Claves de la noticia:
- El SAT inmovilizó tres terrenos en Cozumel de Roberto Borge, tras detectar un incumplimiento de pago de impuestos federales (IVA e ISR).
- El crédito fiscal exigido al exgobernador de Quintana Roo asciende a 3,897,506 pesos.
- Las propiedades se suman a un embargo previo realizado este año en una zona exclusiva de Playa del Carmen.
CANCÚN, QR.- El cerco financiero sobre el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se intensifica. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó tres nuevos embargos sobre propiedades del exmandatario —quien actualmente purga condena en el estado de Morelos— debido a un adeudo que supera los tres millones de pesos por concepto de impuestos federales no pagados.
De acuerdo con la consulta de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, la orden de ejecución fue emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el oficio 2025-003387. Esta medida dejó inmovilizados tres inmuebles clave en la isla de Cozumel desde el pasado 24 de abril.
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Detalles del nuevo embargo a Roberto Borge
La ofensiva del fisco no es aislada. Estos tres terrenos en Cozumel se añaden a un aseguramiento similar efectuado a principios de 2026 en Playa del Carmen, específicamente en el condominio Arena, ubicado en las inmediaciones de la playa Shangri-la, una de las áreas con mayor plusvalía en el corazón de la Riviera Maya.
En esta ocasión, los inmuebles señalados en Cozumel cuentan con registros específicos que ya han sido intervenidos por la autoridad:
- Avenida Juárez #660 (Folio real 18734).
- Avenida 35 Sur (Folio real 18735).
- Avenida Rafael E. Melgar con Calle 5 (Folio real 18763).

Origen del crédito fiscal y los adeudos del exgobernador
La dependencia federal reclama a Borge Angulo un crédito fiscal total de 3 millones 897 mil 506 pesos. Esta cifra se desprende del incumplimiento en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Resulta relevante que las omisiones fiscales corresponden a los ejercicios de 2017 y 2018, periodo que coincide con el momento en que el exfuncionario abandonó el servicio público, su posterior huida del país, su detención en Panamá y su extradición a territorio nacional para enfrentar procesos por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
Riesgo de remate para las propiedades inmovilizadas
A pesar de que estos activos se encontraban previamente bajo el resguardo de un juez de control como parte de los procesos penales que enfrenta el cozumeleño, la vía administrativa del SAT ha avanzado para garantizar el pago de las contribuciones omitidas.
Fuentes jurídicas indican que, de no liquidarse el adeudo millonario en el corto plazo, el procedimiento legal apunta hacia el remate de los inmuebles. Con esta acción, el Gobierno Federal busca resarcir el daño al erario provocado por la falta de pago de impuestos, cerrando así otra vía de escape financiera para el exgobernador preso.

