Claves de la noticia:
- Fraude Magnicharters: Un bloque de 91 agentes de viajes en todo el país reporta un desfalco de 12 millones 481 mil pesos en paquetes turísticos cobrados y no respetados.
- Desaparición absoluta: Las oficinas operativas de Magnicharters en CDMX, Cancún y Monterrey lucen abandonadas, los hangares fueron desalojados y sus directivos cortaron toda comunicación.
- Vacío institucional: Aunque Profeco acumula más de 400 expedientes y 9 mil pasajeros afectados, no reconoce a las agencias como víctimas directas, fragmentando además las denuncias penales por estado.
CDMX.- Un grupo de más de 90 agentes de viajes en México alista una demanda colectiva en contra de los dueños de la aerolínea turística Grupo Aéreo de Monterrey S.A. de C.V., comercialmente conocida como Magnicharters, por el probable delito de fraude, luego de que la compañía cesara operaciones de manera abrupta y dejara a miles de pasajeros varados desde el pasado 11 de abril.
Los profesionales del sector, quienes semanas antes de la repentina desaparición de la aerolínea comercializaron cientos de paquetes con vuelos, hospedajes y traslados que ascienden a un monto conjunto de 12 millones 481 mil pesos, se enteraron de la suspensión de actividades mediante un correo electrónico. La notificación original argumentaba una supuesta cancelación temporal de dos semanas, del 11 al 25 de abril, “debido a problemas logísticos”.
También te podría interesar: Crisis total en Magnicharters; dueño no aparece
Sin embargo, tras más de dos meses del aviso, Magnicharters ha desaparecido por completo del mapa operativo. Sus sucursales principales en la Ciudad de México, Cancún (Quintana Roo) y Monterrey (Nuevo León) se encuentran totalmente vacías; los espacios que ocupaban en los hangares aeroportuarios han sido desmantelados y su sitio web oficial únicamente despliega una dirección de correo electrónico que no emite respuesta. El único indicio reciente de su existencia jurídica fue un intento fallido por ingresar a un proceso de concurso mercantil.
“Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta de Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V., Magnicharters. Es un fraude muy bien planeado porque esto no es de un día; supongo que ya lo venían orquestando desde un año atrás y el tiempo nos lo dirá”, denunció a Excélsior Fabiola López, vocera del bloque Agencias de Viajes Unidas.
Socios fundadores “escondidos” y alertas en Profeco
Los agentes damnificados acusan directamente a los fundadores y principales socios de la empresa, los hermanos Luis Fernando, Augusto Adolfo, Gabriel Antonio y José David Bojórquez Maza, de encontrarse prófugos o “escondidos”, toda vez que no han podido ser contactados ni por los afectados ni por las autoridades federales de protección al consumidor.
Al respecto, la subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rebeca Sánchez, reveló a Excélsior la gravedad de la situación jurídica: “Físicamente ha sido imposible localizarlos para poderles notificar las quejas. Sin embargo, los procedimientos administrativos consideran otro tipo de vía para poder hacerles la notificación y que pueda continuar su curso el procedimiento”. Sánchez detalló que el organismo ya acumula más de 400 expedientes en contra de Magnicharters, con un estimado superior a los 9 mil pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos tan solo entre los meses de abril y mayo.
Represalias financieras y crisis emocional en los intermediarios
A pesar de que el universo de clientes perjudicados es masivo, los agentes de viajes independientes cargan con las peores consecuencias operativas y financieras, al verse obligados a asumir la responsabilidad económica frente a los viajeros a nombre de la firma regiomontana para salvaguardar su reputación comercial.
La crisis ha escalado a terrenos de salud mental para los microempresarios. Alicia Osorio, agente de viajes en el estado de Morelos, relató el impacto de la contingencia tras haber vendido un paquete turístico para 72 personas con destino a Cancún, programado para salir desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado 22 de abril. Sus pasajeros no solo se quedaron en tierra, sino que descubrieron el vacío absoluto de la empresa operadora.
“Por las noches me entra mucho la ansiedad y lloro de la impotencia. Marqué al hotel para ver si existía la reservación; me comentaron que ‘sí existe una reserva, pero no está pagada’. Ahora me responsabilizan a mí de los más de 800 mil pesos pagados por el paquete que también incluía traslados”, confesó Osorio.
