Claves de la noticia:
- Estalla conflicto en Kantunilkín: Representantes de 20 comunidades rurales irrumpieron en el Palacio Municipal tras el incumplimiento de acuerdos pactados el pasado 24 de marzo.
- Vacío de Poder: La ausencia del alcalde Nivardo Mena y de los regidores encendió los ánimos; la intervención del tesorero y la oficial mayor evitó el cierre de edificios públicos.
- Pliego Petitorio: Las demandas centrales incluyen el combate al robo a casa habitación, homologación salarial al mínimo vigente y rehabilitación de alumbrado y vialidades.
KANTUNILKÍN, QR.- La gobernabilidad en el municipio de Lázaro Cárdenas pende de un hilo. Lo que inició como una búsqueda de diálogo se transformó este martes en una tensa jornada de protesta cuando delegados, subdelegados y alcaldes de 20 localidades rurales irrumpieron en el Palacio Municipal de Kantunilkín. La movilización, motivada por un acumulado de promesas rotas y la creciente inseguridad en las zonas periféricas, puso en jaque a la administración de Josué Nivardo Mena Villanueva.
También te puede interesar: Kantunilkín en alerta sanitaria: resistencia de ganaderos frena erradicación de tuberculosis
La irrupción ocurrió durante las primeras horas de la jornada laboral, cuando la comitiva de líderes rurales ingresó al recinto exigiendo una audiencia directa con el primer edil. Sin embargo, se toparon con un escenario de vacío administrativo: ni el alcalde Mena Villanueva ni los integrantes del cuerpo de regidores se encontraban en sus oficinas para atender la crisis que se gestaba en los pasillos del inmueble gubernamental.
Un diálogo al borde del colapso en Kantunilkín
Tras varios minutos de incertidumbre y consignas de protesta, los manifestantes fueron conducidos a la Sala de Cabildos. Allí, fueron recibidos inicialmente por Omar Coronado Angulo, secretario particular de la presidencia, quien intentó mediar sin éxito ante la evidente molestia de los representantes comunitarios.
El reclamo fue unánime: el pasado 24 de marzo, las autoridades municipales se habían comprometido a entregar soluciones concretas en un plazo máximo de tres días. Tres semanas después, el silencio administrativo agotó la paciencia de las comunidades.
La tensión escaló a tal grado que los delegados amagaron con el cierre total de los espacios públicos y edificios gubernamentales, una medida que solo fue contenida por la llegada urgente del tesorero municipal, Javier Martínez Correa, y la oficial mayor, Marisa Cauich Rodríguez.
Radiografía del abandono: Inseguridad y falta de servicios
Durante la mesa de diálogo improvisada para frenar la toma del edificio, los delegados de comunidades emblemáticas como Nuevo Durango, Nuevo X-Can, El Ideal y San Pedro expusieron una cruda realidad que contrasta con los discursos oficiales. El punto más crítico fue la crisis de seguridad.
“En San Juan de Dios las familias viven en una incertidumbre constante. No hay patrullajes, la presencia policial es nula y los robos a casa habitación han dejado de ser casos aislados para convertirse en el pan de cada día”, denunciaron los líderes rurales ante los funcionarios municipales.
A la crisis delictiva se suma el colapso de los servicios básicos. Representantes de Naranjal y Tintal señalaron que sectores completos de sus pueblos permanecen en la penumbra por la falta de alumbrado público, lo que facilita la comisión de delitos. En San Francisco, la demanda es la rehabilitación urgente de vialidades, donde los baches han vuelto intransitables las calles principales, afectando el traslado de enfermos y mercancías.
Demandas laborales y sociales
Además de la obra pública, la protesta puso sobre la mesa la precaria situación económica de las autoridades auxiliares. Los delegados solicitaron formalmente la homologación de sus percepciones salariales al salario mínimo vigente. Argumentan que la carga de trabajo y la responsabilidad de mantener el orden en sus pueblos no se refleja en la remuneración “simbólica” que reciben actualmente.
Asimismo, ante la proximidad de fechas significativas, exigieron recursos para las festividades del Día del Niño y el Día de la Madre. Para los delegados, estos eventos no son lujos, sino herramientas esenciales de cohesión social en comunidades que se sienten sistemáticamente olvidadas por la cabecera municipal.
Compromisos bajo presión
Bajo la amenaza de no retirarse hasta obtener respuestas firmes, el tesorero Javier Martínez Correa garantizó que el Ayuntamiento otorgará los apoyos económicos para las festividades, aunque evitó precisar los montos exactos. No obstante, la administración fijó un nuevo plazo: del 15 al 20 de abril para ofrecer una resolución definitiva a los problemas de infraestructura y salarios.
Por su parte, la oficial mayor justificó el retraso alegando factores climáticos y “limitaciones financieras”, argumentos que fueron recibidos con escepticismo por los presentes. Al término del encuentro, la advertencia de los delegados fue tajante: la confianza en la actual administración se ha erosionado y, de no cumplirse los nuevos plazos, las acciones de resistencia civil se intensificarán en todo el municipio.
