Jazmín Ramos | R360

(Cuarta y última parte)

Pese a la violación sistemática al artículo 11 constitucional que garantiza el libre tránsito de los ciudadanos en la franja costera, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Hernández, desestimó las acusaciones de los activistas, ambientalistas y defensores del espacio público.

“Ninguna playa en el país es privada, todas son públicas. Todos los hoteles respetamos el derecho de paso o de servidumbre, ese es el término correcto. Todos los respetamos, lo único que nosotros decimos es que también se nos debe respetar el derecho al uso de la zona federal por la que pagamos impuestos”, señala.

Mencionó que no hay ninguna limitante para el disfrute de las playas en Cancún e incluso fue más allá al decir que cuando todo está tranquilo y no se tienen contingencias, todos salen a defender las playas públicas, pero cuando se tienen problemas como el sargazo, entonces son de los hoteleros.

Sostuvo que los hoteleros pagan el derecho del uso de la franja costera y no es una cantidad menor, por ejemplo un hotel que tiene 2.8 kilómetros de frente de playa gasta ocho millones de pesos mensuales en impuestos.

“Entonces tenemos derecho a cuidar la zona que disfrutan los huéspedes, sin que eso signifique que se limite el libre tránsito, porque se respeta la entrada de servidumbre o el derecho de paso, lo que no podemos permitir es el uso de la infraestructura asentada en la zona costera, porque se tiene una concesión y de la cual se paga un impuesto que en todo el estado genera unos 380 millones de pesos”, precisó.

Bajo ese contexto dijo que así como les exigen el pago por el uso del área costera ellos también exigen que se les brinden los servicios para mantener limpias las playas.

Pese a la postura del hotelero, lo cierto es que de acuerdo a las investigaciones hechas por la doctora Christine McCoy Cador, quienes enajenan la zona federal se han apropiado del espacio público ante el amparo de las autoridades.

De hecho debido a las constantes quejas y las pruebas documentadas de la permisividad de las autoridades sobre la concesión de las playas, no solo en Quintana Roo, sino en otros destinos del país, los diputados en su mayoría de Morena, aprobaron una iniciativa que prohíbe la existencia de playas privadas en México.

Con 406 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen en el cual se busca garantizar que los mexicanos tengan un libre acceso y tránsito en las playas de México.

En la ley aprobada se cita que de no respetarse, los propietarios o concesionarios de los terrenos cercanos a las playas que impidan el acceso de la gente serán sancionados con una multa de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Pero mientras esta ley se aplica, los más de 400 kilómetros de litoral que hay en Quintana Roo, siguen en riesgo tan es así que se ha replicado el modelo de Cancún de limitar el libre acceso al área costera en los municipios de Solidaridad y en Tulum, donde la rapiña se extiende.

Al respecto Yolanda Garmendia Hernández, ex diputada federal y activista por el respeto a las playas públicas, mencionó que de nada sirve tener una ordenaza o una ley que pregone el libre acceso a la franja costera cuando en la práctica no se cumple, la ordenaza es clara y es la Federación quien tiene el control para que se aplique, entonces esto quiere decir que hay omisión.

“En los desarrollos turísticos se tomaron atribuciones que no le corresponden, porque las playas son de todos, no son privadas, desde hace mucho tiempo, cuando se empezaron a cerrar los accesos a las playas, se cuestionó a las autoridades al respecto, peron no se tuvo respuesta y nos quitaron el derecho de disfrutar aquello que es de la naturaleza”, estableció.

De tal suerte que estos ejercicios de cerrar los accesos, continúan y si bien al principio se maquilló diciendo que era para regularizar y tener infraestructura adecuada para el beneficio de los bañistas, no fue así, quitaron los estacionamientos, limitaron el libre paso  y fueron dejando pocas ventanas en donde la gente pueda llegar y disfrutar de la arena y meterse al mar, recalcó.

Consideró que a lo largo de los mas de 40 años de vida de Cancún las ventanas al mar se fueron cerrando y ahora se tiene un zona hotelera sin vista a la playa, convirtiéndose en un corredor flanqueado por hoteles, restaurantes y plazas comerciales, que le van restando competitividad, pues su principal activo es precisamente sus bellezas naturales que hoy se ven afectadas por las irregularidades toleradas por las propias autoridades.

Jazmín Ramos | R360

(Tercera de cuatro partes)

Durante cuatro décadas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (Semarnat) ha actuado de manera permisiva, es decir, ha autorizado proyectos que han limitado el libre acceso a la playas e incluso el 80% de las contrucciones en la zona hotelera ha violentado la ley.