En una situación similar se encuentra Blanca Flores, propietaria de la agencia Viatori Tours en Monterrey, quien comercializó paquetes de Magnicharters a 80 familias para distintas fechas del año. Flores documenta un desfalco nominal de un millón 351 mil pesos y manifiesta el desgaste psicológico de la situación: “He soñado que me llega el dinero a la tarjeta de la agencia y que de a poquito le hablo a mis clientes para que vengan por su dinero… Sí lo soñé, se sintió bien, pero ya desperté y ya no”.
Ambas afectadas se han sumado a las 91 firmas coordinadas bajo el cobijo de Agencias de Viajes Unidas. La consigna del gremio es unánime. “Pedimos justicia para que los detengan porque nos han defraudado. A mí me defraudaron con más de 200 mil pesos. Queremos a alguien en la cárcel”, sentenció María Elena Balpuesta, directora de Viajes Pegaso en la Ciudad de México. “Familia Bojórquez, den la cara como nosotros dimos la cara a los clientes”, agregó Osorio.

El quiebre de una dinastía turística
La historia de la aerolínea se remonta a 1994, cuando los hermanos Bojórquez Maza adquirieron las acciones de Grupo Aéreo de Monterrey S.A. de C.V., estructurando un modelo de negocio que dependía orgánicamente de una red de agentes independientes a los que recompensaban con comisiones y retiros de exclusividad en el Caribe mexicano a cambio de garantizar el llenado de sus aeronaves.
En las mejores épocas de Magnicharters, recordó el señor Julio Salgado, dueño de la agencia capitalina ItsMexitravel, los hermanos Bojórquez Maza invitaban a los agentes con mayores ventas a eventos de agradecimiento en Cancún. “Yo creo fue un amor tóxico de nosotros hacia don José Bojórquez Maza y también sus empleados, porque ellos ocultaron muchas cosas”, dijo el agente, cuya deuda por la cancelación de vuelos supera los 500 mil pesos. Su último cambio societario registrado ante el Registro Público de Comercio data de 2017, con Gabriel Antonio como representante de la sociedad.
Paradójicamente, la debacle también ha alcanzado al propio núcleo familiar de los empresarios. Armando Bojórquez Patrón, primo de los propietarios y presidente de Viajes Bojórquez —catalogada como la agencia de viajes más antigua del país—, confirmó que figura en la lista de víctimas tras adquirir cerca de mil paquetes turísticos que hoy representan una pérdida de 700 mil dólares (aproximadamente 12.4 millones de pesos).
Desde sus oficinas centrales, Bojórquez Patrón lamentó el severo daño colateral a la reputación de su marca y apellido, debido a que múltiples usuarios acuden a sus sucursales exigiendo reembolsos al confundir las identidades corporativas. “Tenía una relación con ellos más comercial que de familia, incluso a ellos no les gustaba que dijéramos que éramos primos. Se consideraban ricos porque tenían aviones y nosotros los pobres porque éramos agentes pequeños”, declaró, confirmando que se adherirá a la demanda colectiva penal.
Trabas institucionales paralizan el acceso a la justicia
El frente legal que encaran los afectados topa con pared debido a dos lagunas institucionales. En primera instancia, debido a su naturaleza como intermediarios de servicios, la Profeco no tipifica a los agentes de viajes como víctimas directas del servicio aeroportuario, sumado a que dicha procuraduría carece de facultades de persecución criminal.
Por otro lado, las denuncias interpuestas ante las fiscalías locales se encuentran atomizadas por entidad federativa, impidiendo que el Poder Judicial evalúe el fraude como una estrategia sistémica a gran escala. A esto se añade un impedimento temporal: los viajes programados para la temporada alta de julio, agosto y septiembre no pueden ser integrados formalmente en las carpetas de investigación criminal porque el delito, legalmente, no se ha consumado.
“La gente que tenemos viajes para julio, agosto y septiembre, como no se han realizado, no ha llegado la fecha de viaje, pues no hay fraude; no hay todavía un delito que perseguir”, concluyó con indignación la vocera Fabiola López. Ante la inacción gubernamental, el sector exige que la justicia mexicana intervenga no solo para indemnizar las pérdidas, sino para limpiar el legado de un apellido históricamente ligado al desarrollo pionero del turismo en Cancún. (Con información de Excélsior).

