre estos, Chínipas.
“Otros directores de SPM, como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos con líderes criminales: es primo, en primer grado, de Alfredo Salazar Ramírez, preso por narcotráfico, y sobrino político de Crispín Salazar Zamorano, cabecilla de un grupo que opera en los municipios de Urique, Guazapares y Moris”, escribió.
Breach reveló cómo operaba la narcopolítica en los municipios de la sierra de Chihuahua. Los grupos criminales no solo pretendieron imponer candidatos a la presidencia municipal sino que contaban con directores e integrantes de las policías entre sus filas. Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua.
Nadie más en Chihuahua publicó esa información. La mayoría de la prensa local había aprendido a guardar silencio mientras gobernó César Duarte Jáquez, a quien Miroslava investigaba por su enriquecimiento y sus presuntos negocios con el crimen organizado. Esto último se dio a conocer en diciembre de 2017 en la primera audiencia del juicio contra el principal sospechoso del asesinato de la periodista.
Treinta y un días después de esa nota, la rutina de Miroslava se quebró al sacar del garage su camioneta, antes de las siete de la mañana, para llevar a su hijo a la secundaria: un pistolero se arrimó a la puerta del auto y le disparó ocho veces.
La periodista Miroslava Breach recibió ocho disparos certeros mientras esperaba a su hijo afuera de su domicilio para llevarlo a la escuela.
En esa primera audiencia del juicio a Moreno Ochoa del 27 de diciembre de 2017, un representante de la Fiscalía presentó al juez un audio. Los peritos lo habían encontrado en casa del joven que condujo el auto Malibú gris que llevó al pistolero a la casa de Miroslava, seguido en otro auto por Moreno Ochoa. El conductor era un estudiante originario de Chínipas, pariente de la familia Salazar, y está prófugo. El presunto sicario fue asesinado.
Cámaras de seguridad captaron al Malibú gris en el que arribó el asesino de Miroslava Breach a su domicilio.
En la grabación encontrada en una laptop VAIO negra, una voz pregunta a Miroslava quién le pasó la información de la nota sobre el candidato de Chínipas; ella, enojada, malhablada y con el carácter fuerte que la caracterizaba respondió que ella era la única fuente, porque ella era oriunda de ese municipio. También reveló que sus familiares ya le habían advertido que podrían hacerle algo.
El juez y los asistentes a la audiencia escucharon lo siguiente en la transcripción de la llamada:
Miroslava Breach (MB): ¿Bueno?
Hombre: Hola, Miroslava, ¿cómo estás?
MB: ¿Qué hay?
H: Oye sabes te voy a platicar qué pasa para ver de qué forma nos puedes ayudar. Hay gente en el partido allá en (inaudible)
MB: Sí.
H: Me dice la raza allá de la sierra que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo, que no fue así. Y no encontramos una forma de demostrarlo.
MB: Pero dame lugares de dónde.
H: Espérame tantito, eh (se escucha al de la voz preguntando a alguien que estaba enseguida: ¿de dónde?)
MB: ¿Qué comunidades?
H: De Chínipas.
MB: Ajá.
H: Y entonces (si) es que nosotros, entonces, (si) logramos demostrar que no fuimos nosotros no va a pasar nada. Entonces, si los reporteros que sacaron esa información afirman o me dicen que la fuente es ellos, no que me digan quién fue, pero nomás con que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso. Para nosotros quitarnos la bronca de esos otros güeyes encima. ¿Me explico?
MB: Pues diles, muy fácil y muy sencillo. Diles, pues, que por qué se hacen pendejos: ‘Miroslava Breach es de Chínipas’. No’más diles eso.
H: Ajá, pero ellos lo que necesitan estos cuates…
MB: No, no, no, no, que tampoco chinguen. Diles que para qué se hacen tontos: ‘Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información’. Así que, por favor, (ustedes) digan quién es y que me la echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, o sea, que no jueguen honestamente…
H: Pero, a ver, déjame aclararte, Miros: no me piden que reveles tus fuentes. Yo no te lo pediría.
MB: No, no, no, no, no. Pero no es que no haya fuentes, es que no hay fuentes. O sea, yo tengo cuando yo di el nombre de quién era en Chínipas.
H: Ajá.
MB: Simplemente saqué las cosas.
H: No fuiste.
MB: Esto fue lo que sucedió. Así de sencillo. ¿Pues qué creen que estoy tonta, manca, pendeja o de qué se trata? Así es, diles: ‘Soy fuente: Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra que es de ahí, y sabe quién era el personaje’ (se refería a Juan Salazar, el candidato).
H: Ya entiendo. Entonces no es que haya una fuente de que alguien fue y te dijo.
MB: Claro que no. Claro que no. Cuando yo vi la lista de candidatos y me puse a reportear, por eso reporteé Chínipas, Buenaventura, y una serie de cosas. Así estuvo la cosa y diles: ‘Fue Miroslava Breach’. Y que se avienten su boleto si quieren.
H: Entonces, ¿tú nunca te juntaste ahí con la gente ni con el presidente municipal?
MB: ¡Con nadie, absolutamente con nadie! Yo soy de Chínipas y sé de quién se trataba (el candidato).
H: Ah, ya entiendo. Así se la voy a comentar a ellos.
MB: Así coméntaselos. Ellos saben lo que pasa, es que todo mundo anda zurrado. Te digo que mis tíos me han hablado.
H: Pues sí, les han advertido que se los van a chingar.
MB: Pues sí, pues les han advertido, pero que les digan: ‘¿Te quieres chingar a alguien? Chíngate a la reportera, ya sabes quién es’. Y que se meta conmigo. Sabe perfectamente, yo por eso firmé la nota.
H: No, Miroslava, pues ahí está todo, con eso es más que suficiente.
MB: O sea, yo por eso firmé la nota, porque sabía. Yo tengo primos, tengo tíos en Chínipas, y que sepan directamente que fui yo y que nadie más me lo dijo. Los conozco de toda la vida.
H: Bueno, está bien.