Con estas acciones Quintana Roo se considera el estado con el mayor número de delitos medio ambientales a nivel nacional, los cuales además han quedado impunes.

Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), consideró que desde la fundación de Cancún, quienes han ocupado la titularidad de la Semarnat han hecho un pesimo trabajo, sobre todo de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Insitutcional (PRI), sin que eso exima a los que surgieron con los mandatos del Partido Acción Nacional (PAN) con los que también hubo irregularidades, pero en menor medida.

“El problema aquí, es que quienes asumen el cargo en la Semarnat son personas muy ligadas a los empresarios y todos han actuado en beneficio de los inversionistas, en vez de trabajar en beneficio del medio ambiente del que depende la calidad de vida de los ciudadanos y el éxito del propio centro turístico”, advierte.

Sostuvo que en la liberación de permisos y concesiones corre mucho dinero, entre corrupción y muchas otras cosas que se les ocurre, sobre todo en relación al tráfico de influencias, pues los empresarios presentan supuestos proyectos sustentables y al final construyen algo totalmente diferente, pero como los funcionarios son sus cuates los defienden y no hay problema.

La ambientalista añadió que por eso la Semarnat de Quintana Roo, es una de las delegaciones más peleadas, hay ex secretarios que se enriquecieron y por ello algunos incluso fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos; ahora se espera que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tenga otra postura.

Añadió que en esta administración federal existe la esperanza de rescatar las playas públicas, pues no solo los hoteles han cerrado las ventanas al mar, ahora con la modalidad de club de playa se privatizó el espacio público.

“Estos conceptos han sido permitidos por las autoridades ambientales, quienes son las que liberan las concesiones bajo el término de uso turístico-recreativo, pero al final limitan el goce y disfrute de la zona federal”, indica.

Según la lista de 500 concesiones que ha liberado la Semarnat tanto para la franja costera como para la Laguna Nichupté, se incluye también a condominos, los cuales si bien tienen derecho al uso de la franja constera, esto no implica que pueden instalar infraestructura recreativa sobre los arenales, practica que es muy común y de la que no se tiene sanciones al respecto.

Pero las irregularidades no terminan ahí: en las llamadas playas públicas se han instalado infraestructuras con la finalidad de mejorar la experiencia de los bañistas, pero lamentablemente hay superficies concesionadas a restaurantes, tiendas de conveniencia, venta de tours y de comida, cuando la norma no lo permite.

La activista y pionera de Cancún, Tiziana Roma Barrera, lamentó la permisividad de las autoridades al promover modificaciones al plan original de la creación de este centro turístico, en el cual se decidió no crear un boulevard costero como en Acapulco o Mazatlán, por ello los hoteles quedaron frente al mar, pero se contemplaron 12 accesos públicos a las playas, los cuales se fueron perdiendo.

Comentó que eso sin duda ha limitado el libre acceso a las playas no solo para los locales, sino también para los turistas que no se hospedan en la zona hotelera, violando la propia Constitución, es así como se bloquea el derecho a gozar de la franja costera, pues si bien se tienen playas como Langosta, Caracol, Cha Mool y Tortugas, que se siguen considerando públicas, en la practica no es así.

Mencionó que se suponía que las playas permanecerían públicas, peros se fueron vendiendo los espacios de acceso, es decir las playas finalmente siguen siendo públicas, el asunto aquí es que no hay paso libre, pues al otorgar cambios de uso de suelo bajo el concepto de uso turístico recreativo, se montan estructuras que limitan la entrada a los arenales.

Y ejemplificó con playa Chac Mool, que de ser una playa pública recreativa se convirtió en uso de suelo condominal, entonces esta permisividad, se ha extendido a otras áreas a lo largo de la zona hotelera impidiendo el acceso libre a los arenales y los mismo se ha tratado de hacer en playa Delfines, pero existe una defensa férrea para impedirlo.

La activista refirió que con el tiempo, ha sido testigo de cómo más y más espacios están siendo privatizados, “ahorita está siendo privatizada playa Tortugas por completo. Nos  van a dejar los accesos para que entremos disque a la playa, pero a través de un paso de servidumbre y lo mismo está pasando con playa Langosta cada vez se acortan más esos miles de metros cuadrados que se tienen destinados al uso recreativo”.

Dijo que acaban de anunciar la privatización de la playa donde está el hotel Hyatt Ziva Cancún, donde se ubica el faro histórico, que pertenece al patrimonio cultural (sin estar inscrito dentro del inventario) y resulta que no se puede pasar, solo atravesando la playa.

