Claves de la noticia:
- Fraude inmobiliario en Playa del Carmen: El monto del fraude asciende a por lo menos 23 millones de pesos por la venta de departamentos en preventa que nunca pudieron ser escriturados.
- Implicados identificados: Los empresarios regiomontanos Carlos Dionicio “N” y Jorge Luis “N” (padre e hijo) enfrentan el proceso penal dictado por un Juez de Control.
- Modus operandi: A través de la empresa ‘Foro Construcciones’, promovieron departamentos en el ‘Condominio Oceana’; sin embargo, los recursos no se destinaron a liquidar el crédito puente que gravaba los inmuebles.
PLAYA DEL CARMEN, QR.- Un Juez de Control estatal de Nuevo León dictó auto de vinculación a proceso en contra de los empresarios regiomontanos Carlos Dionicio “N” y Jorge Luis “N” —padre e hijo— por su probable responsabilidad en el delito de fraude, tras consumar una afectación económica que supera los 23 millones de pesos en agravio de compradores de un desarrollo inmobiliario de lujo en este polo turístico.
De acuerdo con informes judiciales derivados de la denuncia, la resolución formal fue decretada el pasado 22 de mayo. Pese a la gravedad del quebranto financiero y el avance formal de la imputación penal, ambos acusados enfrentarán el proceso judicial bajo la medida cautelar de libertad.
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Incumplimiento en Condominio Oceana y desvío de recursos
El litigio penal se centra en las operaciones de la firma comercializadora Foro Construcciones, propiedad de los imputados. A través de esta persona moral, promovían activamente esquemas de preventa de departamentos exclusivos ubicados al interior del desarrollo inmobiliario denominado “Condominio Oceana”, situado en una de las zonas de mayor plusvalía de Playa del Carmen, Quintana Roo.
Noé Quintanilla, abogado postulante y representante legal de una de las partes afectadas, detalló que los clientes entregaron montos millonarios bajo la promesa contractual de que dichos recursos se destinarían de manera inmediata a la liquidación proporcional del crédito puente que gravaba cada una de las unidades habitacionales. Este paso técnico era indispensable para liberar las propiedades de gravámenes bancarios y proceder de forma legal con la escrituración definitiva una vez liquidadas en su totalidad.
Prórrogas e imposibilidad de escrituración desde 2017
Sin embargo, las investigaciones ministeriales demostraron que los capitales aportados por las víctimas jamás ingresaron a la institución bancaria acreedora. Por consecuencia, el gravamen original continúa vigente sobre los inmuebles, impidiendo por completo que los compradores legítimos obtengan la certeza jurídica de sus propiedades.
“Durante el paso del tiempo, los compradores recibieron múltiples prórrogas, excusas sobre supuestos inconvenientes administrativos y explicaciones técnicas e innumerables promesas de entrega y escrituración que jamás llegaron a concretarse”, aseveró el litigante Quintanilla a medios regiomontanos. Las pesquisas confirman que los pagos totales de diversas unidades concluyeron formalmente desde el año 2017, acumulando casi una década de incumplimientos.
Preven incremento de víctimas y montos reclamados
La defensa legal de las víctimas puntualizó que, a pesar de que los desarrolladores investigados aseguraron de forma reiterada a los adquirentes que los departamentos se liberarían en fechas compactas, las unidades continúan legalmente sujetas a severas restricciones financieras derivadas del fondeo original no pagado.
Si bien la actual vinculación a proceso deviene de una carpeta de investigación específica, el bloque jurídico acusador advirtió que el expediente mantiene una naturaleza expansiva. Se prevé de manera certera que tanto el número de afectados directos como el monto global reclamado por concepto de reparación del daño incrementen sustancialmente durante las próximas semanas, conforme más compradores defraudados se sumen a las acciones legales en curso.