MB: Así de sencillo, así de directo.
H: Lo que pasa es que sí andan preocupados. Sí andan muy preocupados porque allá tienen la percepción de que fue alguien de ahí; el presidente municipal.
MB: No, no, pues así cántaselas directas, yo te insisto. A mí mis tíos me han hablado, unas de ellas me habló llorando porque la presión ha estado de la chingada. Pero por eso le dije ‘tía, yo por eso firmé la nota porque sé de qué se trata y saben que soy de Chínipas’.
H: Ajá.
MB: Allá nací, mi familia es de allá.
H: No, pues está bueno, Miros. Pues muchas gracias. Yo así les comento.
MB: Entonces así coméntaselos y diles que lo que ellos no tienen a mí me sobra.
H: Así se los voy a decir.
MB: Así dícelos.
H: Jajaja.
MB: Que porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre.
En esta audiencia de inicio del proceso contra Moreno Ochoa se supo que el hombre de la voz era Alfredo Piñera, vocero del PAN en el estado, el partido del actual gobernador. En su declaración, Piñera confesó que grabó a Miroslava –y también una segunda llamada que hizo a la corresponsal de Proceso preguntándole lo mismo-, porque tiene una aplicación que graba todas las llamadas, y que entregó los audios al alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien le había pedido su ayuda para sacudirse la presión de Los Salazar.
A su vez, en su declaración, el ya exalcalde Schultz dijo que entregó los audios a la gente de El Larry porque consideró que era la única manera de convencerlos de que él no había filtrado la información que había frustrado la candidatura de Juan Salazar, por el PRI, el partido opositor.
Las notas de prensa surgidas esos días no tardaron en mencionar que la misma Miroslava había acusado a Schultz en su columna del 25 de noviembre del 2016 de ser “emisario del narco” y de “amedrentar a periodistas”.
En la Columna Don Mirone de la que estaba encargada Miroslava Breach, se señaló al menos en dos ocasiones al exalcalde de Chínipas, Hugo Schultz de estar relaciona con el narcotráfico.
La revelación del audio fue un escándalo nacional. También lo fue que tanto Schultz como Piñera fueran considerados por la Fiscalía de Chihuahua como testigos con identidad reservada y no como sospechosos.
No fue la única advertencia. El sacerdote de Chínipas, el Padre Gilberto Velducea, pidió a Miroslava y a Patricia que dejaran de cubrir esas noticias cuando lo conocieron en una reunión diocesana en el pueblo turístico de Creel, Chihuahua. El sacerdote ya no vive en Chínipas y no fue posible encontrarlo.
Para entonces, Miroslava y Patricia habían acordado publicar algunos temas intocables, como la narcopolítica, al mismo tiempo y en medios nacionales como medida de protección; Chihuahua no era seguro para el periodismo. El saldo hasta 2017 era de 21 periodistas asesinados en el estado; al menos cuatro se habían exiliado para salvar sus vidas, entre ellos Alejandro Gutiérrez, amigo de Miroslava y anterior corresponsal de Proceso. El gobierno de César Duarte (hoy prófugo de la justicia) tenía un control férreo sobre los medios de comunicación y presionaba para que se publicara sólo lo que fuera de su agrado.
Miroslava Breach haciendo un ladrillo con tierra roja, en la sierra Tarahumara, la región en la que más reporteó.
Desde la grabación de la llamada —que según Mayorga fue el 22 de junio y según Piñera el 6 de mayo— pasaron meses hasta que –según la versión oficial- “apareció” en una computadora en la escena donde se presuntamente se planeó el crimen. El 26 de mayo el alcalde Schultz, de Chínipas, mandó un comunicado a los medios negando vínculos de la delincuencia organizada con funcionarios, y explicando que el municipio había estado en paz durante la Semana Santa. Lo hizo en respuesta de un reportaje publicado por Mayorga en Proceso en el que denunciaba que sicarios obligaban a la gente a sembrar drogas, por lo que continuaba el desplazamiento forzado.
Un video filmado en Chínipas por esos días, en Semana Santa, muestra al popular cantante en la región, Alfredo Rosas, dando un concierto y dedicando un corrido en honor a Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, preso desde 2012 y quien está amparado contra una petición de extradición de las autoridades estadounidenses.
Este Colectivo buscó a Piñera y a Schultz. El primero dijo que no declararía; el segundo no respondió a las peticiones de entrevista que se le hicieron llegar.
No podía callar
“En todos sus cuadernos de la escuela veías la palabra Libertad”, dijo en el primer aniversario del asesinato su hermana mayor, Rosa María. “La marcó esa palabra (…) en todas sus investigaciones que hacía, veía esa defensa por la libertad, por los derechos de las personas”.
Breach inició su carrera periodística en Chihuahua, a mediados de la década del 90
Tiene una anécdota: Contó que primero estudió Biología Marina, y se mudó a Baja California Sur, y allá conoció la carrera de Ciencias Políticas. Cuando explicó a su madre que quería cambiarse de carrera le dijo: “Mamá, desde aquí yo puedo ayudar a más gente. Aquí puedo combatir la corrupción, puedo denunciar todos los abusos que se hacen y así tener una mejor sociedad”.
Empezó a escribir en el periódico universitario.
A Miroslava se le reconocía por su rigor. “Para cuando Miros publicaba algo era porque lo tenía bien seguro y ella siempre decía: ‘A mi nadie me va a poder desmentir lo que diga’. Cuando le preguntábamos ‘¿para qué tanto, Miroslava… ir a la sierra y dedicarte tanto a eso, para qué? Si puedes tener la información de segunda o tercera mano y aun así es buena información’. ‘No’, decía, ‘nadie me va a decir nada que sea mejor de lo que yo pueda ver, nadie me va a dar una información mejor de lo que yo puedo conseguir y corroborar’”, recordó Rosa María. La recuerda abriéndose espacios en reuniones familiares para redactar sus notas y cumplir a tiempo.