Roma Barrera consideró que es una situación muy penosa lo que pasa con el tema de las playas, pero lo que llama la atención es que ahora con el problema del sargazo, no sólo los hoteleros sino también las autoridades lanzan convocatorias a la comunidad para que vayan a limpiar las playas a las cuales no la dejan entrar y en donde se vuelve cada vez más difícil disfrutar del espacio: “las playas son parte de lo que representa el espacio público de la ciudad”, remarcó.

Jazmín Ramos | R360

(Segunda de cuatro partes)

CANCÚN, QRoo.- La privatización de las playas en Quintana Roo ha generado una constante violación al artículo 11 constitucional que garantiza el libre tránsito de los ciudadanos en la franja costera, y una lucha férrea de organizaciones sociales por exigir que se abran más ventanas al mar para garantizar el uso y disfrute de los balnearios en el estado.

Prohibir el acceso a las playas no solo es anticonstitucional, sino que también se incurre en un acto discriminatorio,  al no permitir la entrada a la franja costera por el hecho de no ser huésped de un hotel o por considerar que el aspecto físico del bañista puede dar mala imagen a los visitantes, refirió la presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos en Quintana Roo, Rosa María Márquez.

Dijo que desafortunadamente sí se registran casos de esta naturaleza en la entidad, pero que la mayoría no denuncia por considerar que solo será una perdida de tiempo, aunque la recomendación es no quedarse callados y presentar la queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a fin de que se finque responsabilidad.

De acuerdo al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial de la Semarnat, el articulo 7º señala que “las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona, salvo que se realicen actos o hechos que contaminen  la franja costera”, pero en la práctica esto no sucede, ya que el personal de seguridad de esos negocios impiden el acceso.

Además cita, que autoridades ambientales sancionarán con una multa de 10 a 500 veces el salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, a quien incurra en irregularidades y refiere que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien se encargará de vigilar que haya libre acceso de la población a todas las playas del país.

Sin embargo esta vigilancia se realiza de manera esporádica y solo durante los periodos vacacionales, es decir no hay una observancia cotidiana y menos aún verifican que los hoteles tengan un acceso público hacia el área costera, en virtud de que los empresarios entre un centro de hospedaje y otro tienen que dejar un acceso al mar, lo que tampoco se cumple.

Según un cotejo de los últimos dos años de los operativos de la Profepa, solo ha detectado cuatro establecimientos comerciales que ocupaban de manera irregular la franja costera.

Los datos indican que se trataba de restaurantes, servicios de masajes y renta de equipo de playa que operaban en más de dos mil 400 m2 de los arenales en El Mirador o playa Delfines.

De esas acciones se comprobó que una concesión había sido falsificada, otras estaban a nombre de terceros e incluso invadían el área que concesionaba a otra persona.

También en los archivos se inspeccionó una superficie de 587.59 m2, conformada por dos polígonos, en uno de ellos operaba el Restaurante Maria Beach, sin contar con el título de concesión correspondiente y en la segunda actuación el mismo negocio invadía un predio adjunto concesionado a otra persona.

Además fiscalizaron una ocupación de una superficie de 503.46 m2, en cuya zona se detectó un área de masajes denominado Olas Marinas, que carecía de permiso y además operaba en terrenos ganados al mar, concesionados a un tercero

A estas irregularidades se suma la inspección  que se realizó en una superficie de 201.38 m2 ocupada por Beach Club Bikini Sunday. Esta empresa no contaba con la concesión para el uso de zona federal, pero además  instaló áreas de cocina, bar y barra, así como juegos infantiles, terraza y mobiliario de descanso.

En el informe de las empresas que incurrieron en irregularidades no se especifica si hubo sanciones económicas, únicamente que se levantaron las actas de inspección y que se inició el proceso administrativo correspondiente, sin que se detallara el pago de multas.

No obstante, basados en el listado de las propias autoridades ambientales, en el área costera y la zona que ocupa la Laguna Nichupté se asientan uno 500 negocios de diferentes, giros y aunque tiene concesiones para operar en la zona federal, solo el 40 por ciento tiene injerencia directa sobre los arenales, esto quiere decir que el 60% incumplen con la ordenanza.

Además contravienen lo que dicta la ley porque han bloqueado el acceso libre hacia los balnearios, cuando la propia concesión refiere que tendrán derecho al uso de zona federal, pero esto no implica limitar el acceso a las playas, en razón de  que éstas son para el disfrute y goce público.

