El espionaje que dio a conocer Citizen Lab de la Universidad de Toronto el domingo 18 de julio, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha sido el único. También los gobiernos estatales y municipales en otro tiempo han usado esta forma de “inteligencia”, para espiar a políticos, empresarios y periodistas.

En Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez, durante el periodo de Gregorio (Greg) Sánchez Martínez (2008-2010), un gobierno abanderado por un bloque opositor al PRI, también “alambreó” teléfonos celulares de objetivos que incluyeron a periodistas.

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El descubrimiento de al menos tres centros de espionaje, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), en cateos a domicilios particulares, en abril de 2010, atrajo la atención de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) calderonista, por lo que de acuerdo con el periodista Daniel Blancas, se abrió la averiguación previa PGR/QROO/CAN/193/2010-III, pero de ahí no pasó.

Incluso, el gobierno del entonces mandatario de Quintana Roo, Félix González Canto, con una intención más política que de justicia, presentó una denuncia por el espionaje, que se incorporó a la averiguación previa. Tampoco pasó nada.

En los cateos que hizo el Ejército y que consignó en un amplio informe, había sofisticados escaners para teléfonos celulares y fijos, tecnología israelí, y gráficas de seguimiento y espionaje y una lista de los espiados.

Desde que Sánchez Martínez había llegado a la presidencia municipal, en 2008, un grupo de periodistas en Cancún notó ciertas interferencias y estática en sus celulares y en los teléfonos fijos, y hasta se hizo famosa la broma de “para que me escuchen los que están oyendo”.

Testimonio de una noticia alambreada

El 3 de febrero de 2009, diversos medios dieron cuenta del asesinato del primer general brigadier en México: Mauro Enrique Tello Quiñones, que había llegado a Cancún como supuesto asesor en materia de seguridad de Greg.

Quien esto escribe, en calidad de director de Información, hizo una amplia cobertura y seguimiento al crimen, con un equipo de reporteros en Novedades Quintana Roo.

En las investigaciones periodísticas abiertas, seguimos el hilo de las horas previas al asesinato del general, que incluyó una reunión del militar en un restaurante del centro, versión confirmada por los trabajadores del centro de consumo, previo a su privación ilegal de la libertad.

Esa información la comuniqué a la dirección en Mérida, Yucatán, y fuera del director regional de Grupo Sipse, el reportero a cargo de ese ángulo de la investigación y yo, nadie más lo sabía. Ese mismo día se preparó la información para su publicación, dando a conocer el nombre de los funcionarios de Sánchez Martínez que habían estado con el general en el restaurante.

La petición que reveló el espionaje

Por la noche de ese mismo día, recibí una llamada de Cinthya, una asistente de Greg Sánchez, a quien conocí en la campaña que lo llevó a la alcaldía, pues en ese momento yo era su coordinador de prensa. Un mes antes de que Greg tomara protesta, decidí renunciar a su proyecto, para aceptar regresar a Novedades Quintana Roo.

Cinthya, con quien llevaba en la campaña electoral cierta amistad, me pidió que no publicáramos los nombres de los funcionarios que se habían reunido con el general Tello Quiñones. Mi sorpresa no fue tanto por la confianza de la petición, sino porque esa información sólo la conocíamos tres personas en el periódico.

La información se publicó como noticia de primera plana, con los nombres de los funcionarios.

El director regional y yo concluimos que el espionaje del gobierno de Greg era real y a partir de ahí Grupo Sipse tomó medidas para evitar en lo posible el alambreo.

Si bien hubo una averiguación previa que no “caminó, como se dice en el argot policíaco, e incluso el descubrimiento de los tres centros de espionaje, Greg no enfrentó cargos por ese delito.

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Es probable que el reciente descubrimiento del espionaje con el programa de Pegasus, tampoco tenga efectos legales sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto; sólo hay que ver la inacción de la Fiscalía General de la República, que apenas esta semana cateó un supuesto domicilio relacionado con el delito.

Lo grave sigue siendo el uso de recursos públicos, para espiar a ciudadanos en función de su actividad. El espionaje, con lo controversial que pueda parecer, debe ceñirse a procedimientos legales y transparentes, pero para combatir a la delincuencia, y no para perseguir a quienes los gobiernos consideren sus enemigos.

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