Miroslava era casi una leyenda entre los periodistas de Chihuahua. Era una diva humilde, la describió una colega. Era de carácter fuerte, bronca y malhablada. Seleccionaba bien a sus amigos, algo que no la hacía popular entre el gremio: no hablaba con periodistas que consideraba faltos de ética, despreciaba a los políticos aduladores (regresaba siempre los regalos que le hacían), publicaba notas que pocos se animaban a escribir, era muy buena analista política y tenía una pluma afilada y temida entre la clase política.
Para 2015 heredó la columna Don Mirone que durante años había realizado a cuatro manos con su amigo y colega Manuel Aguirre. Para ella no había tema intocable. Estudió Ciencias Políticas en La Paz, Baja California Sur, lejos de su familia, pero hizo su carrera profesional en Chihuahua, a donde regresó en 1995 con su hija pequeña. Allí cubría denuncias de violaciones de derechos humanos, especialmente casos de violencia en contra de las mujeres o de despojo de tierras de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.
Le gustaba ir conduciendo su camioneta por la sierra, aunque en los últimos años la región era campo de batalla de grupos criminales en su disputa por las rutas de la droga. Dos fotógrafos recordaban su afición por la velocidad; cuando veía a sus pasajeros asustados se burlaba y les decía que era mejor morir en pedacitos. Algunas veces nadie quería acompañarla y se iba sola en su camioneta.
En las fotos de sus coberturas a comunidades indígenas se le ve cargando niños, amasando tortillas, haciendo ladrillos de barro sobre el piso, montada a un tractor o tomando testimonios en asambleas comunitarias.
La periodista Olga Aragón, una de sus mejores amigas, con quien coincidió en El Diario de Chihuahua, y en la revista independiente Aserto, la recuerda en 1996 en la sala de redacción escribiendo sus crónicas “al tiempo que arrullaba sobre sus piernas a su entonces pequeña hijita Andrea, quien dormía en su regazo mientras ella concluía otra extenuante jornada”. En una nota publicada en La Jornada tras el asesinato la describió como muy buena madre, mujer y periodista. “Sus estudios en ciencias políticas enriquecieron, sin duda, su capacidad analítica, especialmente como columnista, donde desarrolló un estilo muy personal de elegante sobriedad y sutil mordacidad”.
Investigó por dos años el enriquecimiento del gobernador priista saliente César Duarte, y fue la primera que dio a conocer la triangulación de fondos a través de Banco Unión Progreso, un banco creado por él donde se depositaba dinero público. En 2010 Miroslava se volcó en el caso del homicidio del abogado defensor del ejido rarámuri de Baqueachi. Había sido asesinado en represalia por un litigio que había ganado, y que obligaba a terratenientes a regresarles sus tierras a los indígenas despojados. De ahí, la periodista forjó una amistad entrañable con la viuda del abogado. También se volvió defensora y amiga de la comunidad, a la que ayudó a formar una biblioteca. Planeaba llevarles chivos para que tuvieran otras fuentes de ingresos. Miros, como le decían, era para ellos una “chabochi” (mestiza en rarámuri) aliada y amiga que tenían como invitada especial en sus fiestas.
Desde 2004 Miroslava seguía el rastro a la infiltración electoral de los grupos criminales. Al momento de su asesinato –como reveló La Jornada– estaba investigando la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios de la entidad, todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico.
Denunciar la narcopolítica era peligroso en un estado que encabezaba las listas por número de asesinatos, y de impunidad, desde la declaración en 2006, por el gobierno de Felipe Calderón, de la estrategia de seguridad de la llamada “guerra contra las drogas”.
Miroslava había cubierto los asesinatos de un abogado cercano y su fuente de información (Miguel Etzel Maldonado), de líderes indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos como el abogado del ejido rarámuri de Baquéachi, pueblo al que acompañó documentando su lucha por recuperación de tierras. Cubrió el caso de una madre que pedía justicia por el asesinato de su hija (Marisela Escobedo) y fue abatida a las puertas del Palacio de Gobierno. Allí mismo las organizaciones sociales colocaron un monumento llamado la Cruz de Clavos, pidiendo justicia por todos los asesinatos de mujeres, incluso –después- el de Miroslava.
“Miroslava decía que ella tuvo que escribir sobre crímenes cuando la nota política se convirtió en nota roja”, recuerda una periodista que trabajó con ella, a quien Miroslava entrenó, y con quien vivió en Juárez cuando fue jefa editorial de El Norte.
La percepción general en su entorno es que no hablaba de las amenazas que le hacían para no asustar a sus hijos o a su familia. Las manejaba como si fuera algo normal en su vida. “Sólo a veces se guardaba en casa unos días”, recuerda la misma periodista.
Chihuahua ya destacaba en la nota roja: estado fronterizo con Texas, desde los años 80 se hizo famoso por el hallazgo del primer plantío industrial de marihuana (el rancho de Búfalo); una década después por las imparables desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes de maquiladoras, los hallazgos de las primeras fosas en viviendas y por ser territorio controlado por el narcotraficante Amado Carrillo, alias El Señor de los Cielos, fundador del Cartel de Juárez. En 2010 y 2011 Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo.
Una muerte cantada
Cuando se supo de su asesinato, hubo tantas y tan variadas hipótesis sobre quién habría ordenado su muerte, como enemigos se había ganado Miroslava por sus notas.
En el expediente de su asesinato quedó constancia de ello: (Para protegerlos la Fiscalía le otorgó seudónimos a cada declarante).
“[Miroslava] era una persona consciente de que el medio en que se movía, por las diversas cuestiones que estaba tocando podían resultar incómodas o afectar los intereses de ciertas personas, que eso le podía generar represalias. Pero también tenía claro cuál era su responsabilidad como periodista”: Testigo Mila, familiar.
“Era una persona muy firme en sus decisiones y en su carácter. Defendía mucho sus ideales, fuera quien fuera el personaje”: dijo Silver, un familiar, quien reveló: “Estuvo recopilando y documentando información relacionada con las actividades ilícitas realizadas en la administración pasada, así como la relación con los nexos con el narcotráfico. Así como las propiedades ilícitas que había comprado el gobernador (César Duarte) y todos sus allegados”.