Jazmín Ramos | R360

(Primera de cuatro partes)

La zona costera de Quintana Roo ha sido presa de hoteleros, empresarios y prestadores de servicios turísticos, quienes al amparo de las autoridades ambientales a lo largo de los 400 kilómetros de litorales que tiene la entidad se han apoderado del aceso a los arenales, siendo Cancún el más afectado al perder el 97% de las playas públicas bajo el concepto de uso de suelo Turísticos Recreativo (TR).

Hoteles,  condominos, unidades resideciales, clubes de playas, restaurantes e incluso plazas comerciales operan en la franja costera, restringiendo el paso a los bañistas ante el argumento de ser propiedad privada; con esa práctica en los 49 años de haberse fundado Cancún, de las 14 playas públicas que establecia el PDU original, únicamente existen dos ventanas al mar.

La investigadora Christine McCoy Cador, explicó que inicialmente este centro vacacional tenía un total de 308 mil 892.34 metros cuadrados (m2), que eran cien por ciento de playas públicas, pero para el 2014 se había perdido el 97% del acceso libre a los arenales.

Ahora se cuenta solo con una superficie de 8 mil 244 m2 cuadrados de franja costera considerada pública, pero con los recientes cambios al PDU, los lotes que dan acceso directo a los arenales tienen permiso para el cambio de uso de suelo TR.

Detalló que oficialmente se tienen consideradas ocho playas públicas: Tortugas,  Gaviota Azul, Caracol, Chac Mool, Marlín, Playa Ballenas, Playa Delfines y Las Perlas, pero en realidad solo estas dos últimas pudieran considerarse públicas; las otras seis están rodeadas de construcciones que limitan el acceso o el área costera está tan erosionada  que difícilmente los bañistas logran una agradable experiencia.

Refirió que la idea de una ventana al mar es que al recorrer el boulevard se tenga la vista a la playa y no haya una construcción, lo cual es prácticamente imposible en Cancún, salvo Delfines, mientras que en playa Las Perlas, solo hay una micro ventana.

“¿Qué ha pasado con playa Caracol? –pregunta la entrevistada- Hoy por hoy, muy poca gente la recuerda, quizás los que llegaron 20 o 30 años atrás. Era en su momento una playa muy conocida, que está frente a Plaza Caracol, actualmentea existe un hotel, la palapa de Xcaret, un amplio estacionamiento, la entrada al restaurante Mocambo y una rentadora de autos; es una  micro playa que aparte está erosionada”.

Dijo que esto es una prueba de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno fueron permisivas  y esos predios de la franja costera los lotificaron y los fueron dividiendo al grado de que en esas fracciones operan diversas empresas bajo la modalidad de TR, de ahí, lo que en su momento era un gran ventana al mar, ahora está flanqueda de construcciones en donde solo hay pasillos de servidumbre.

Ante los constantes cambio al PDU, el concepto de TR implica que esas zonas pueden cambiar el uso de suelo con fines turísticos, por lo tanto esos  proyectos pueden ser un restaurante, bar, club de playa y en sí, cualquier desarrollo que permita el uso de la zona costera, afectando el libre acceso a los arenales, argumentó la también doctora en Economía.

Añadió que la aplicación del concepto TR es solo una simulación, dado que si bien refieren  que la zona tendrá un uso recreativo, el cual no impide el disfrute de las playas, en realidad privatizan el espacio público, pues en lugar de que los turistas y los locales lo usen de forma gratuita, tienen que pagar por ello.

“Se sigue manteniendo la cuestión recreativa, como el caso de playa Linda, que fue vendida por Fonatur para poner un teatro, un muelle de barcos y un restaurante, que si  no pagas o consumes no puedes estar ahí; (el TR) es solo una simulación”, denuncia.

Los datos referidos por McCoy Cador, concuerdan con un informe de la Zona Federal Marítimo Terrestres y Ambientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entregado a Ruptura 360 vía la Plataforma Nacional de Transparencia. En éste, la dependencia informa que ha liberado 500 concesiones para uso recreativo del área costera, de estas el 85% limitan el acceso directo a los arenales.

En la lista figuran hoteles, condóminos, restaurantes, plazas comerciales y los clubes de playa: Canoas y kayak, Coco’s Beach Club Cancún, Mandala Beach Club, Forum, Delirio Beach Club, Club de voley-playa,  Club de Playa Sur, Puerto Cancun, así como The Beach Club Me, los cuales operan directamente sobre la franja costera, pero con un acceso restringido.

Los clubes de playa tienen un trato preferencial, pues no son otra cosa más que una privatización del espacio público, de acuerdo con ambientalistas y activistas de derechos humanos, pues aun cuando tienen un acceso de traspatio o servidumbre, acaparan la franja costera con palapas y camastros que limitan el disfrute de la zona, obligando a los turistas a pagar por el uso del mobiliario.

