Llega desgastado Carlos Joaquín

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M. Martínez | Reforma / R360

CANCÚN, QRoo.- En un contexto marcado por el desgaste del Gobierno local, la crisis de inseguridad y la fractura de la coalición que llevó a Carlos Joaquín González al Ejecutivo estatal, Quintana Roo se prepara para renovar su Congreso.

Arropado por la coalición Quintana Roo Une (PAN-PRD), Carlos Joaquín González logró en 2016 arrebatarle por primera vez la entidad al PRI, partido al que renunció para convertirse en candidato de Oposición.

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Excluido por el partido en el que había militado y con la bandera del “Gobierno del cambio”, el hoy Gobernador se convirtió en el beneficiario del voto de castigo contra los Mandatarios priistas, que en el pasado reciente tuvieron representantes como Roberto Borge.

La coalición PAN-PRD alcanzó la Gubernatura, ganó tres municipios importantes de la entidad (Othón P. Blanco, Solidaridad y Cozumel) y obtuvo, de forma separada, 9 de los 25 escaños.

Carlos Joaquín González llegó a la Administración estatal con la promesa de encabezar un Gobierno diferente y con el combate a la corrupción como su principal bandera.

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Dos años y medio después, su Administración llega al proceso electoral sin haber podido cumplir esos compromisos, con una crisis de inseguridad que él mismo reconoció públicamente y con el descontento de quienes impulsaron su candidatura y hoy se sienten traicionados.

Al inicio de su Gobierno, emprendió procesos penales en contra de 11 ex borgistas; aunque logró detener a nueve, hoy sólo uno se encuentra en prisión domiciliaria y otro, en prisión. El resto recuperó su libertad luego de que jueces declararon prescritos los delitos que les imputaron o por la vía del amparo.

Carlos Joaquín con AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Carlos Joaquín.

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Con ello, la estrategia que en un principio fue vista como un gran esfuerzo del Mandatario por combatir la corrupción, hoy es considerada un fracaso de su Administración.

A ello se suman los casos de corrupción que involucran a cercanos. En febrero de 2018, Juan Melquiades Fernández, su ex Secretario de Finanzas, fue detenido luego de que el SAT lo acusó de lavado de dinero. Hoy lleva su proceso en libertad.

El Gobierno enfrenta también una crisis de inseguridad. En 2018, Cancún cerró con 546 homicidios, el doble de los 277 registrados en 2017, lo que la convirtió en la quinta ciudad más violenta de México.

El 12 de febrero pasado, el Gobernador reconoció que Quintana Roo vive una crisis en la materia. Siete días después, el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, informó que siete grupos delincuenciales se disputan el Estado, entre ellos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

La inconformidad de quienes impulsaron su candidatura es otro problema con el que tiene que lidiar el Gobernador, luego de que colocó a políticos poblanos en puestos claves de su Administración, abonando con ello a los rumores de que su campaña tuvo financiamiento de Rafael Moreno Valle, fallecido en diciembre en un accidente aéreo.

El caso más emblemático fue el del ex diputado Eukid Castañón, designado coordinador de Centro de Comando, Control y Cómputo (C4), el mismo cargo que había desempeñado en Puebla.

En octubre de 2016, en un video difundido en redes, la ex lideresa estatal panista, Patricia Sánchez, acusó al Gobernador de haber relegado a los quintanarroenses y advirtió la existencia de voces de inconformidad en el “lugar en donde la gente se esmeró en salir a votar”.

Se refería a Othón P. Blanco, el Municipio que le proporcionó el 25 por ciento de sus votos, y en donde se concentra la burocracia estatal local.

El año pasado, la Administración de Joaquín González se enfrentó a su primera prueba de fuego, y no le fue bien.

El 2 de julio, se renovaron los 11 municipios de la entidad y estuvieron en juego dos senadurías y siete diputaciones federales. Morena arrasó con siete de las nueve posiciones legislativas. Además, le arrebató a la alianza PAN-PRD los municipios más importantes de la entidad.

Los resultados de la pasada elección fueron interpretados como un voto de castigo al Gobernador, un escenario que podría repetirse el próximo 2 de junio. (Fotos: Gobierno del Estado)

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