“Tenía documentado todo el enriquecimiento ilícito del gobernador César Duarte y de la relación con el narco que tenían varios políticos, que iba a ir sacando poco a poco reportajes, me comentó que tenía información de la relacií¡ón minera que tenían los narcos con los gobernantes y gente de gobierno”, testigo sin seudónimo. La persona que dio ese testimonio recuerda que, como medida de seguridad, Miroslava compró diferentes bandas anchas en otros estados del país para hacer búsquedas por internet sin que sus datos quedaran registrados en los portales que visitaba.
“Comentó que el presidente municipal de Chínipas estaba relacionado con el crimen organizado en dicha región serrana, los que mencionaba ligados a esas actividades, los integrantes eran de la familia Salazar, y también hizo publicaciones de un sujeto del crimen organizado de la zona serrana que apodaban El 80”: testigo Monge, colega.
El testigo Jaguar declaró: “Escribió sobre los vínculos entre política y narcotráfico, corrupción, desplazamiento en la sierra, abusos contra las mujeres, la tala clandestina (…) En pláticas personales hablaba sobre la situación en Chínipas, sobre Los Salazar, un grupo de narcotraficantes que tenían dominados directamente a los pobladores, donde referían que estaban cansados con la manera en que estas personas se conducían en el pueblo, por las amenazas, extorsiones, homicidios y narcotráfico”.
A todos les llamó la atención la nota sobre los narcocandidatos, y sobre los directores de policía municipales impuestos por narcotraficantes.
“Los pobladores (de Chínipas) le manifestaban que estaba tomado el pueblo por grupos del crimen organizado”: Aries, periodista quien agregó: “Siempre proporcionó la información al último momento, antes de la publicación, para evitar la fuga de la información”.
“Señalaba que miembros de la delincuencia estaban presionando a los líderes partidistas de la región para que postularan candidatos impuestos por ellos. Incluso, advertían a los ciudadanos que sólo habrían esos candidatos que ellos apoyaban”: Casio, funcionario.
En los testimonios comenzó a salir a flote la presión a la que estaba sometida.
Los Salazares, viejos conocidos
Como dijo la misma Miroslava en la llamada con Piñera: ella sabía quiénes eran Los Salazares. Habían nacido en el mismo pueblo y allí montaron su base de operaciones. Según el expediente judicial contra Adán y Alfredo Salazar, desde allí controlaban el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Tras la muerte del padre de Miroslava, la familia Breach se mudó a Navojoa, Sonora, una ciudad cercana al pueblo. Allá también Los Salazares (como ella los nombraba, conocidos también como Los Salazar o Gente Nueva Salazar) expandieron sus negocios ilegales y asentaron sus familias.
El 27 de agosto de 1999, Breach publicó su primera nota sobre los abusos de los narcotraficantes de la Sierra Tarahumara y mencionó Chínipas. Basada en una denuncia de organizaciones de defensa de derechos humanos y rarámuris en esta señalaba “a los narcocultivadores que aterrorizan (…) cometiendo homicidios, torturando y quemando viviendas de las comunidades indígenas para obligarlos a trabajar en la siembra de mariguana y amapola”.
“Llegan a las zonas más intrincadas de la Sierra Tarahumara, narcotraficantes de otros estados y a la fuerza se apoderan de las parcelas propiedad de los indígenas para establecer en ellas las siembras de enervantes, obligándolos a trabajar en los predios hasta la cosecha –escribió-. (Lo hacen) ante la pasividad de elementos de la Policía Judicial del Estado y de las autoridades municipales”.
Chínipas es un municipio chihuahuense enclavado en la Sierra Tarahumara, cuya actividad económica, educativa y el sistema de salud, depende más de jurisdicciones de Sonora que de Chihuahua. Es un lugar estratégico para la siembra y trasiego de droga pues queda en el límite de dos estados fronterizos con Estados Unidos.
En 2000, entre la columna Don Mirone, cuya autoría aún compartía con su amigo el periodista Manuel Aguirre, y en sus notas de La Jornada, Miroslava mencionó seis veces a Adán Salazar Zamorano, a quien describió así: “otro presunto narcotraficante cuya fama pública trasciende al convertirse presuntamente en el principal productor y comprador de droga en la zona serrana de Chihuahua”.
El 10 de octubre cuestionó que ese hombre que se decía empresario fue detenido en la ciudad de Chihuahua y dejado en libertad a pesar de que le encontraron armas de uso reservado para el Ejército e incluso, recibió una carta de no antecedentes penales.
El 19 de septiembre de 2004 publicó sobre un atentado que sufrió ‘Don Adán’ en un fraccionamiento de lujo de la ciudad, en una de sus tantas propiedades, del que lo salvó su escolta de hombres armados. Entonces mencionó que financiaba campañas políticas.
“Ese narcotraficante es nada más y nada menos que ‘Don Adán Salazar’, como le dicen los presidentes municipales de Chínipas, de donde es oriundo, y donde se le conoce por el fuerte financiamiento que otorga a las campañas políticas de los candidatos a presidentes municipales y diputados de aquella región. Los presuntos sicarios detenidos con un arsenal, son en su mayor parte originarios de Guazapares y Urique, donde Adán Salazar tiene un importante coto de poder, al igual que en Chihuahua, donde cada vez es más evidente que goza de la protección policiaca”, escribió.
Luego denunció en una nota la participación de los grupos del narcotráfico en las elecciones: mencionó a alcaldes, incluido el de Chínipas, “con relaciones peligrosas”; que los grupos armados movilizaban a electores para que votaran por sus candidatos; que las autoridades municipales brindan protección a los narcos y el quiebre del tradicional sistema de partidos influido por el dinero que inyecta el tráfico ilícito de drogas.