David Acosta | R360

(Tercera y última parte)

CHETUMAL, QRoo.- En el estado, los morosos del servicio del agua potable provocan un déficit en las finanzas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y pese a su condición son enviados a la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF).

Las facultades de la DRAEF se encuentran establecidas en el Capítulo V, Del Pago de Servicios y Cobros de Adeudos, de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo en su artículo 105 BIS que entró en vigor el 9 de septiembre de 1996.

Esta dirección que depende de la paraestatal es la responsable de cobrar de acuerdo a sus facultades las deudas de los morosos de la CAPA, siendo algunas de ellas el cobro a través de convenios o denuncias penales, que en muchas de las ocasiones culminan en embargos.

Sin embargo el cobro de esta dirección se rige a través del Código Fiscal del Estado lo que propicia que las deudas se vuelvan impagables, pues se aplican fórmulas y elementos fuera de la realidad que terminan con el patrimonio de los usuarios, en su mayoría domésticos.

Un ejemplo basta para explicar lo arbitrario que resultan estas fórmulas y consideraciones que los deudores tienen que pagar una vez que su cartera vencida es pasada al DRAEF.

Por una deuda promedio de cinco mil pesos como consecuencia de la falta de pago de 24 mensualidades del servicio, de inicio se tiene que dejar en garantía un bien mueble o inmueble, generalmente son terrenos y vehículos.

Seguidamente se actualiza el pago con base a los costos al momento del convenio, ello implicaría sumar mil pesos a la deuda inicial. A esta cantidad se le agrega de acuerdo al Código Civil el 100 por ciento del total principal, es decir cinco mil pesos más.

Adicionalmente se aplican recargos del 43% de acuerdo al Índice Nacional de Precios en los factores mensuales del total del acuerdo, que serían unos mil pesos más. Asimismo, se suman los gastos de ejecución, que no son otra cosa que la notificación domiciliaria (por lo menos dos a 580 pesos cada una).

Tras toda esta sumatoria resulta una cantidad aproximada de 14 mil pesos, por lo que la deuda inicial de cinco mil pesos incrementa en nueve mil pesos más.

Aún más: el decreto expedido por el gobernador, Carlos Joaquín, para condonar recargos y multas no contempla el descuento en el recargo del 100 por ciento establecido en el Código Fiscal, que para este caso son cinco mil pesos.

Finalmente el “gran” convenio que podría lograr un usuario que esté en esta situación es un pago de 12 mil pesos. Solo se le condonaría un máximo de tres mil pesos.

Por si fuera poco, para materializar el convenio tiene que aportar el 20 por ciento de la deuda final y el saldo puede ser pagadero en un máximo de 36 mensualidades, con riesgo de embargo en caso de incumplirlo.

Esta situación y algunas irregularidades en la facturación, así como la mala aplicación de fórmulas y recargos ha hecho que morosos prefieran no hacer convenios, y seguir cargando con su adeudo, o en su caso pactar acuerdos con la paraestatal casi destinados a perder su patrimonio por los montos impagables.

Los últimos casos más sonados de abusos e irregularidades en el cobro y facturación ante el DRAEF fueron el de una persona de Bacalar, a quien le llegó una deuda por el servicio de 50 mil pesos y que al intentar hacer un convenio ascendió a 150 mil pesos.

En otro caso, un moroso de Chetumal con contrato doméstico, cuya factura marcó una deuda de 213 mil pesos, pero al preguntar por el convenio se elevó a 458 mil pesos.

Fugas escapan de las manos de CAPA

Otro de los problemas que la paraestatal no ha podido resolver son las fugas, que tienen que ver en parte por lo viejo de las redes de distribución de agua y por la incapacidad financiera, así como de planeación, para buscar una solución.

Por ejemplo, de cada 10 litros de agua que son suministrados a la capital del estado, la CAPA solo factura el 35 por ciento, el 65 por ciento se pierde como consecuencia de las fisuras y la incapacidad de atención a las mismas.

Diariamente en el estado se atienden 80 fugas, tan sólo en Chetumal son 40 fugas. Sin embargo en ambos casos la capacidad de atención es de tan solo del 60 por ciento.

Actualmente se cambia en algunos sectores de la ciudad la red de distribución de agua potable, lo que ha generado molestias de diversa índole pues el servicio sigue igual de deficiente, por los inconvenientes viales, destrucción de calles y daños a vehículos que se han ido accidentalmente en zanjas ocasionadas como consecuencia de las obras.