CHETUMAL, QR.- El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Josué Alberto Sosa Figueroa, afirmó que los 110 mil pesos brutos mensuales que perciben los integrantes del organismo están justificados, al asegurar que existen resultados derivados de su labor.
Explicó que los recursos con los que opera el CPC dependen de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; sin embargo, aclaró que en el caso de los cinco integrantes no se trata de un salario formal, sino de una contraprestación por honorarios.
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Detalló que la remuneración neta mensual es de aproximadamente 85 mil pesos, mientras que el monto bruto asciende a 110 mil pesos, información que —dijo— es pública y puede consultarse en el portal oficial del organismo.
Comité de Participación Ciudadana, sin prestaciones ni apoyo operativo
El titular del CPC subrayó que, a diferencia de los funcionarios estatales, los integrantes del comité no cuentan con prestaciones laborales como seguridad social, aguinaldo, fondo de vivienda o viáticos.
En ese sentido, puntualizó que los gastos derivados de sus actividades deben ser cubiertos por ellos mismos, incluyendo traslados a otros municipios o estados, así como otros costos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, indicó que el CPC enfrenta limitaciones operativas importantes, ya que no dispone de oficinas propias ni de personal de apoyo. Debido a estas condiciones presupuestarias, muchas de sus actividades se realizan de manera virtual.
Cuestionan propuesta de reducir ingresos
Respecto a la iniciativa que se analiza en el Congreso del Estado para reducir la percepción económica de los integrantes del CPC, Sosa Figueroa cuestionó que una medida de este tipo garantice mayor imparcialidad en el desempeño del organismo.
“Con una subordinación salarial, es difícil”, expresó, al considerar que una reducción podría afectar la autonomía del comité.
Añadió que antes de tomar una decisión en ese sentido, sería pertinente establecer mesas de trabajo con los legisladores para explicar las condiciones en las que opera el CPC y el alcance de sus funciones.
Reconocen falta de difusión del trabajo
El presidente del organismo reconoció que las críticas hacia el nivel de ingresos del CPC surgen, en parte, por el desconocimiento de sus actividades.
Aceptó que ha faltado una estrategia de difusión efectiva que permita dar a conocer el trabajo que realiza el comité, así como los resultados obtenidos.
Reiteró que tanto el monto bruto de 110 mil pesos como el neto de 85 mil pesos están justificados, al sostener que existen avances concretos derivados de sus acciones.
Funciones del CPC dentro del sistema anticorrupción
Sosa Figueroa aclaró que el CPC no tiene facultades para interponer denuncias ni realizar investigaciones. Su función principal consiste en colaborar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Entre sus atribuciones se encuentra la propuesta de políticas públicas orientadas a combatir la corrupción en el estado, el seguimiento a proyectos en la materia y la vinculación entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales.
Horas de trabajo y resultados reportados
Al ser cuestionado sobre las horas laboradas durante el último periodo, detalló que, de acuerdo con el informe correspondiente de abril de 2025 a febrero de 2026, se reportaron 950 horas de trabajo, lo que equivale a un promedio de 19 horas semanales.
Ante este señalamiento, argumentó que existen otras horas adicionales de trabajo que no están contempladas en el registro oficial, pero que forman parte de sus actividades.
De acuerdo con el último informe del CPC, entre los principales resultados destacan:
- Certificación de competencias.
- Diagnóstico sobre capacidades de órganos internos de control.
- Recomendaciones en materia de justicia abierta.
- Creación de la Plataforma Ciudadana de Denuncias Anticorrupción.
- Certificación de ética en el servicio público.
- Desarrollo del modelo de seguimiento y evaluación del sistema anticorrupción.
- Firma de convenios con instituciones públicas.