En 2005, 2007 y 2008 insistió de distintas formas con lo que pasaba en la región, fuera mencionando la protección política recibida por Los Salazar, o los vínculos del alcalde, o la inconformidad por la inauguración de la mina Palmarejo en el municipio, encuadrada en lo que llamó “la fiebre del oro” en la sierra. También consignó en una nota la aparición de una narcomanta del Cartel de Juárez donde acusaba a Adán Salazar Zamorano y su hijo Alfredo Salazar Ramírez, de ser los fundadores del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y de haber operado impunemente por 10 años en la capital. Ella mencionó en sus notas cómo prosperaron en los sexenios de dos gobernadores priistas.
En 2005 el clan de Los Salazar ya había sido investigado como sospechoso de haber cometido la primera desaparición de un periodista en México: José Alfredo Jiménez Mota, del periódico sonorense El Imparcial, quien había escrito sobre los capos que controlaban el tráfico de drogas en Sonora, y el apoyo que recibían de funcionarios. Aún hoy, 14 años después sigue desaparecido.
En el cateo a viviendas relacionadas a Los Salazar en Sonora, en la búsqueda del joven reportero, fueron encontradas fosas –según la investigación periodística llamada Proyecto Fénix-, y un zoológico en un rancho de Navojoa. Tres personas consultadas para esta serie afirmaron que esa familia aún tienen leones, y –según el dicho popular- los usa para desaparecer personas.
En 2010, Miroslava siguió con el tema de la infiltración de los grupos del narcotráfico en la política. Publicó que “candidatos piden permiso al narco en Chihuahua para hacer campaña”, y dijo que la Sierra Tarahumara es una “tierra sin ley” de la que se apoderaron grupos criminales, entre ellos el de Alfredo Salazar, a quien señaló como responsable de la primera masacre del país en el periodo de la llamada “guerra contra las drogas”: la masacre de Creel, ocurrida en 2008, cuando fueron asesinados 12 jóvenes y un bebé.
Para 2011, sus notas fueron más direccionadas. Denunció la llegada “a bordo de avionetas”, de grupos criminales “aparentemente provenientes desde Sonora”, para abrir una nueva ruta de droga. “Sólo en murmullos se menciona el nombre de Alfredo Salazar Ramírez, ligado al cártel de Sinaloa, como responsable de la operación logística para sacar cientos de toneladas de mariguana que se quedaron varadas en ranchos y comunidades”, escribió Miroslava el 18 de septiembre. Ese año la Policía Federal capturó a Don Adán, el patriarca de la organización, en la ciudad de Querétaro, en el centro del país.
Desde 1999 Miroslava Breach había publicado notas sobre las actividades ilícitas de Los Salazar en sierra Tarahumara. El cártel de Sinaloa toma caminos de la Tarahumara para pasar droga. El cártel de Sinaloa toma caminos de la Tarahumara para pasar droga.
En 2012 reportó que por amenazas de gente dedicada al narcotráfico no se pudieron instalar casillas electorales en puntos de la sierra y que en poblados del municipio de Chínipas, la gente había sido obligada a votar por candidatos del PRI. También que el grupo de Los Salazares, y otros grupos, tenían retenes en los caminos serranos.
En todos estos años de denuncias, no se supo de amenazas a Miroslava. Pero en 2015 algo cambió.
La primera llamada intimidante de la que se tiene registro vino después de que publicara una historia sobre 300 familias que habían sido forzadas a huir en Chínipas. Decía que sicarios llegados por tierra y en avionetas buscando a Los Salazares habían aterrorizado a la gente. También daba cuenta de lo que la gente del municipio afirma hasta ahora: que sus llamadas son interceptadas. Bajo el seudónimo de Don Mirone, Breach acusó al grupo de Alfredo Salazar de actuar “con la complacencia de los policías estatales y los militares destacamentos en esos lares”.
La siguiente nota fue sobre los narcocandidatos. Ésa no se la perdonaron: esa misma semana recibió una llamada de advertencia.
“Posteriormente a eso, el presidente municipal de Chínipas, contactó a Miroslava para decirle que El 80 quería hablar con ella, para que le bajara a sus notas”, dijo la testigo con identidad protegida Mila, a la Fiscalía. “Esto me lo platicó directamente a mi persona hace aproximadamente un año. Después la volvieron a amenazar señalándole que no se parara en la sierra porque la iban a matar, mas ella seguía escribiendo respecto a los carteles de la sierra, dando nombres, notas que se pueden consultar en las noticias”.
Esta declaración causó polémica en la audiencia oral del juicio a El Larry en diciembre de 2017, ya que Schultz vive en la zona de influencia de Los Salazar; El 80 controlaba otra región diferente y alejada.
En las declaraciones ante la justicia los entrevistados difícilmente identifican fechas. Este Colectivo realizó entrevistas para corroborar con cuatro familiares cercanos y una docena de amigos y colaboradores cercanos, pero es difícil establecer la cronología.
En la audiencia se supo que el testigo Venancio (familiar de Miroslava) declaró que “en una ocasión escuchó que a la víctima le hablaron por teléfono una persona, diciéndole que de parte de un grupo de personas que cancelara una nota periodística… y ella les colgó.”
Miroslava comentó a Patricia Mayorga – quien habló desde el exilio para este reportaje – que familiares le comenzaron a pedir que dejaran de escribir de la violencia. “Dimensionamos (esas llamadas) como una incomodidad natural de las familias que se preocupan cuando publicamos alguna nota delicada. Las llamadas eran de gente conocida de Miroslava y por lo tanto, era una reacción normal para nosotras”, explicó a este Colectivo. Lo que notó que más le mortificaba es que usaran de mensajeros a sus familiares serranos, y el miedo que estaban pasando.
El 5 de junio de 2016, Javier Corral ganó la elección a gobernador de Chihuahua. Miroslava ansiaba el cambio de gobierno. Javier Corral -quien había sido periodista antes de ser político-, era amigo de Miroslava y de un grupo de reporteros críticos reconocidos en esos años por sus investigaciones periodísticas, pero poco a poco habían ido saliendo del Estado; un par se hicieron funcionarios con el nuevo gobierno que prometía un cambio.
