Claves de la noticia:
- Acusaciones de boicot: Las manifestantes feministas señalaron amenazas laborales y retención de apoyos sociales para inhibir la participación.
- Impunidad sistémica: Denuncian retrasos de hasta tres años en casos de violencia y falta de pago de obligaciones familiares.
- Abandono institucional: Críticas directas a la Ceaveqroo y a la falta de audiencia por parte del Poder Ejecutivo y el DIF estatal.
CHETUMAL, Q. ROO. – Bajo una lluvia intensa y un clima de tensión por presuntas represalias, un grupo de mujeres pertenecientes a diversos colectivos feministas se manifestó hoy frente al Palacio de Gobierno. El objetivo fue visibilizar el estado de abandono institucional y la ausencia de una impartición de justicia real con perspectiva de género en Quintana Roo.
Las manifestantes señalaron directamente al sistema judicial —incluyendo a jueces, juezas y magistrados— por la parálisis en la resolución de denuncias. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por denuncias de un “boicot” orquestado desde distintas esferas. Según explicaron las participantes, muchas mujeres no pudieron asistir debido a la negativa de permisos en sus centros de trabajo, amenazas directas e incluso advertencias de que les retirarían apoyos sociales si se sumaban a la queja.
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Colectivos feministas denuncian casos en el olvido
La protesta sirvió como altavoz para casos específicos que ejemplifican el letargo burocrático. Lina Patricia, una de las afectadas, denunció que no existen avances en la demanda contra Rolando “N” por incumplimiento de obligaciones familiares. “La autoridad argumenta que no ha podido entregar los citatorios porque nunca lo encuentran en su casa”, refirió con frustración.
Por su parte, Landy Yareli Pérez Alcocer dirigió sus reclamos hacia la Comisión Especial para la Atención de Víctimas (Ceaveqroo). Aseguró que una denuncia por lesiones ha permanecido estancada por más de tres años sin respuesta efectiva y lamentó que la Gobernadora no haya abierto espacios de diálogo con las víctimas.
Desatención a menores y violencia vicaria
Otra de las inconformes relató que, desde 2021, mantiene una lucha legal por violencia sin ser escuchada. El retraso procesal ha dejado a sus hijos menores de edad sin la protección de la Procuraduría para la Defensa de la Niñez y la Adolescencia.
“Le hemos pedido a la licenciada Verónica (Lezama) que nos atienda y hasta la fecha nunca hemos recibido la atención. Estos niños son menores de edad y tendrían que tener la protección de las autoridades”, señaló una de las voces presentes.
Finalmente, el grupo cuestionó la narrativa oficial del estado. “No podemos hablar de un gobierno humanista si no sabe cuáles son las necesidades de las mujeres que nos estamos manifestando aquí”, sentenciaron, subrayando que, pese a las amenazas y las inclemencias del tiempo, la exigencia de justicia no cesará hasta obtener respuestas concretas de las autoridades judiciales y estatales.
