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Opinión: Los derechos humanos, la discapacidad y el turismo

Corresponde a la 4T que asumirá el gobierno de Quintana Roo, ejercer y aplicar los derechos humanos en favor de las personas con discapacidad

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Derechos de las personas con discapacidad. Ilustración: ShareAmerica

La discapacidad forma parte de la condición natural humana. Todas las personas en algún momento podemos llegar a una condición de discapacidad por nacimiento, por algún accidente o por el mero paso del tiempo, con la vejez. Sin embargo, ya existen más herramientas para poder transitar esta condición debido a la progresividad de los Derechos Humanos, que fue concebida tardíamente en México hasta la reforma constitucional de 2011.

La Organización Mundial de la Salud reportó en el 2020 que más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15 % de la población mundial. De la misma manera, el Censo de Población y Vivienda INEGI 2020, estableció que en México existen más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5% de la población total del país.

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Es por ello, que, retoma una mayor importancia el tema de los Derechos Humanos y la discapacidad, en particular cuando nos referirnos a los principios rectores que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita y ratificada por México desde 2007 y que se enumeran a continuación:

  1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;
  2. La no discriminación;
  3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
  4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
  5. La igualdad de oportunidades;
  6. La accesibilidad;
  7. El derecho a un nivel de vida adecuado;
  8. La igualdad entre el hombre y la mujer; y
  9. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Ante este panorama jurídico obligatorio para todas las autoridades acorde al control difuso constitucional y convencional, es urgente retrotraer los efectos de la reforma de 2011, dado que ha transcurrido una década desde entonces y en Quintana Roo las autoridades aún siguen presionando a concesionarias de transporte público de pasajeros para establecer que el 10% de sus unidades se adapten como lo marca el Reglamento que la Cuarta Transformación recientemente reformó en Cancún.

La simulación de la derecha con las personas con discapacidad

Y más aún, la simulación de los gobiernos de derecha es evidente cuando encontramos pomposas figuras jurídicas como el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que se anunció como una respuesta a la histórica deuda para con el segmento de la población representada y que sin embargo no existe en la realidad, ya que nunca hubo voluntad política de hacerlo funcionar, por dotarlo de presupuesto y por nombrar un director, con lo cual se acredita un acto de discriminación indirecta para estas personas.

Otro reciente caso fue el de la cartilla de accesibilidad turística, creada con el fin de hacer conciencia en empresarios, desarrolladores, prestadores de servicios turísticos y más, instándoles a contar con infraestructura y servicios que cuenten con los lineamientos de accesibilidad universal para todos aquellos ciudadanos y turistas con alguna discapacidad.

Sin embargo, como destino turístico carecemos de una cadena de accesibilidad, empezando por las barreras arquitectónicas que se presentan en las distintas instituciones gubernamentales, aunado a lo ya comentado, es decir, que no existen transportes adaptado ni autoridad que vigile el cumplimiento de esta letra por demás muerta.

Hoy corresponde a la Cuarta Transformación que asumirá el gobierno de Quintana Roo en septiembre, ejercer y aplicar estos derechos humanos en favor de un segmento de nuestra población que, según datos de empresa privadas de incluirlas en el mercado laboral se aumentaría el PIB entre 2% y 3%.

Se trata pues de se hacer justicia, de darle el respeto que merecen las personas con discapacidad y de observar, tal como el artículo 1 de la Constitución General de la República ordena, los hasta ahora ignorados derechos humanos, para hacer de este paraíso turístico, un destino de México para todos, y no seguir simulando en un Estado en el que la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

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