Claves de la noticia:
- Regularización de tierras en Kantunilkín: La asamblea de ejidatarios otorgó la anuencia oficial para que el INSUS intervenga en los asentamientos humanos.
- Costo cero: El diagnóstico y los estudios topográficos serán gratuitos; habrá subsidios totales en escrituras para población vulnerable.
- Próximos pasos: Se realizará un levantamiento técnico para determinar qué predios califican para la incorporación al programa federal.
KANTUNILKÍN, QR.- En Lázaro Cárdenas, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) confirmó el inicio formal de las gestiones para la regularización de predios en Kantunilkín. Lo anterior, tras recibir el respaldo unánime de la asamblea de ejidatarios, quienes otorgaron la anuencia necesaria para que la federación intervenga en los asentamientos humanos de la zona.
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Julio Alfonso Ortegón Espadas, representante regional del INSUS, calificó como “sumamente positiva” la disposición del núcleo agrario. De acuerdo con el funcionario, este consenso es el cimiento necesario para transformar la situación de irregularidad en la que viven cientos de familias, permitiéndoles transitar hacia la propiedad plena y legal de sus patrimonios.
Un proceso técnico con enfoque social
El esquema de trabajo planteado por el INSUS no solo busca el papeleo administrativo, sino una reestructuración técnica del área urbana. Ortegón Espadas explicó que la primera fase consistirá en la presentación detallada del Programa de Regularización, el cual arranca con un diagnóstico integral y gratuito. Este estudio permitirá identificar con precisión la problemática actual de la tenencia de la tierra y las limitantes físicas o legales de cada sector.
Para garantizar la precisión de este ordenamiento, el instituto desplegará brigadas especializadas. “Contemplamos la participación de un equipo topográfico de alto nivel que realizará los estudios necesarios para delimitar y ordenar los predios de manera técnica y justa”, subrayó el funcionario regional.
Uno de los puntos más destacados por la representación del INSUS es la gratuidad de los procesos iniciales. El instituto asumirá los costos de los estudios técnicos y operativos, eliminando una barrera económica que históricamente había frenado la regularización en la zona. Además, se anunció que las familias que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad económica podrán acceder a subsidios totales para la obtención de sus escrituras, asegurando que la falta de recursos no sea un impedimento para obtener seguridad jurídica.
Hacia una nueva asamblea de definición
El camino hacia la escrituración masiva tendrá una hoja de ruta clara. Tras la obtención de la anuencia, el equipo técnico del INSUS elaborará el diagnóstico de campo. Una vez concluido este análisis, se convocará a una segunda asamblea de ejidatarios.
En dicha reunión, se presentarán los resultados técnicos y se determinará formalmente cuáles terrenos de los asentamientos humanos cumplen con los requisitos para incorporarse de manera definitiva al programa de regularización. Este filtro es fundamental para garantizar que el crecimiento urbano sea ordenado y respete la normativa vigente de desarrollo sustentable.
“Este proceso no solo permitirá ordenar la tenencia de la tierra, sino también mejorar drásticamente las condiciones de vida de los habitantes. Al garantizarles seguridad jurídica sobre su patrimonio, abrimos la puerta a que puedan acceder a servicios públicos, créditos y la tranquilidad de que su hogar les pertenece legalmente”, señaló Ortegón Espadas.
Transparencia y rendición de cuentas
La anuencia para el INSUS se concretó en un momento de alta relevancia para la vida interna del ejido. El anuncio se dio en el marco de la asamblea donde la directiva ejidal, encabezada por José Fidel Pool Cauich, rindió su primer informe de actividades. La transparencia en el manejo del ejido ha facilitado el diálogo con las autoridades federales, permitiendo que proyectos de impacto social, como la regularización del suelo, avancen sin contratiempos políticos.
Con esta acción, Kantunilkín se posiciona como un referente en la zona norte del estado en materia de gestión de suelo, buscando cerrar la brecha de irregularidad que por décadas ha afectado el desarrollo urbano y la paz social de sus habitantes.