Como la gente seguía buscándola para contarle lo que pasaba, el 6 de agosto, Miroslava volvió al combate y publicó que los narcotraficantes desterraban a gente de sus viviendas: “El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas, ubicado en la parte baja de la sierra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa–, es un botón de muestra de la situación general que prima en la sierra. Desde finales de 2012, la banda delictiva Los Salazares, comandada actualmente por Crispín Salazar Zamorano, emprendió una limpia de presuntos enemigos en la región que tiene bajo su control”.
Las amenazas que nadie atendió
El día que asesinaron a Miroslava, el gobernador Corral admitió en una conferencia que ella le había comentado de sus amenazas, pero dijo que fue dos años antes. No quiso mencionar quién era la fuente de la amenaza, tampoco fue citado a declarar al respecto.
“Hace dos años me mostró mucha preocupación por mensajes de amenazas que se le estaban haciendo llegar por motivos de la publicación de reportajes que todos conocemos que ella publicó junto con otra compañera periodista de Chihuahua y que frontalmente tocaron estructuras del crimen organizado (…) Ahora como gobernador (…) nunca me comentó, Miros, que tuviera una amenaza, una advertencia”, dijo el mandatario.
Informó que la principal línea de investigación sería su trabajo periodístico acumulado. “Miroslava denunció frontalmente a bandas del crimen organizado, como actos de corrupción en el estado de Chihuahua, y ese trabajo es por ahora nuestra principal línea de investigación”. Dos días después declararía a la revista Proceso que la línea a seguir sería la narcopolítica.
Las hermanas contradicen la versión del gobernador acerca de que no estaba enterado. En su declaración una de ellas dijo: “Existe una conversación entre ella y el gobernador electo Javier Corral, en la que le advertía que estaba siendo víctima de amenazas consistentes: (le dijeron) ‘que se dejara de meter en asuntos que no le importaban, que no hiciera comentarios de los narcopolíticos porque sino iban a matar a sus hijos, a su familia y al final a ella para que viera lo que estaba haciendo con sus comentarios’”.
Cuando se cumplió un año del asesinato, en la conmemoración que se hizo en la Cruz de Clavos, su hermana Brisa Guadalupe dijo a la prensa que en el celular que se llevó de la escena del crimen la Fiscalía, se habían perdido las pruebas. “Había también un mensaje de texto donde le avisaba (a Corral), pero ese se perdió cuando recogieron sus teléfonos el día del suceso”.
A más de dos años del crimen, la familia y colegas de Miroslava Breach mantienen la exigencia por el esclarecimiento su homicidio.
Eso mismo, en los eventos conmemorativos por el aniversario, Rosa María dijo: “(Miroslava) me dijo que si le pasaba algo yo iba a saber que era a raíz de eso, aquí va a estar en mi teléfono (…) Hubo más amenazas y ella los grabó, esas grabaciones debieron haber estado en su teléfono. Cuando ella estaba ahí en la camioneta (muerta) nos pidieron sus teléfonos, las computadoras y no tuvimos ningún pensamiento adverso, en ese momento estás en estado de shock y no piensas en hacer un respaldo antes y les entregamos todo lo que teníamos. Que yo sepa jamás aparecieron esas grabaciones”.
En el expediente no están consignados dichos mensajes, o la información que tenía en su computadora y los discos duros que recogió la Fiscalía. El titular de la FEADLE no respondió a la pregunta sobre esos archivos; el Fiscal del Estado no contestó a la insistente petición de entrevistarlo para esta investigación.
“Corral fue informado, en algunos casos detalladamente, de las amenazas en contra de ella y de otra periodista; primero en septiembre de 2015, luego en marzo de 2016, después en agosto cuando ya era gobernador electo y por último en octubre cuando ya fungía como jefe del ejecutivo”, escribió la periodista Olga Aragón quien se entrevistó con amigos y familiares durante el funeral.
Este Colectivo consiguió la captura de pantalla de una conversación que Miroslava tuvo con una colega, vía Whatsapp, el 12 de agosto de 2016, en la que le cuenta que informó a Corral de sus amenazas.
El gobernador Javier Corral reconoció que Miroslava Breach le informó directamente de amenazas que recibió dos años antes de su asesinato, sin embargo, familiares y colegas dicen que ella le había avisado directamente de nuevas amenazas al menos un año antes.
“Me llamó Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema que hablamos. Dijo que no me preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas”, escribió Miroslava la conversación.
Su interlocutora le respondió: “Qué bueno. Que calmen el tema en lo político”
“No sé si lo haga”, respondió MIroslava, “pero al menos se mostró sensible, hace la diferencia”.
El 10 de septiembre, un mes después de que Miroslava habló con Corral, en su muy leída columna Don Mironepublicó un duro comentario sobre Schultz: “Los pobladores de los pueblos serranos han aprendido que siglas políticas van y vienen, intercalando alcaldes del PAN y del PRI sin que cambien las condiciones de inseguridad, violencia y sin tocar el control territorial, la influencia económica y política que tienen los narquitos regionales. Hay alcaldes que hasta les sirven de mandaderos, para botón de muestra ahí está el presidente municipal de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, que últimamente anda muy activo actuando de intermediario”. En cuanto acabó su mandato como alcalde fue invitado a integrarse al gobierno de Corral.
Después vino el reportaje sobre la violencia en Chínipas. Las repercusiones llegaron hasta Sonora, desde donde un conocido la advirtió que el viejo Crispín la estaba buscando. “Como en octubre o noviembre del año pasado, nos hicieron llegar, sin recordar específicamente los medios, un mensaje en que se dice que el señor Crispin, o el Jefe Salazar, hermano de Adán Salazar, estaba muy molesto con la periodista Breach, por los reportajes y publicaciones que a últimas fechas realizó sobre las actividades que se hacían en Chínipas”, indica un testimonio anónimo.
Cuando una de sus familiares que se enteró del mensaje del viejo capo le preguntó qué iba a hacer a lo que Miroslava respondió: “qué voy a hacer, alguien tiene que decir las cosas”.
