En el siglo XIX se escribió una de las obras sociopolíticas de consulta más importantes de las que se te ha memoria. “El político y el científico”.

En dicha obra, el autor expone el deseo de las personas para ser parte del proceso del poder definiéndolo como esa facultad de hacer uso de la violencia legítima para ejercer el dominio sobre los individuos.

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De la misma manera, define a los distintos tipos de políticos como el profesional, el semiprofesional y el ocasional, siendo este último el primer antecedente del ejercicio de participación ciudadana.

En una crítica muy parecida a lo que sucede en la actualidad, nos da un bosquejo de lo que significa vivir para la política con una vocación férrea de servicio a la colectividad; y vivir de la política, cuyos ejemplares más connotados los hemos vistos en los últimos 50 años en los gobiernos de México y de Quintana Roo.

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Si bien es cierto, Weber distingue a la política y a la ciencia como elementos independientes y pone reglas muy claras para que los científicos se mantengan en constante actualización y eviten cruzar líneas de opinión política ajenas a su función como maestros.

Lamentablemente, en México y propiamente en Quintana Roo, los políticos han demostrado nos ser asiduos lectores de la ciencia política como es el caso de la obra que hoy mencionamos, ya que se ha vuelto común que las direcciones de las universidades y centros académicos públicos se entreguen como pago de facturas políticas sin aportar al engrandecimiento de la ciencia, que al parecer se disuelve ante la presencia del político.

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Hoy que cruzamos un estrecho camino hacia el desarrollo de un mejor país, de un México más despierto y participativo, por el bien de todos, es fundamental arrebatar las universidades del control político y entregarlas a los científicos.

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