Claves de la noticia:
- Simulación en Chiquilá y Holbox: Acusan a las autoridades de detener a personas inocentes en esta zona turística para aparentar efectividad contra el crimen organizado.
- Extorsión institucional: Denunciantes señalan cobros de hasta 50 mil pesos para liberar a jóvenes detenidos bajo cargos fabricados.
- Cifra negra por miedo: Familias de la región no denuncian desapariciones ni abusos por temor a represalias de los mismos grupos delictivos y autoridades.
KANTUNILKÍN, QR. – Detrás de la postal turística del norte de Lázaro Cárdenas, en Chiquilá y Holbox, emerge un crudo relato de impunidad. Un exconcejal del puerto, quien ha solicitado el anonimato por estrictas razones de seguridad, rompió el silencio para denunciar presuntas irregularidades sistemáticas en los operativos que coordinan las fuerzas del orden en la región, especialmente en el trayecto que conecta ambos destinos.
De acuerdo con el testimonio recabado por RUPTURA 360, las autoridades estarían ejecutando una estrategia de “maquillaje” de cifras. El denunciante asegura que se realizan detenciones de ciudadanos inocentes para proyectar resultados en el combate a la delincuencia, mientras que los verdaderos generadores de violencia, dedicados a la venta de narcóticos y al cobro de piso, operan con total libertad en la región.
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Casos que indignan a la comunidad
La detención de Berenice “N”, señalada por la Fiscalía por supuesta desobediencia y resistencia de particulares, ha sido el detonante del malestar social. Al tratarse de una persona vinculada a una familia de amplia trayectoria en la comunidad, el hecho fue calificado por el exfuncionario como un acto de arbitrariedad que refleja un patrón de conducta institucional.
“No son casos aislados. Se llevan a jóvenes por supuesta posesión de sustancias y, una vez exhibidos, les exigen pagos de hasta 50 mil pesos para dejarlos ir. Es un negocio con la libertad de la gente”, afirmó la fuente.
El silencio del miedo en Chiquilá y Holbox
La problemática se extiende con fuerza a la zona insular, donde una segunda fuente confirmó que impera una “ley del silencio”. El temor no solo proviene de la delincuencia organizada, sino de la profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. Se reporta que existen casos de desapariciones que no llegan a las carpetas de investigación oficiales, ya que las familias en Chiquilá y Holbox prefieren callar para salvaguardar la integridad de sus miembros ante la falta de garantías.
Incluso se documentó el caso de un ciudadano detenido en Holbox por el simple hecho de portar un bulto. Según el relato, elementos de la Fiscalía lo habrían coaccionado para autoincriminarse, bajo la amenaza de “sembrarle” droga y trasladarlo de inmediato al Centro de Reinserción Social (Cereso) si no cooperaba con su narrativa.
Ante este panorama, los afectados del Chiquilá y Holbox hacen un llamado enérgico a las autoridades estatales y organismos de derechos humanos para que se realice una auditoría a fondo de los operativos. La exigencia es clara: transparencia total y el cese de prácticas que victimizan a la población local mientras la estructura criminal permanece intacta.