Miroslava advirtió en diferentes espacios de los riesgos que corría, pero no hizo una denuncia formal. Sus colegas más cercanos –algunos de la agencia MIR- sabían que ella no creía que los periodistas debían tener un trato especial o victimizarse.
Una vez habló públicamente de sus amenazas, fue el 12 de octubre de 2016, en una reunión del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en la ciudad de Chihuahua, a la que acudieron periodistas, defensores y enviados de la Secretaría de Gobernación.
Ella contó las dificultades de ejercer periodismo en el Estado, y las represalias sufridas por la nota de la infiltración electoral de grupos del narcotráfico. Sus puntos de vista quedaron plasmados en el documento final. En esa reunión se habló de la necesidad de activar un plan de alerta que, según se prometió, sería presentado al Gobernador del Estado.
En el borrador del texto, en la relatoría se lee en el apartado número 6: “Amenazas. Por notas sobre: candidatos narcos, sustituyeron a dos candidatos”.
Entre los riesgos enfrentados dejaron registrado lo siguiente: “Recibir amenazas directas, por terceros, oral y vía telefónica por lo que se escribe al respecto. Crimen organizado reacciona a una nota de manera inmediata. Se presenta en el medio del periodista y amenaza al medio automáticamente (…) (…) Corresponsales que lo manejan como tema de cobertura asumen los riesgos”.
La periodista Breach no solo había avisado de las amenazas que había recibido al gobernador Javier Corral, también lo mencionó en una reunión del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Otro de los orígenes de las amenazas para defensores y periodistas era la cobertura de megaproyectos y proyectos extractivos.
En la reunión, además de los funcionarios, estuvieron presentes defensores de derechos humanos que ya participaban en el equipo de transición de Corral y que se convertirían en funcionarios. El diagnóstico final fue presentado en el Estado un mes antes del asesinato de Miroslava: los encargados del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le dieron una copia al gobernador Corral, a miembros de su gabinete, al subsecretario de Gobernación federal Roberto Campa y a los periodistas y defensores. En este documento estaba implícitas las amenazas recibidas.
No se sabe el efecto que pudieran haber tenido las gestiones de Corral ante las amenazas que le reveló Miroslava, pero en el Don Mirone del 25 de noviembre del 2016 ella mencionó a Schultz, quien por entonces se estrenaba como coordinador de educación indígena en la zona serrana, como “emisario” del narco y amedrentador de periodistas. Una familiar cercana recordó en entrevista con este Colectivo que Miroslava se había topado con Schultz en los pasillos de Palacio de Gobierno. Estaba muy enojada.
En diciembre, Miroslava comenzó a decir a sus familiares y amigos que la situación en el estado iban a empeorar, y advertía que matarían a un periodista, y que podría ser ella. En enero solicitó la cotización para blindar su camioneta.
“Comentó que venía muy dificil el 2017, en cuestión de dinero, de política, todo lo referente al estado”, declaró a las autoridades una testigo. “Me explicó que ahora que había ganado Corral se iba a poner muy dificil, porque en su gobierno habia mucha gente del anterior, y que Duarte se estaba blindando para que no lo fueran a cuestionar; que Corral iba a estar atado de manos; que la cosa se iba a poner muy cabrona referente al narco y a la violencia” Entonces dijo la testigo que Breach le habló de “la intenciónera desestabilizar al gobierno de Corral” y de nuevas amenazas contra ella.
Una hermana dio un testimonio similar. “Se van a poner cabronas las cosas”, declaró que le dijo Miroslava. “y señaló que había una lista en la que iban a matar a 3 ó 4 periodistas, y que su nombre estaba entre ellos”.
Otra persona cercana a ella declaró además que Miroslava le dijo “que estaba molesta ya que le había entregado información a Corral del gobierno anterior durante su campaña, le habia proporcionado informacion de su investigación y que no la había usado, y estaba más molesta, como decepcionada, porque era información valiosa”. Era, según se pudo confirmar con la testigo, la investigación sobre las propiedades de Duarte.
A una persona conocida de Miroslava le dijo que un funcionario de gobierno (no supo quién) le hizo llegar una advertencia e insinuó algo sobre sus hijos. Un familiar le pidió que denunciara la situación a la FEADLE, lo que provocó la molestia de Miroslava.
La periodista Patricia Mayorga escribió en una nota para Proceso, publicada el primer aniversario luctuoso, que desayunaron juntas el 1 de febrero. A este Colectivo le dijo que en ese encuentro Miroslava le informó esa vez que “las llamadas continuaron, su familia de Chínipas estaba preocupada porque las publicaciones continuaron”. En esa ocasión la vio triste, se preguntaba si valía la pena arriesgarse o si debía abandonar el periodismo, mencionó el caso de un diputado federal que acababa de morir y que al menos él si había dejado dinero a su familia, fantaseaba con dedicarse a cocinar, pero ella misma se respondía que no podía hacerlo, porque si abandonaba no podría ver de frente a sus hijos.
El 18 de febrero comentó irónica en su columna sobre “el orgasmograma en Palacio”, refiriéndose al escándalo sobre una denuncia por la infidelidad del gobernador. Aunque sus subalternos dicen que ella pidió en El Norte que no se cubriera el tema porque era de índole privado y podía ser peligroso.
El 20 de febrero publicó una nota frontal contra los grupos armados: “Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua”, basada en un informe de inteligencia y de la Fiscalía. Aunque había acordado publicarlo junto a Proceso, por alguna razón se adelantó. En ésta mencionaba entre los directores de Seguridad Pública con vínculos criminales al de Chínipas: Martín Ramírez Medina, sobrino de Los Salazares. En ese momento estaba investigando desapariciones que se le adjudicaban a ese hombre.
Todavía el día 20 la recuerda la hermana que se hospedaba en su casa que “entre bromas me recordó que queria que sus hijos quedaran protegidos”.
En marzo de 2017, Miroslava y otros reporteros se acercaron al Fiscal del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, después de que éste diera una rueda de prensa sobre detalles de la violencia en la Sierra Tarahumara y sobre el homicidio del líder rarámuri Isidro Baldenegro, ambientalista reconocido mundialmente con el famoso Premio Goldman.
“Le preguntamos por qué hay varios capos reconocidos en diferentes municipios y todos los pobladores saben quiénes son y dónde viven, pero no los detienen a pesar de que algunos están en la lista de los más buscados de la PGR”, recordó desde el exilio Mayorga.
El funcionario explicó que cuando recibieron la administración no había ninguna carpeta de investigación sobre esos casos. Existe una fotografía de ese momento.
Para comienzos de marzo, Breach ya se había distanciado del gobernador Corral. Le reclamaba con ironía que no fuera más rápido contra su antecesor. La columna sobre la denuncia pública de la supuesta relación extramarital del gobernador, los había distanciado.
De acuerdo a familiares de Breach, sus investigaciones sobre el crimen organizado se las había entregado a Javier Corral, cuando contendía por la gubernatura de Chihuahua pero no pasaba nada.
Se notaba aislada. Se le veía molesta también con los luchadores sociales, sus antiguos amigos y aliados, que habían aceptado trabajar en el gobierno del llamado Nuevo Amanecer. En su última conferencia de prensa los cuestionó duramente por omitir los nombres de los acaparadores del agua en el Estado.
Su exjefe, el director de El Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú, dijo en su testimonio a la justicia que Miroslava le había comentado que estaba pensando en retirarse, y que en las últimas semanas estaba dispersa. Incluso, ocurrió lo que nunca había pasado: él había tenido que llamarle para que mandara una nota, y no era ella la que se adelantaba.
Cantú compartió con la Fiscalía dos fotos: en una se ve un joven con la mano herida, sudoroso, como acorralado. No le preguntó a Miroslava por qué se la había mandado. Se especuló que ella sorprendió a ese desconocido siguiéndola y lo retrató. Mandó otra foto de un operativo policíaco en algún lugar desconocido, tampoco explicó por qué.
Cuando una pariente le preguntó por qué no denunciaba la situación a las autoridades, ella contestó enojada “que eran unos pendejos si no sabían” que Corral iba a tener un desmadre si le mataban a un periodista.
En marzo, según la testigo Silver, le dejaron una nota en su casa amenazándola. El día 21 mencionó a su hija veinteañera su herencia, y a una de sus hermanas menores le encargó, otra vez, la tutoría de su hijo.
Las hermanas recordaron los últimos días premonitorios de Miroslava. “El 21 de marzo mencionó a su hija que cuando muriera, que comprara un lote en ese sector del vivero con la mitad del dinero que a ella le tocaba ya que la otra parte corresponderia a su hermano”, dijo. “Estoy segura que mi hermana tenía más amenazas de las que confesaba”, dijo otra.
El 21 de marzo de 2017, a las 19:43 horas y a las 19:45, el Malibú gris con cola de pato y vidrios polarizados y rines estilizados fue captado afuera de la casa de la camioneta guinda. El 22, en su columnaDon Mirone, Miroslava señaló que el Fiscal Peniche era responsable directo del empoderamiento de los grupos del crimen organizado cuando había sido delegado de la PGR en tiempos de Duarte. Ese día discutió en una conferencia con motivo del Día Internacional del Agua con los activistas que habían sido sus antiguos aliados, a quienes criticó –según recuerda uno de ellos- por haber perdido su espírtu crítico con la llegada de Corral al poder. Esa noche, entre las ocho y las diez de la noche, el auto gris pasó cuatro veces frente a su casa.
Al día siguiente, la mataron.
La repartición de culpas
En la Cruz de Clavos, el monumento a la impunidad instalado afuera de la oficina del gobernador, los hermanos Breach denunciaron en el primer aniversario del crimen de Miroslava que Corral les dijo que ella se buscó lo que le pasó “por pisarle los callos al diablo”, al investigar temas peligrosos:
“Esa frase dicha por el Gobernador es una bofetada para la familia, para el gremio periodístico y para cualquier mexicano, porque viene de una autoridad responsable de hacer cumplir los elementales derechos de protección a la vida, libertad y seguridad”, dijo uno de ellos. Corral, por su parte, ha negado haber dicho eso a la familia.
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua no indagó en la relación entre políticos e integrantes del crimen organizado que reveló Miroslava Breach en sus reportajes. Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que ahora tienen en sus manos la investigación, no quiso dar información al respecto.
Los hermanos Breach Velducea pidieron a la FEADLE que la fiscalía federal investigara el asesinato pues, como documentó la organización Propuesta Cívica que en les dio acompañamiento jurídico, durante 10 meses no tuvieron permitido rener copia de la carpeta de investigación. Hasta el momento el único detenido ha sido Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, quien niega su culpabilidad en el crimen.
En septiembre, seis meses después del asesinato, desconocidos entraron a la casa donde vivía la periodista, no robaron, sólo revolvieron sus archivos. Esto volvió a ocurrir a mediados de este año.
“No parecía un robo, no se llevaron nada de valor, parecía como si hubieran estado buscando algo con todos los papeles revueltos, sillones, camas”, dijo su prima Alcira Velducea, quien se encargó de cuidar la casa abandonada.
Este año, en Sonora, aparecieron al menos seis mantas en distintas ciudades acusando a Los Salazar (Adán, Alfredo y Crispín) de la autoría del crimen, también circuló un video anónimo en redes sociales que fue publicado por medios de Chihuahua.
Los archivos de Miroslava que las hermanas dicen que no volvieron a recuperar sirvieron para nutrir expedientes de los grupos criminales de la entidad, según declaró el Fiscal Peniche a la prensa local. Sirvieron para otros casos, aún no para aclarar el suyo. Sigue sin ser esclarecido el asesinato de Miroslava Breach Velducea, la periodista que no quiso callar porque, como repetía, “el silencio es complicidad”.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duración
Descripción
cookielawinfo-checbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.